Coahuila y su deuda

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque un grupo de militantes panistas tomó la tribuna y pretendió impedir la aprobación de la nueva y descomunal deuda del gobierno de Coahuila, en sesión extraordinaria convocada ex profeso, ayer la legislatura estatal dio luz verde a la reestructuración del débito gubernamental. El gobernador interino Jorge Torres quedó autorizado para contratar créditos que permitan saldar los de vencimiento inminente y cubrir los intereses acumulados. De ese modo, de un momento a otro, de un plumazo, lo que adeuda el gobierno de Saltillo pasó de 31,973 a 33,867 millones de pesos.

Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.

Las vías para hacerlo fueron dos: emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: el dinero federal que se recibirá en los próximos años.

Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.

Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de 200 millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de reestructurar la deuda actual), el líder de los diputados priistas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.

Citó una hilera de obras públicas, costeadas según sugirió, por el dinero prestado por los bancos: escuelas, tecnológicos, una Ciudad universitaria, 20 museos, 14 bibliotecas, seis casas de la cultura, cuatro teatros y una gran plaza en cada una de estas ciudades: Torreón, Acuña y Piedras Negras. Probablemente la lista no es exhaustiva, porque de serlo su costo no alcanza ni remotamente los treinta y tantos mil millones de pesos en cuestión. Y en caso contrario, el gobierno de Moreira y su prestanombres tendrían que responder qué hicieron con los recursos federales que recibieron de 2005 a 2010, pues el flujo originado en el centro del país no disminuyó durante ese periodo.

Se aduce también que se acrecentaron los recursos para el combate a la pobreza. Aun de ser cierto que se entregó más dinero a los destinatarios de los programas respectivos, si para sufragarlos fue necesario endeudarse, la decisión fue contraproducente. Hoy Coahuila es la entidad con mayor deuda per cápita: cada uno de los coahuilenses debe 11 mil 633 pesos.

Si Moreira y su vicario respiraron aliviados después de la aprobación del nuevo monto de deuda, su contento debe haber sido efímero. Ayer mismo, la firma Ficht, contratada por el gobierno coahuilense para calificar la calidad de la deuda, la degradó. No tenía una posición para dar envidia a nadie, pues apenas llegaba a A plus, pero ahora salió de ese rango para quedar en triple B. No es una descalificación inocua, pues la degradación implica el pago de intereses más altos. De esa suerte, no es improbable que cuando asuma el gobierno Rubén Moreira una de sus prioridades sea renegociar los adeudos. Y ni modo de arrojar la culpa al predecesor, pues se trata de su propio hermano.

A pesar de que la deuda de los estados en general, la de los gobernados por priistas en particular, y la de Coahuila singularmente, tiene una importancia mayúscula, no puede soslayarse el interés partidario que mueve a funcionarios panistas y dirigentes del partido en el gobierno a poner el acento en la conducta de Moreira. Es un adversario difícil al que conviene poner en su sitio y aun desprestigiar porque de su descrédito puede derivar el de su partido, extremo deseable en vísperas electorales. Pero la verdad es la verdad, quienquiera la diga. No es buen recurso lógico, y puede que tampoco lo sea político, el responder una acusación con otra, para conducir la atención de los observadores más a la respuesta que a la afirmación original. La mala conducta del gobierno federal, sin embargo, no cohonesta la del líder del PRI.


Cajón de Sastre


No fueron diputados panistas quienes tomaron la tribuna del Congreso coahuilense con el estéril propósito de hacer abortar la sesión y evitar la aprobación de la nueva deuda pública del gobierno priista. Miembros del Partido Acción Nacional, encabezados por el dirigente estatal Reyes Flores Hurtado, irrumpieron en el recinto y llegaron a espacios vedados para el público en general. Se trata de una actitud reprobable, pero comprensible por la fuerza avasalladora del PRI, cuyos 23 diputados (con tres votos más) aseguraban el triunfo de la causa del gobernador Humberto Moreira (que lo es con licencia). La severidad, a veces rijosa, con que legisladores federales del PAN reaccionan ante la toma de tribuna por colegas suyos de otras fuerzas, tal vez se mitigue después de esta acción de sus militantes coahuilenses.