Raymundo Riva Palacio
El general Guillermo Galván, secretario de la Defensa, tuvo un sueño: quería que el Senado le aprobara una especie de Acta Patriota, con atribuciones tan amplias como el entonces presidente George W. Bush obtuvo del Capitolio en su guerra contra el terrorismo. El general Galván la quería para el conflicto autóctono, contra los cárteles de las drogas, pretexto para meterse de lleno a la seguridad pública.
“Quería que se incrementaran las atribuciones al Ejército, y las pedía abiertamente”, dijo un senador a quien buscó para que lo apoyara. “Quería tener todo el control bajo el mando militar y sin contrapesos civiles”.
La forma como entendieron los senadores en su momento al general Galván, era que pretendía eliminar todas las instancias de administración y procuración de justicia civiles, y que se las dieran a él. “El general pidió que el Senado le entregara la facultad de investigar, perseguir, detener, arraigar y consignar, como hacen las autoridades civiles”, agregó el senador.“Quería la facultad para realizar el espionaje telefónico sin que tuviera que pasar por una autorización de un juez”.
Aquello formaba parte del cabildeo a puertas cerradas para que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional, que fue rechazada por los legisladores por dos razones fundamentales: la carta blanca que deseaba el secretario de la Defensa para los militares en tareas que competen a la autoridad civil, y su intencionalidad de ampliar su poder político dentro del gobierno del presidente Felipe Calderón.
“Buscaba que el Senado le otorgara un salvoconducto para que pudieran actuar los militares como lo hicieron durante la guerra sucia con toda impunidad”, revelaron senadores. “No le importaba tanto el blindaje a las tropas como el tener carta blanca para hacer tareas en las calles”.
Más de un año después de haber rechazado las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin importar las acusaciones en la prensa más proclive a los militares que contrapuntearon al Senado con la Secretaría de la Defensa, los legisladores vieron confirmados en los hechos, sus temores. La irrupción en la casa del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, les dio la razón de que los controles sobre el Ejército era lo mejor para los mexicanos.
La culpabilidad de Hank no pudo ser documentada ante un juez penal, que lo dejó en libertad por la acusación de violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. La justificación de que la tropa entró a la casa del ex alcalde sin orden de cateo pero amparados en la flagrancia del delito, se evaporó ante los videos de la puerta de la casa del político y empresario que presentó la defensa, donde no se ve que los guardias de Hank se hayan dado a la fuga, sino que hablan con los militares y les muestran sus permisos para portar las armas.
Reportes de que el comando del Ejército que detuvo a Hank había salido de la ciudad de México, y no de la Zona Militar en Tijuana, fueron desmentidos por el gobierno, pero más información ha aflorado en los últimos días. En las áreas de seguridad civiles sostienen que la operación fue planeada en el Distrito Federal a espaldas del comandante de la Zona Militar en Tijuana, y que un grupo de aproximadamente 60 soldados salieron del Campo Militar Número Uno para ejecutarla, con la aprobación de la Presidencia de la República y del secretario de Gobernación, José Francisco Blake, aspirante a la gubernatura de Baja California.
El general Galván, sea cierta o no esa versión, se prestó al entuerto que, en la sumatoria de detalles de cómo fue la operación, luce menos judicial y más político.
Su carta de servicio quedará salpicada con lodo por el Caso Hank. No importa lo que suceda después, sino por lo que sucedió y se ha documentado: que en la acción en su contra se violó el debido proceso. Minar el Estado de Derecho era lo menos que se esperaba del general Galván, un militar que salió de la rama de artillería con maestría en seguridad nacional, y que como sólo tres de sus antecesores -los generales Hermenegildo Cuenca Díaz, Félix Galván López y Enrique Cervantes Aguirre-, tiene experiencia de haber vivido en medio del fuego, como comandante de la Fuerza de Tarea Marte en la zona serrana de Sinaloa.
El general Galván entiende mal la lealtad institucional. Es cierto que el Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Pero antes que su lealtad a él, está la lealtad al país. Guillermo Galván pareciera agradecerle a Felipe Calderón lo que ha hecho por él, y que se remonta a 90 minutos antes de que el entonces presidente electo anunciara su gabinete de seguridad, cuando recibió su telefonema para decirle que se preparara, pues lo había escogido a él, y no al favorito, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, como su secretario de Defensa.
El presidente Calderón se vistió rápidamente de verde. Vistió a sus hijos de militares. Arropó a la tropa en público. Les otorgó becas y mayores salarios. Cuando el general Galván protestó en Los Pinos por los memorandos del entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, revelados por WikiLeaks, el presidente Calderón, de una manera insólita e inédita, pidió en público su remoción para apaciguar a los generales. Pero todo esto no es suficiente.
El Ejército Mexicano es la última frontera de defensa nacional. Su tarea no es la de policía. La coyuntura de la guerra contra el narcotráfico los llevó a un terreno nebuloso donde se mezclan y confunden funciones. Pero nada de ello conduce a lo que el general Galván deslizó a los senadores en busca de su aprobación: que le regalaran, como a Bush, atribuciones meta constitucionales para aplicar discrecionalmente el estado de excepción, donde ellos serían los garantes de la paz militar.
Lo pararon en seco. El general Galván no parece haberse detenido. La diferencia es que de haberse aprobado la Ley de Seguridad Nacional como la pretendía, episodios como los de Hank tendrían pleno blindaje jurídico, mientras que ahora, episodios como ese lo tiene en entredicho, en los límites de la legalidad, sometidos a la crítica pública y a la evaluación sobre una nueva eventualidad de violación de los derechos humanos. El secretario de la Defensa, que tiene encima la tempestad, se ha encerrado en su torre en Lomas Sotelo, sin nadie de sus colaboradores que abra la boca, en espera de que baje el temporal, aunque no se borre de la memoria.
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