2000-2010, tsunami demográfico

Colaborador Invitado

Luz María Valdés

Los primeros análisis que presentan especialistas sobre los resultados del Censo de Población de México 2010, nos conducen inequívocamente a un escenario no esperado, principalmente para aquellos que hemos participado en una forma activa en la política de población del país.

Sabiendo que los resultados de los censos son fundamentales para la planeación de políticas públicas en ámbitos demográficos, sociales, económicos y de vivienda resulta alarmante conocer que el Censo de 2010 reportó 112,336,538 millones de mexicanos, cuando las proyecciones de población del Conapo (Consejo Nacional de Población) estimaban para 2010 una población de 108,396,211. Estos inesperados casi 4 millones de mexicanos demandarán sus derechos a la educación, empleo, salud y vivienda. Debe añadirse a estos 112 millones, la población de los hogares no censados, como la que habita en localidades que están tomadas por el crimen organizado y que les impidió el acceso a los encuestadores, hasta aquellos hogares en los que la información no se logró por ausencia o rechazo.

El aumento de la población de 15 millones de personas entre 2000 y 2010 -de 97 millones en el año 2000 a 112 en 2010, según los Censos de Población- coincide con la disminución de programas de la planificación familiar, que sutilmente desaparecieron de instituciones como IMSS e ISSSTE, de centros de salud y escuelas; aunado a la desaparición de información demográfica a través de los medios masivos de comunicación, así como de educación sexual en escuelas. Dejando de esta forma a la deriva la cultura demográfica que se había promovido desde 1974 y que había logrado consolidarse y frenar el ritmo de crecimiento de la población.

Un incremento de 15 millones de habitantes en 10 años es lo mismo que si hubiera llegado a México toda la población de Nicaragua, Costa Rica y el Salvador, con la salvedad que deberían tener menos de 10 años de edad, y que cuentan con derechos a recibir educación, atención a la salud, a la alimentación, empleo y vivienda. Este será el gran reto de los siguientes 20 años.

Este tsunami demográfico que llegó acompañado de un incremento en la pobreza (Reforma, julio/2011) obliga a replantear no solo las políticas de población destinadas a regular el volumen de la población y su distribución en el país, sino a proponer un nuevo instrumento jurídico que, partiendo del pleno respeto a los derechos humanos y basado en una imaginación creativa defina, en todos los temas, el futuro de estos nuevos mexicanos a fin de evitar su exclusión de los beneficios sociales y económicos a que tienen derecho. Por ello una nueva Ley General de Población deberá constituirse en una legislación previsora de los fenómenos demográficos: fecundidad, mortalidad y migración; promotora del acceso a salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. Una ley que contemple la interdependencia entre población y desarrollo. Una legislación moderna que fortalezca la cultura demográfica, con especial atención a los adolescentes, a la población indígena, y grupos marginados. Asimismo que induzca cauces a través de las dependencias correspondientes para diseñar programas eficaces en el área alimenticia, de salud, educación, empleo y vivienda; promover la equidad de género, la libertad de movimiento en el territorio nacional y un medio ambiente sustentable.

La información del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) sobre la pobreza que impera en el país resulta altamente preocupante, la mitad de la población está catalogada como pobre y de esta 11.7 millones sufren la llamada pobreza extrema.

Por otro lado las autoridades señalan que todos los mexicanos gozan de algún sistema de protección a la salud, y el Coneval nos informa que 68.3 millones de mexicanos carecen de acceso a la seguridad social, que 28 millones no tienen acceso a alimentación, que 23.3 millones tienen rezagos educativos, que 18.5 millones no cuentan con los servicios básicos de la vivienda y 17.3 millones de viviendas carecen de espacio y calidad. Atender la excusión que sufren millones de mexicanos es una prioridad nacional con programas eficientes, previsores y efectivos que conlleven a una solución a todos los retos que representan estos números que nos trajo el tsunami demográfico.

La autora es ex secretaria del Consejo Nacional de Población e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.