Jorge Alejandro Medellín 1.- El General de División Marco Antonio González Barreda, actual Comandante de la XI Región Militar en Torreón, Coahuila, es, desde la semana pasada, el coordinador de las acciones policiacas en los tres niveles de gobierno en la región de La Laguna, en el noreste del país.
2.- Su nombramiento y ratificación por parte del gobierno federal el 6 de mayo –con la anuencia de los mandatarios estatales de Durango y Coahuila– le da a la estrategia anticrimen del gobierno calderonista un giro peculiar en un contexto explosivo.
3.- La llegada del militar se produce en medio del hallazgo de decenas de fosas clandestinas, de la certeza de la coparticipación de policías estatales y municipales en los crímenes y en la red de protección a quienes los han perpetrado, del entrampamiento de la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), de las marchas de protesta contra la violencia y con las revelaciones sobre el envío a México de un militar de alto rango que se encargará de coordinar la estrategia de combate aéreo antinarco a partir del uso de aparatos no tripulados (UAV´s) tipo Global Hawk.
4.- González Barreda coordina las acciones de lucha contra el crimen en un esquema arriesgado, que es en realidad un experimento, una especie de prueba piloto para revisar sobre terreno de qué manera operaría un mando militar al frente de dos o más corporaciones policiacas rebasadas por la delincuencia organizada y común en una zona, región, estado o territorio determinados y a petición y con la anuencia de mandatarios estatales y municipales.
En otras palabras, el General y el gobierno federal aplican en los hechos, de facto, el esquema de seguridad para casos extremos que entraría en marcha si senadores y diputados hubieran aprobado ya la nueva Ley de Seguridad Nacional.
5.- En este caso, el militar encabeza un estado de fuerza castrense de poco más de 7 mil 170 efectivos divididos aproximadamente de la siguiente manera: 28 generales; 175 jefes; 827 oficiales y 6,140 de tropa.
Esto por lo que toca únicamente al despliegue de la Sedena entre octubre de 2008 y diciembre de 2010. De entonces a la fecha se han sumado a ese estado de fuerza más de 1,200 efectivos militares y de la Policía Federal para reforzar la seguridad en Durango y Coahuila, tierras disputadas a sangre y fuego por Zetas y cártel de Sinaloa.
6.- A esa cifra hay que aumentarle los cerca de 5,300 policías estatales, municipales y preventivos que operan en Coahuila, y los 3,681policías de todos los niveles que laboran en Durango, referidos por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna en su comparecencia ante diputados federales en enero de 2010.
7.- Tenemos entonces un universo aproximado de 16 mil 171 elementos (sin contar a policías federales y ministeriales –de la PGR– en la XI Región Militar, que comprende la 5ª (Chihuahua, Chihuahua), 6ª (Saltillo, Coahuila) y 42° (Hidalgo del Parral, Chihuahua) Zonas Militares.
8.- El General González Barreda aplicará en los hechos el esquema previsto en la LSN ante contingencias que rebasen la capacidad de un estado de un municipio o de una zona o región en la que el crimen organizado haya superado a los cuerpos policiacos locales. Eso es precisamente lo que sucede en Durango y Coahuila, tierras en las que los Zetas y sus aliados intentan evitar a toda costa que la gente del cartel de Sinaloa parta en dos el noreste, divida en definitiva en norte y el occidente y el centro del país, dejando a la gente de Miguel Treviño y de Heriberto Lazcano con una franja más estrecha para moverse hacia Texas y hacia el sureste de México.
9.- En todo caso, el General González Barreda intentará darle cohesión a una estrategia de combate diseñada o al menos pensada para que los militares asuman el control total de los cuerpos policiacos en una contingencia como la que se vive en Durango (con más de 180 cadáveres hallados en fosas clandestinas) y en Coahuila, con una guerra intestina por territorios y vías de comunicación que se extiende desde Tamaulipas y Nuevo León.
10.- El modelo aplicado desde la semana pasada por el alto mando militar es uno de los últimos recursos para tratar de revertir el avance de la violencia y la toma de nuevos territorios y espacios por parte de los cárteles, antes de tener que recurrir a la suspensión de garantías.
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