Caso Sicilia: embrollos, no resultados

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

La Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad, que se inició ayer en Cuernavaca y pernocta hoy en Topilejo, antes de ser el agrupamiento humano principal en la gran manifestación del domingo 8 en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, se gestó a partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, ultimado con tres amigos y tres personas más el 28 de marzo. El tratamiento ministerial y judicial que las autoridades locales y federales están dando al caso muestra la urgencia de la movilización social que está en curso. Porque han transcurrido hasta el día de hoy 38 días del homicidio múltiple y lejos de resolver el enigma de esas muertes, las procuradurías, el Ejército y la Secretaría federal de Seguridad Pública embrollan el caso y disputan entre sí.

Apenas tres días después de hallados los cadáveres de las siete víctimas, y ante la presión social que comenzaba a delinearse, el procurador del estado, Pedro Luis Benítez, anunció que había obtenido órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. No los identificó pero esbozó un trazo de su personalidad, habrían pertenecido a instituciones públicas de seguridad, y eran ex militares o ex agentes policiacos.

Tres semanas más tarde, la procuradora general de la República ofreció información que no cuadra con la anterior, como si los mandamientos de captura expedidos por jueces de Jiutepec y Xochitepec carecieran de valor formal y de exactitud. El 13 de abril, al calor de la indignación que crecía al encontrarse decenas y decenas de cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, la procuradora Marisela Morales anticipó el acuerdo que publicaría al día siguiente el Diario Oficial de la Federación. De buenas a primeras la PGR sabía que los presuntos autores de aquellos crímenes eran miembros del Cártel del Pacífico Sur, Julio de Jesús Radilla, apodado El Negro, y José Luis Luquin, alias El Jabón. Por datos que conduzcan a su detención el acuerdo de la PGR ofrecía 10 millones de pesos por cada uno. El anuncio de Morales ocurrió ya tarde, después de las nueve de la noche del miércoles 13. Luego comprenderíamos la causa de la premura. Es que quizá en la PGR tenían conocimiento y quisieron anticiparse al anuncio que horas más tarde haría la Secretaría de la Defensa Nacional.

En efecto, el jueves 14 de abril la 24 Zona militar con sede en Cuernavaca presentó a un diverso presunto responsable. Miembros del Ejército encontraron en Temixco a un individuo golpeado y amordazado, cuya localización fue posible por una denuncia anónima. Habría sido detenido por una banda de delincuentes que luego de maltratarlo lo entregó del modo descrito a las autoridades castrenses, que dieron crédito a su confesión. El sujeto de marras, Rodrigo Elizalde Morán, El Chemis, ofreció un relato de los hechos que concluyeron con el asesinato de las siete personas el 28 de marzo, por entero distinto del configurado en la primera indagación hecha pública por la Procuraduría local. Y no era ninguna de las personas mencionadas por la procuradora Morales.

La procuraduría local detuvo a su vez el 24 de abril a otras personas, no por cierto a aquellas contra las que había conseguido órdenes de aprehensión. Las capturó por hallarse en posesión de autos robados, pero ellos confesaron haber participado en el homicidio de los siete de Temixco.

El domingo 1o. de mayo, agentes de la Policía Federal, que estaba quedándose atrás en esta feria de confusiones, detuvieron a Jesús Cárdenas Pérez, El Manos, y a César Arturo Galindo Pérez, El Guasón. También reconocieron haber participado en el asesinato múltiple del 28 de marzo. Asimismo, aceptaron pertenecer a la célula comandada por El Negro Radilla. Pero su versión de los hechos no coincide con las anteriormente difundidas por otros presuntos responsables.

Convertida en supervisora de la actuación militar, la Secretaría de Seguridad Pública anunció el martes 3 que Rodrigo Elizalde Morán, el individuo al que la Sedena adoptó como culpable, no lo es, y que los militares se dejaron engañar. "De acuerdo con las investigaciones que sus declaraciones (las de El Chemis) fueron una táctica de desinformación de la estructura criminal, cuyo objetivo era confundir a las autoridades y a la opinión pública", se lee en un documento de la SSP federal (Reforma, 4 de mayo).

En suma, dos procuradurías y dos secretarías de Estado han mostrado su interés activo por resolver el asesinato de Juan Francisco Sicilia, sus amigos Gabriel Alejo Cadena, Julio César Romero y Luis Antonio Romero, así como el de María del Socorro Estrada, Álvaro Jaime y Jesús Chávez, sin que ninguna de esas agencias ofrezca resultados creíbles y formales. Al contrario, cada una trabaja por su lado, y los informes públicos que ofrecen son ignorados y aun descalificados por otras. El resultado es la permanente impunidad.

Por eso es incomprensible el discurso que en defensa propia pronunció el miércoles el presidente Calderón, ante la marcha que comenzaría horas después. A menos que en las siguientes horas se haga un anuncio espectacular, no contradicho desde el gobierno mismo, que presente a los verdaderos presuntos asesinos, la manifestación ciudadana tendrá razón. Hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido, y por la sucesión de acontecimientos posteriores ni siquiera son la guía para la indagación que las autoridades realizan cada una por su lado. El reclamo contra la impunidad, uno de los contenidos de la marcha, cobra pleno sentido.

Cajón de Sastre

Mañana, cuando descansen en Topilejo, en las goteras del Distrito Federal, los integrantes de la Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad acaso recuerden a víctimas de otros tiempos de violencia política, que fueron ultimados allí. Después del fraude electoral contra Vasconcelos, al no encontrar la respuesta esperada para protestar con las armas contra la imposición, el candidato se fue de México. Pero aquí quedaron inermes quienes lo habían seguido. El 14 de febrero de 1930 una redada que comenzó semanas atrás terminó con una matanza terrible, en que más de una decena de militantes, a los que se ordenó cavar su propia tumba.