La "reforma"

Por Luis Javier Garrido

La reforma política de Felipe Calderón, que éste urge al Congreso le apruebe –junto con las llamadas reformas laboral y de seguridad–, y que el escritor Javier Sicilia en nombre de su movimiento exigió al Senado el día 22 sea aprobada cuanto antes, es una verdadera contrarreforma, contraria a los intereses del pueblo mexicano, y al margen de que es fundamental se discutan en México, de la manera más amplia y democrática posible, los cambios políticos y electorales que urgen al país para tener un régimen democrático (lo que no haría este gobierno), hay que reiterar que no existe la posibilidad legal de que se aprueben cambios en materia política electoral para 2012.

1. La propuesta de establecer en México una democracia semi-directa en vez del régimen representativo que establece el artículo 40 constitucional, y en la que ahora busca montarse hipócritamente la derecha calderonista para vaciarla de contenido, surgió como en el resto del mundo históricamente de la izquierda.

2. En la primera fase de la mesa 2 de los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, llevada a cabo del 21 al 25 de marzo de 1996 –y que fue interrumpida por los zapatistas ante la intemperancia del gobierno zedillista para seguir dialogando y los signos de que no quería cumplir lo acordado en la mesa 1–, como integrante del cuerpo de asesores del EZLN hice el planteamiento de acordar una verdadera reforma para garantizar los derechos políticos como derechos fundamentales de los mexicanos, modificar el artículo 41 para establecer las candidaturas ciudadanas, el 71 para que tuviesen los ciudadanos participación en el proceso de iniciativa y formación de las leyes y el 97 a fin de que pudiesen poner éstos en acción la maquinaria judicial para que se investigara cualquier violación del voto público.

3. En esta ponencia publicada en Democracia y Justicia. Diálogos de Sacam Ch’en (Ce-Ácatl, 1996, pp. 27-29), hice asimismo el planteamiento de que se estableciera en México el principio de la revocación del mandato, que en el país han rechazado con vehemencia el PAN y el PRI, y en el mundo la mayor parte de los partidos políticos; que no figura desde luego en la iniciativa de Calderón de 2010 que apoya Sicilia, y que es clamor de diversos sectores de mexicanos que no quieren verse obligados a sufrir a un mal gobernante por un periodo determinado cuando ha mostrado su venalidad o su incompetencia, como dan cuenta en nuestro país múltiples casos en los tiempos recientes, incluyendo el de Felipe Calderón.

4. En esta ponencia propuse que al lado de la democracia representativa se establecieran formas de democracia directa o semidirecta, desde el plebiscito y el referéndum, que de alguna manera han permanecido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, y que existen en buena parte de los regímenes euro-occidentales como vía para dirimir cuestiones legislativas de gran importancia, pero haciendo el señalamiento de que estos mecanismos deberían estar no en manos del poder, como lo pretende la propuesta de la derecha, sino del pueblo.

5. El EZLN, ante la cerrazón oficial, buscó desde entonces desarrollar estas prácticas de democracia directa y semidirecta en los territorios zapatistas, por lo que tales formas de toma de decisiones forman parte de manera cada vez más arraigada de la vida cotidiana de sus comunidades, en tanto que la derecha oficial buscó desde entonces tergiversar su sentido.

6. Al Estado policial que pretende Calderón ante la crisis económica y financiera que se avecina, le interesan ahora prioritariamente dos cambios: a) los tendientes a permitir la relección inmediata de diputados y senadores, exigidos desde hace años por Washington y el capital trasnacional para tener un cuerpo legislativo permanente y confiable, los que como se sabe son contrarios a nuestra historia, y que Carlos A. Madrazo como jefe del PRI logró echar abajo en 1965, y b) los de las candidaturas independientes, tanto para cumplir con el fallo de San José que condenó a México por no admitirlas, como para poder presentar como independiente en 2012 a un candidato del yunquismo y del PAN tras el fracaso de los llamados siete enanos, que ya no son más que seis.

7. Las candidaturas independientes son objeto de un manoseo por parte de la derecha, ya que en un régimen electoral determinado por el dinero y la impunidad de los medios, los grupos oligárquicos las ven como una salida ante la crisis de los partidos. En el perverso marco jurídico actual no se podrían propiciar candidaturas obreras o campesinas sino de grandes empresarios, por lo que atisbando esto, el ex canciller Jorge G. Castañeda intentó ser en 2006 candidato independiente por el financiamiento millonario que le brindara el magnate estadunidense George Soros. La clave de las candidaturas independientes está por lo mismo en modificar en profundidad las leyes y establecer reglas de equidad para equipararlas a las de los partidos, y éstos no están dispuestos a ello, pues sólo las quieren, como Calderón, en tanto que figura decorativa.

8. Una reforma no se limita a un simple enunciado sino que debe precisarse su sentido, lo mismo en la Constitución que en la ley reglamentaria, en este caso el Cofipe, y en la actualidad no es viable hacerlo, como quiere Calderón, antes de los comicios de 2012. No sólo por la falta de tiempo para discutirla sino por el principio legal de que la legislación no puede modificarse sino hasta seis meses antes del proceso. La propuesta formulada el 14 de julio por el académico Diego Valadés para darle la vuelta a esta regla, consignándola en la Constitución y, a pesar del acotamiento legal, disponiendo en un transitorio que ésta sería posible en 2012, no es viable, porque la misma no sería factible si no es reglamentada en la ley secundaria y modificadas las leyes en su conjunto.

9. Una contrarreforma política como la del PAN, apoyada por el movimiento de Sicilia, en vez de abrir vías de participación las restringiría fortaleciendo el régimen oligárquico. Lo que urge es por el contrario una amplia discusión sobre la reforma política que requiere nuestro país, pues los cambios hechos desde 1989 por la alianza de los salinistas y el PAN no abrió la vía a ninguna transición o democracia sino a otra forma de autoritarismo. El IFE y el tribunal electoral están desde entonces en manos de los partidos, y cuando este partido es el del gobierno, como ahora el PAN, todo sigue como antes del 88: el gobierno oligárquico lo controla todo. De ahí la urgencia de una verdadera reforma para que cambie el régimen autoritario y demagógico que asfixia al país, a la que se opondrían sin duda el PAN y el PRI y un sector del PRD,

10. Ante estas tentativas de los panistas para seguir confundiendo a los mexicanos, además de actuar hay que espetar por eso una vez más, con fuerza y claridad, un contundente: ¡Ya basta!