Francisco Rodríguez De ser ciertas las argumentaciones presentadas en Chicago, Illinois, por los abogados defensores de Vicente Zambada Niebla, en el sentido de que la Drug Enforcement Administration (DEA) pactó la libre actuación del Cártel de Sinaloa –tanto en México como en los Estados Unidos y en otras latitudes– con Joaquín “El Chapo” Guzmán, no sólo se confirmarían las generalizadas sospechas de que estos delincuentes son protegidos por los panistas que desde el 2000 ocupan el gobierno federal, ahora también por los últimos dos gobiernos de EU, independientemente de que uno haya sido republicano, y el actual aparentemente demócrata.
Revelada esta información hace tres días por el diario Reforma y por la revista electrónica Reporte Índigo –en otro de los magistrales reportajes de Anabel Hernández–, ésta no ha merecido mayores espacios en otros medios. Ni siquiera porque tangencialmente se haya referido a ello, descalificándolo claro está, el señor Alejandro Poiré, el vocero de la inseguridad que también despacha en Los Pinos. Nada extraño, por cierto.
Y es que si en México ni Vicente Fox, en su momento, ni Calderón, ahora, han estado enterados de esta muy posible carte blanche de la DEA al “Chapo”, a ellos como al resto de quienes aquí vivimos los gringos nos han visto, otra vez, la cara de… what!
O puede darse el caso, ya entrando en suspicacias mayores, que tanto Fox como Calderón se la hayan pasado estos últimos años en la más canija de todas las simulaciones: protegiendo, ellos también, a Guzmán Loera –a quien el ex gobernador de Guanajuato habría liberado del penal de Puente Grande–, declarando una guerra para combatir precisamente a quienes compiten o estorban las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa y de sus diferentes subdivisiones.
Muchas vidas, muchísimo recursos. Cincuenta mil muertos… y contando. Miles de millones de pesos que han sido escamoteados a los programas sociales –no a los asistencialista, no a los electoreros–, a la infraestructura…
Y todo para llevar a cabo una farsa que primero fue guerra y ahora nada más es lucha.
Simulación tras simulación. No importa el costo humano. Tampoco el dilapidad recursos.
Porque hay antecedentes de este tipo de pactos –como el que se afirma celebraron la DEA y “El Chapo”– de los gobiernos estadounidenses con grupos delincuenciales. Ahí el ejemplo, uno solo entre varios, del entonces teniente coronel Oliver North en la era reaganiana. Otro, el del ex presidente panameño Manuel Antonio Noriega a quien los estadounidenses usaron, primero, para que les hiciera llegar la droga que sus adictos necesitan y, cuando se convirtió en “incómodo” fue acusado, extraditado y juzgado precisamente por el delito de narcotráfico.
En su mismo nombre, la DEA revela cuál es su verdadero papel. No es una agencia gubernamental. Es una Administración. Esto es, la que ad-mi-nis-tra qué drogas, qué cantidades de cada cual, quiénes los proveedores, por cuanto tiempo.
Obvio es que, de acuerdo a las sospechas confirmadas estos días por los dos medios de comunicación arriba señalados, la DEA seleccionó a Guzmán Loera como el proveedor confiable de los millones de adictos estadounidenses.
Y mientras, aquí, las dependencias gubernamentales –Sedena, Semar, SSP, las policías estatales y municipales– jugando al “Tío Lolo”. Conocedores ya de que, por la protección de la DEA, no podrán capturar a Joaquín Guzmán Loera… hasta que deje de ser confiable para los estadounidenses.
Simulación tras simulación.
La guerra o lucha al narco es y ha sido mero pretexto. Para infundir terror entre la población, cual acostumbran aquí y en todo el mundo todos los gobiernos de derecha. Para dizque legitimar a la ahora fallida Administración, que entró en funciones por la puerta trasera del Congreso. Y ahora hasta para otorgar visos de veracidad a las lucubraciones que se hacen en Los Pinos sobre la falta de condiciones para que en Michocán –¿después en todo el país?– se lleven a cabo elecciones constitucionales.
Porque siempre ha existido la sospecha de que muchos de los eventos que en los últimos años han ocurrido en la entidad de los Calderón Hinojosa han sido si no provocados, cuando menos sí alentados por “autoridades” federales, ya por la animadversión en contra de Leonel Godoy y hasta en venganza porque los michoacanos no votaron a favor de Felipe en 1995 o, en este 2011, para que voten por Luisa María.
¿Es en ese contexto –validar la inseguridad que hace imposible que haya comicios– que en los últimos días se dio el secuestro de nueve encuestadores en Apatzingán?
No lo sabremos por ahora. Quizá haya que esperar a que, desde alguna Corte de EU, donde se juzgue a un miembro de La Familia o de los Templarios, se revele la información. ¿A poco no?
Índice Flamígero: De acuerdo a www.ejecentral.com.mx, el vocero nacional del PRI, David Penchyna, hizo un llamado al gobierno federal para que garantice el libre tránsito y el libre voto en todo el país ante los secuestros ocurridos el fin de semana en Michoacán contra los encuestadores. El priista señaló que ni el gobierno ni las fuerzas del orden pueden sucumbir a los mensajes de la delincuencia organizada, pues con la retención de los encuestadores están marcando límites territoriales para el libre ejercicio democrático en la entidad, dijo. El diputado federal comentó también que con estos mensajes, el crimen organizado pone en duda la capacidad del Estado de proteger los derechos fundamentales de los mexicanos.
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario