Hay que pagar bien a los altos funcionarios para que no se corrompan”. “Hay que financiar a los partidos con dinero público para que no se vendan al dinero privado o al dinero sucio”. “Hay que darle autonomía financiera al IFE (y a todos los organismos ciudadanizados) para que no se contaminen con la corrupción política”.
Con este argumento, durante décadas procreamos con dinero público una casta dorada, con la falsa creencia de que el oro puro blindaría a la alta burocracia de la corrosiva degradación del fierro en bruto. Pues bien, como acontece con muchas de las ilusiones sociales que se promueven en el país, hoy tenemos exactamente lo contrario de lo que se buscaba: una alta burocracia dorada y depredadora, que no sólo absorbe cuantiosos recursos públicos por conceptos de sueldos, compensaciones, bonos y prestaciones, sino que se embolsa recursos extraordinarios a través de esa gran nómina nacional llamada corrupción.
Por estos días, dos casos ilustran la depredación de esta casta dorada. Uno, el secretario de juzgado que llegó a depositar en su cuenta personal de ahorros 432 millones de pesos; dos, la compra de un inmueble por parte del IFE con un sobreprecio de 217 millones de pesos.
Esiquio Martínez Hernández, secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, durante siete años percibió como servidor público un ingreso de 5 millones 500 mil pesos. Es decir, 786 mil pesos al año, o 65 mil 476 pesos mensuales en promedio. Pertenecía, pues, a la casta dorada de la burocracia judicial. Sin embargo, esos ingresos resultaron ser la “morralla” o la propina de su encargo. En una cuenta de ahorros personal, abierta hace tres años, llegó a registrar 432 millones de pesos, la mayor parte de ellos en los últimos nueve meses.
¿De dónde prevenían estos recursos? Juzgue usted al juzgado. En esa instancia se han llevado algunos de los litigios más importantes en los sectores de telecomunicaciones e inmobiliarios. Por ejemplo, falló en 2006 a favor de otorgar los permisos para construir la torre en Pedregal 24 y ordenó en 2009 al Gobierno del DF devolver el predio de El Encino a una empresa, en el pleito legal que en 2005 llevó al desafuero de Andrés López Obrador.
Negó también un amparo a Sky contra el acuerdo de convergencia y el año pasado llevó una parte importante de los amparos que se presentaron contra la polémica licitación 21; otorgó un amparo a Iusacell en el que se alegaron violaciones a la entrega de títulos de concesión a Nextel. Un tribunal revirtió la resolución (MILENIO y Reforma). Si estos eran los ingresos extraordinarios de un secretario de juzgado, ¿cuáles serán los de sus superiores, que comprende jueces, magistrados y ministros?
El caso del IFE es igualmente ilustrativo. Un edificio valuado en 45.1 millones de pesos fue comprado por el instituto en 262.9 millones de pesos; un sobreprecio de 5.8 veces su valor comercial. Además, es un edificio en condominio, cuya operación fue realizada entre particulares, lo que hace prácticamente improcedente su incorporación al patrimonio público nacional, como lo ordena la ley de adquisiciones correspondiente. Lo más sorprendente es que esta operación irregular, por decir lo menos, es similar a la realizada por el TEPJF hace dos años, cuando adquirió un edificio de Carlos Ahumada para su sede administrativa, en la calle de Virginia 68, a un precio de 90.9 millones de pesos, cuando su valor comercial era de 58.5 millones un año antes. Tal parece que los bienes raíces son un mal de raíz de la casta dorada que dirige, usufructua y depreda los recursos públicos de los organismos electorales.
Quien piense que estos casos son aislados, extraordinarios y asintomáticos no conoce la entraña del Estado mexicano ni a su burocracia dorada.
Administrar y disponer de los recursos públicos como si fueran privados, o utilizar el encargo público para traficar y allegarse recursos privados, es la esencia del Estado patrimonialista.
Mucho antes de Max Weber, El Quijote describió la entraña de esta forma depredadora de disponer de lo ajeno, cuando designó a Sancho Panza gobernador de la ínsula de Barataria, en pago a cuentas pendientes como su escudero: Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo dellos ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, y buen provecho le haga.
Desde entonces, la casta dorada mexicana, integrada por mil altos funcionarios públicos que cobra cada uno más de un millón de pesos al año, tiene por norma única la quijotesca conseja popular: “Tu sueldo serán 30 duros, más lo que fanares Sancho”. Esta casta no tiene llenadera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario