Valor entendido o provocación

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

Estaba previsto un lugar para la procuradora Marisela Morales en la conferencia de prensa en que ayer el presidente Calderón solicitó a la Comisión Permanente convocar a un periodo de sesiones extraordinarias. Pero la titular de la PGR no llegó. Acaso la asaltó el rubor-temor de enfrentarse a la prensa tras el fracaso de su intento de procesar a Jorge Hank. O dirigía en su oficina los preparativos para apelar la resolución de una jueza federal que deja al Ministerio Público federal en ridículo. O se aprestaba para la reunión con periodistas que se efectuó ayer mismo en la tarde, sin su presencia, para hablar de esa apelación, más que de los sucesos que la hacen necesaria.

Su ausencia sirvió para vincular la sorpresiva solicitud presidencial con el desenlace del sainete en que se convirtió la captura del hijo menor de Carlos Hank González. De inmediato supuse que la libertad de Hank (aunque formalmente no dependa de Los Pinos) había sido parte de una negociación, en que la aportación priista sería aceptar el llamado a las sesiones extraordinarias. Supuse que solicitar la reunión del Congreso sin convenirlo antes con el PRI sería un acto de provocación o ingenuidad en que Calderón no se permitiría incurrir. La sesión de la Permanente, en que dijeron sí pero no cuándo, pareció confirmar esa impresión inicial. Se trataría, entonces, de un valor entendido en que Calderón y las fracciones priistas en el Congreso buscarían aparecer ante la opinión pública como sensibles a sus demandas de que se apruebe legislación atorada en abril, al concluir las sesiones ordinarias. El Presidente insta a reunirse, los legisladores aceptan y todos esperan que con esa vana respuesta el público quede satisfecho. Sobre todo quienes reclaman la aprobación de la reforma política, que está sujeta a término: si en la segunda quincena de junio los diputados no la aprueban, o le hacen enmiendas que hagan necesaria su devolución al Senado, parte principal de su contenido, que un sector de la sociedad juzga urgente (las candidaturas independientes, por ejemplo), no podrá ser aplicado el año próximo. Es que al comenzar julio se inicia la veda legislativa en materia electoral, pues dentro del año previo a la jornada electoral no es dable practicar modificación alguna a la legislación comicial.

Si no es un valor entendido, un acuerdo para echar aceite sobre olas encrespadas, entonces se trata de una irresponsable provocación del Presidente. A sabiendas de que no es posible el periodo extra sin la aquiescencia priista, debió considerar si su relación con el partido al que el suyo desplazó de la Presidencia en 2000 es en este momento la óptima como para permitir consensos entre ambos. No parece que lo sea. Además de la captura de Hank y la denuncia penal panista contra el asistente más cercano a Humberto Moreira (acciones de las que se puede sustraer como si le fueran ajenas), ha enturbiado el clima político el juicio sumario que inopinadamente pronunció en Stanford contra un sistema político que no se desvaneció en el aire, muchos de cuyos elementos tienen vigencia hoy y en que el partido tricolor era pieza fundamental junto con la Presidencia exacerbada.

(Hagamos notar, de paso, que el relato que pretendió ser conmovedor, de cómo él no renunció a sus ideales sino que luchó hasta cristalizarlos, incurrió en dos omisiones: el tributo rendido a su padre no incluyó la porción final de su biografía: su renuncia al PAN porque ya no era el partido en que militó durante 40 años. Igualmente omitió decir que el cambio democrático, en cuyo logro fue protagonista su partido, requirió también el concurso de la izquierda y que las matanzas cometidas por el sistema autoritario tuvieron como blanco principal a militantes de esa corriente histórica).

Si no hay valor entendido, Calderón quiso pasarse de listo al pedir que se convoque a sesiones extraordinarias. Si las hay, podrá arrogarse el mérito de haberlas impulsado. Si no las hay, quedará claro ante la opinión pública que los remisos y renuentes son los opositores, principalmente el PRI, saldo extremadamente valioso en vísperas electorales: que se sepa qué partido es insensible a los reclamos de la sociedad que el presidente panista, en cambio, recoge puntualmente (aunque de manera tardía).

Pero los priistas no se dejaron sorprender. Sin atizar el fragor de la actual contienda política (de mayor amplitud que la electoral que termina en 18 días), y sin caer en el garlito de aparecer como los villanos de esta historia, tomaron la palabra al Presidente, pero condicionaron su aceptación plena. En voz del diputado Sebastián Lerdo de Tejada pidieron una prenda de buena fe, que es al mismo tiempo un reproche y una denuncia: que el Ejecutivo haga publicar en el Diario Oficial 25 decretos que el Congreso le ha enviado y el Presidente guarda en su cajón.

Por lo pronto, en los hechos la Permanente dijo no al pedido presidencial. En vez de considerar la solicitud como asunto de urgente y obvia resolución, fue enviada a comisiones, para que sea dictaminada. En esa labor, se requerirá averiguar el estado que guarda la tramitación de los asuntos que Calderón buscó ventilar. En el supuesto que todo estuviera listo para discusión, es decir que hubiera dictámenes aprobados en sus propias comisiones (supuesto que no corresponde a la realidad) la Permanente convocaría al periodo extraordinario el próximo miércoles, 22 de junio, tal vez demasiado tarde para las porciones más urgentes de la reforma política.



Cajón de Sastre

Mientras se producen escarceos, cualquiera que sea su índole, entre los poderes formales, los fácticos abiertamente delincuenciales no cesan su labor letal. En una jornada tan violenta como la de todos los días, fueron hallados los cadáveres mutilados de dos escoltas del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a quien los asesinos señalan como cómplice pagado de los Zetas. En la comarca lagunera (Torreón y Gómez Palacio) en sendos puentes fueron colgados cuatro ejecutados. Y en Parral fue secuestrado el dirigente de la Coparmex. Los homicidios son, por su propia naturaleza, asunto del fuero común, y por ello estos a que me refiero constituyen un desafío a la operación emprendida con fines mediáticos por la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuyos integrantes deben combatir a la delincuencia siempre, no en fechas determinadas.