Eduardo R. Huchim
El ataque contra inermes regiomontanos en el Casino Royale de la capital neoleonesa evidencia, una vez más, la impotencia del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada. Por supuesto, también hace patente la brutalidad homicida de criminales a quienes, en el colmo de la cobardía, no les importó que la mayoría de sus víctimas fuesen mujeres. En otros tiempos, cuando regían códigos mínimos de conducta, actos así eran repudiados incluso por otros homicidas.
El hecho implica una escalada cuantitativa y cualitativa en la violencia del crimen organizado, ante la cual el gobierno ha reaccionado con discursos. Como si quisiera vencer al terror con la palabra. Cierto que parecen haber sido detenidos los presuntos autores materiales de la masacre, pero lo más importante no es capturar a homicidas sino evitar que lo sean, es decir, que asesinen.
Aunque el discurso oficial lo niegue, el gobierno no puede, con su actual estrategia, ganar su insensata guerra contra la delincuencia. Si no hubiera otras razones -que sí las hay-, la corrupción de funcionarios públicos, políticos, militares y policías es un valladar formidable contra la posibilidad de triunfo, ya de suyo escasa. ¿Cuándo nos convenceremos todos de que si no hay un efectivo embate contra la corrupción, comenzando con las cúpulas, continuaremos la ruta hacia nuestra inviabilidad como Estado-nación que ya anuncian, ominosos, los heraldos llegados del norte?
La palabra presidencial prefigura más violencia, más sangre y más víctimas, en nombre de un empecinamiento al que no le basta haber convertido en ciudad mártir a nuestra capital industrial.
El justificado luto nacional pudo ser un periodo de reflexión y replanteamiento de la estrategia fallida. Pero no, sólo ha habido declaraciones tonantes, retórica vacua... y el envío de más contingentes policiales y militares que, por lo general, ofrecen más zozobra que resultados disuasivos. Nuestra élite dirigente -en el gobierno, en la oposición y en la empresa- no termina de entender que, en sus términos actuales, la guerra antinarco no se puede ganar. Así, las exigencias de no retroceder en la estrategia represiva, como las ha planteado el Consejo Coordinador Empresarial, oscilan entre la ingenuidad y la irreflexión. ¿Creerá el CCE que si ello fuera posible los gobiernos de los tres órdenes no habrían derrotado en cinco años al crimen organizado, aunque sólo fuera por ganar elecciones?
La realidad es que los gobiernos y sus fuerzas policiales y militares NO PUEDEN vencer a la delincuencia organizada, fundamentalmente porque están infiltrados. Mándese a la guerra a una tropa valiente pero comandada por jefes cómplices del enemigo y será derrotada con seguridad, aun cuando transitoriamente gane escaramuzas e incluso tome prisioneros.
El primer enemigo a vencer en éste y en otros combates es la corrupción y si ésta sigue envenenando grandes porciones de los sectores público y privado, no hay futuro. La clase empresarial debe tener presente que ella es parte del problema, muchos de sus miembros son frecuentes actores en el detestable fenómeno que nos asfixia. Si bien la corrupción existe en todos los países, México es campeón, con una circunstancia agravante: la impunidad que acompaña la mayoría de las corruptelas.
Un necesario cambio de estrategia supondría emprender una efectiva cruzada contra la corrupción, bajo el cobijo de un pacto nacional entre todas las fuerzas políticas, empresariales y de la llamada sociedad civil, así como reorientar la acción antidelincuencial para concentrarse en la detección y confiscación de los dineros y bienes patrimoniales del crimen organizado. Unidades de inteligencia fiscal en todo el país, articuladas y coordinadas entre sí y con otras instancias, deberían sustituir a los retenes. Tal reorientación no significaría un retroceso en la lucha antidelictiva, sino más bien un cambio de trinchera.
Si el patrimonio y el dinero les son arrebatados a los criminales, su poder corruptor y de fuego decaerá necesariamente. En forma simultánea podrían lanzarse intensas campañas sociales (prevención y rehabilitación de adictos y fomento al empleo) y, posteriormente, analizar la conveniencia de regular la producción, transporte y comercio de las drogas hoy prohibidas. ¿Es necesario que la violencia alcance directamente a nuestras élites para convencerlas de la necesidad de cambiar de estrategia?
Omnia
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