PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa
De pronto parecería que el ingeniero Carlos Slim está dejando ser profeta en su tierra, mientras que lo es con intensidad ascendente en otros países. Cuarenta y ocho horas después de haber recibido aquí un duro golpe (la negativa del gobierno mexicano a que ofrezca televisión de paga), la presidenta de la República argentina le concedió una deferencia: aceptó que el hombre más rico del mundo fuera su anfitrión en México, aun antes que su homólogo mexicano, el presidente Calderón.
Acaso no haya relación alguna entre los hechos, pero aparecen ligados al ocurrir en la escena pública. La presidenta Cristina Fernández pasó anteayer unas horas, antes de comenzar su visita oficial a nuestro país, como invitada del empresario cuya presencia en televisión restringida se frena aquí. Al proceder de ese modo el gobierno mexicano contraviene su propia política al respecto, uno de cuyos componentes es la promoción de la competencia. Mientras menos oferentes de servicios en las telecomunicaciones haya, peor para el público, que depende del duopolio que domina esos territorios.
El año pasado era tan clara la actitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en beneficio del negocio del señor Azcárraga respecto de la telefonía móvil, que no vacilé en atribuir un nuevo significado a la T de la sigla que define a la Secretaría en aquel entonces encabezada por Juan Molinar Horcasitas. Quería decir, según mi interpretación, simple y sencillamente Televisa: SCTelevisa. Pero en los tiempos de Dionisio Pérez Jácome, sin perder ese significado tal vez lo completa o alterna con otro. Ahora la T parece querer decir taimada. Al menos ésa es la actitud que define a esa dependencia frente la petición de Telmex para que su título de concesión sea modificado y pueda esa empresa, antaño monopólica en la telefonía fija, ingresar en otras telecomunicaciones.
Durante más de un año la SCT ofreció la callada por respuesta a esa petición de la empresa telefónica del grupo Carso. Fue preciso que la afectada acudiera a los tribunales para reclamar el amparo de la justicia federal frente a ese silencio. Telmex obtuvo satisfacción en su queja ante la justicia federal, que ordenó a la Secretaría responder a la quejosa en un plazo perentorio, de 15 días en la más amplia de las interpretaciones. Telmex apoyó su requerimiento en la conformidad que, según la interesada, se había desprendido del mutismo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en cuyo caso procedió la afirmativa ficta, esa figura jurídica que protege a los particulares frente a la abulia o el tortuguismo de las autoridades. Significa en este caso la aceptación tácita de que Telmex estaba calificado para obtener la modificación de su título de concesión, dictamen que serviría de base para la decisión de la Secretaría.
Mas la Cofetel alega que no hay tal afirmativa ficta porque no abordó el caso, y hasta pretende ahora darle vida propia a ese trámite, ante la Secretaría de la Función Pública y eventualmente convertirlo en asunto penal, para que se determine con qué objeto el expediente respectivo se hizo perdidizo hasta desembocar en la afirmativa ficta, por no haber respuesta al pedido de Telmex que pronto cumplirá tres años de haber sido iniciado. En una respuesta informal y tardía, la Cofetel asegura que no habría aprobado la solicitud de Telmex porque esa empresa no cumple los requisitos del Acuerdo de Convergencia.
La taimada Secretaría de Comunicaciones alega lo mismo: "entre los requisitos establecidos en el acuerdo de convergencia que no han sido satisfechos, destaca el estar al corriente en las obligaciones de su título de concesión, entre las que se encuentran la entrega de información suficiente a la autoridad y la provisión de calidad para lograr una eficiente interconexión a terceros".
La SCT fue taimada por lo menos en dos momentos o de dos maneras. Por un lado, la autoridad está obligada a verificar que la concesionaria se apegue al título que le permite operar, independientemente de ulteriores propósitos. Si la SCT ha sido omisa en la inspección debida, ha actuado taimadamente, para dejar que Telmex acumule faltas que se esgrimen para evitar que entre a nuevas áreas de telecomunicaciones. Si, como alega la propia Secretaría están en curso varios procedimientos sancionatorios contra Telmex por esas infracciones, le hubiera resultado muy sencillo responder, después del 18 de diciembre de 2009, cuando Telmex acudió ante la SCT, que su solicitud era improcedente precisamente por las violaciones que ambas partes estaban ventilando. Pero no lo hizo así. Taimada, la SCT dejó correr 17 meses para producir una respuesta que pudo emitir de inmediato. Si la hubiera hecho conocer al interesado, Telmex habría estado en situación de colmar sus propias deficiencias y no permitir que se acumularan, en caso contrario, las razones ahora aducidas.
Con falsa buena disposición, pues sólo enuncia una verdad al margen de su propia voluntad, la taimada SCT afirma al público que Telmex no debe preocuparse por su negativa, pues puede iniciar un nuevo procedimiento. También puede, digo por mi parte, presentarse de nuevo ante la justicia federal a abrir nuevos litigios, cuyo abuso es reprochado a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Sin duda Telmex lo hará. Por lo pronto, sin embargo, ha resentido perjuicios mayúsculos, pues sus acciones en el mercado bursátil cayeron 6.44 por ciento, merma considerable para una sola jornada, que puede repetirse.
Cajón de Sastre
El senador René Arce y su hermano el diputado Víctor Hugo Círigo, antaño líderes de Nueva Izquierda en el Distrito Federal, se proponían montar un partido político propio, basado en su fuerza asentada sobre todo en el oriente de la capital. Ante los obstáculos que en defensa propia erigió el PRD contra el eventual registro de esa agrupación, Arce y Círigo optaron por poner sus efectivos políticos al servicio de Eruviel Ávila, el candidato priista en el Estado de México. Es difícil saber cuántos votos o representantes en casillas signifique eso para el PRI, que tiene una vasta estructura propia, pero sí puede conjeturarse sobre el provecho político que ambas partes sacarán de esta operación. Ávila podrá jactarse de sus capacidades persuasivas y los ex perredistas de su influencia en los municipios vecinos a Iztapalapa.
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