Serpientes y escaleras
En espera de lo que respondan los tribunales colegiados a la apelación anunciada, la liberación de Jorge Hank Rhon ordenada ayer por una juez federal representa un duro revés para la PGR y para la procuradora Marisela Morales, responsable directa del caso, y es el primer descalabro para la funcionaria recién estrenada en el cargo. Pero si la procuradora queda en entredicho, el Ejército mexicano, cuyos soldados de élite fueron utilizados en una detención puesta en duda por los jueces, quedan todavía peor y bajo sospecha de haberse prestado a una aprehensión sin elementos jurídicos.
Para colmo, la segunda liberación a Hank en un mismo día, esa ordenada por un juez local ante la sospechosa detención de la procuraduría estatal por homicidio, confirma que este caso se llevó a cabo en el desaseo jurídico total y que las motivaciones políticas, evidentes o no, le alcanzaron al gobierno de Felipe Calderón, primero, y luego al gobernador Guadalupe Osuna de Baja California, para mantener en la cárcel a un personaje tan cuestionable al que quisieron hundir, pero paradójicamente lo volvieron víctima y, en un descuido, quizás hasta en candidato priísta al gobierno de Baja California en 2012.
Porque si ya era delicado que los militares fueran utilizados en labores de seguridad pública para combatir al narcotráfico en las calles, pensar que ahora el Ejército hará funciones de policía judicial para detener ciudadanos sin órdenes de un juez y allanando domicilios particulares, el asunto se torna aun más preocupante. ¿Han vuelto los militares que persiguen y detienen a quien les ordene el Presidente, sin miramientos de tipo legal y con el argumento del “servicio al Estado”?
Toda proporción guardada y sin comparar para nada a un personaje controvertido y oscuro como Jorge Hank Rhon era la misma lógica con la que actuaron las fuerzas armadas mexicanas durante el periodo de la Guerra Sucia, cuando se perseguía a críticos y disidentes del régimen, a luchadores sociales y a guerrilleros subversivos. Al “servicio del Estado”, y en su supuesta defensa, los soldados realizaron todo tipo de atropellos, torturas, masacres y desapariciones forzadas de mexicanos en aquella etapa oscura en la historia reciente del país; nadie desearía que eso volviera a ocurrir.
Ayer la noticia de la liberación de Hank cayó como un balde de agua fría en la Sedena, donde había molestia por la decisión de la juez, pero sobre todo por la incapacidad de los funcionarios de la PGR para integrar bien la averiguación previa. Aunque Marisela Morales tiene una estrecha relación con los mandos militares —al grado de que su casa está dentro de la Zona Militar número 1—, a los altos mandos castrenses no les gustó nada que la acusación contra Hank no haya sido debidamente sustentada. ¿Cómo pueden en el Ejército confiar en las acciones de la autoridad civil si no pueden acreditar el delito por el que pidieron su intervención? ¿Será que en el futuro también los jueces dirán que fue ilegal la acción de los militares en labores de seguridad en las calles?
Para el gobierno del presidente Calderón el daño también es mayor. Aunque quedan todavía recursos legales a los que recurrirá la PGR, es inevitable pensar en el llamado michoacanazo, el otro caso que ocurrió con la detención espectacular de alcaldes y funcionarios estatales de Michoacán a los que se vinculó con el narcotráfico, se les retuvo en arraigos extralegales y se les sujetó a un proceso en el que también los jueces los liberaron por falta de elementos aportados por la PGR para sustentar las acusaciones.
Cuando el Ejército entró con soldados encapuchados a las 3 de la madrugada a la casa de un personaje priísta como lo es Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana y ex candidato a la gubernatura, pocos dudaron que no hubiera elementos suficientes para detener a una figura tan controversial y polémica. Máxime cuando los soldados allanaron el domicilio sin tener una orden de cateo de un juez, pero argumentando “flagrancia” en la posesión de armas ilegales en la casa del también empresario.
Hoy, que el caso se les tambalea por el fallo de dos jueces en un mismo día, uno federal y otro local, que no encontraron elementos de culpabilidad ni por acopio de armas ni por el presunto homicidio de una joven de 24 años, se confirman dos cosas: que los procedimientos penales no son el fuerte del licenciado en derecho Felipe Calderón Hinojosa ni de su flamante procuadora Marisela Morales, y que en el Ejército ya pueden preocuparse: si los usaron indebidamente en este caso y no pudieron sostener jurídicamente su actuación como policías judiciales, ¿qué les garantiza que después del 2012 los van a defender cuando comiencen a salir los juicios por los muertos civiles inocentes en esta guerra contra el crimen?
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