1.- Era cuestión de meses, para ser más exactos, de 107 días para que la fallida estrategia calderonista de enviar tropas y militarizar a los cuerpos policiacos sin un diagnóstico previo real, crudo, coherente, multidisciplinario y honesto diera de sí y cayera otro general más, otro secretario de seguridad, otro funcionario de quien se esperaba más, mucho más que los meros reclamos (justificados) de mejores salarios y más equipo para combatir al crimen.
2.- El General Ubaldo Ayala Tinoco, nombrado por el fallido gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, como secretario de Seguridad Pública de la entidad fue removido del cargo no porque la Sedena o cualquier otra institución le tuvieran preparada una nueva asignación en el combate al narco o porque su salida obedeciera al cumplimiento de tiempos y ciclos dentro de un sistema de rotación de mandos policiaco-militares a fin de reforzar la lucha.
3.- Nada de eso. Tinoco se fue, en primer lugar, por su estrepitoso e injustificable fracaso al frente de la dependencia cuyo accionar ha sido totalmente inútil y errático no solo para perseguir el delito, sino sobre todo, para prevenirlo.
Tinoco se fue porque su dinámica trabajo no podía ser diferente a la de los cuerpos policiacos de los municipios más azotados por el narco, constantemente penetrados por el narco, mal pagados, mal equipados, carentes de preparación suficiente y real para enfrentar un problema de la magnitud del que desangra principalmente al norte del país.
4.- El Coronel Tinoco se fue, porque las matanzas de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, son, además de actos de bestialidad sin límites, la muestra del fracaso de la militarización de un estado reventado por los cuatro costados, sin ley ni gobierno, fallido por donde se le vea y ahora exhibido como referente del desgobierno municipal, de la incapacidad del mandatario estatal y de la necedad y miopía del ejecutivo federal y comandante supremo de las fuerzas armadas.
5.- Tinoco y su gente (Manuel Farfán Carriola, Secretario de Seguridad Ciudadana de Nuevo Laredo, asesinado en marzo; Pedro Moisés Román Téllez, Secretario de Seguridad Pública en Matamoros, Hipólito Román López (Coordinador de la Policía Metropolitana de Tampico, otros siete mandos y 250 oficiales y subaltermos) llegaron a Tamaulipas en enero de este año.
Los secuestros y asesinatos de los primeros 72 migrantes encontrados en San Fernando por la Marina, ocurrieron en las semanas posteriores al arribo de los mandos militares y de lo que se suponía iba a ser una nuevo despliegue de inteligencia, distinto y más profundo que lo hecho en Chihuahua (estado también fracasado en el pretendido control de la violencia de los cárteles de la droga).
El General Ayala Tinoco y sus colaboradores iban a utilizar un modelo de militarización policiaca reforzado con más de 1,500 elementos que se irían colocando en como policías y como personal castrense de apoyo en tres nuevas guarniciones.
En el lapso en que esto ocurriera, el despliegue de los Grupos de Información Sensible (GIS) de la Sedena y los de la Marina concentraría su trabajo en la penetración de los cárteles de los Zetas, del Golfo y de los grupos locales que los apoyan, comenzado por las policías municipales.
Todo indica que nada de esto sucedió o al menos no como Sedena y Marina lo habían planeado. La prueba contundente del fracaso de la militarización en Tamaulipas (y en varios estados) es el hallazgo de las fosas clandestinas en las que se han encontrado al momento 144 cadáveres de mexicanos y uno de un centroamericano.
6.- Surgen las preguntas inevitables: ¿qué hacían los organismos de inteligencia militar y civil en el caso de San Fernando toda vez que había reportes desde hacía varias semanas sobre pasajeros de diversos estados que desaparecieron en ese sitio cuando realizaban un viaje a la frontera?
¿Qué hicieron militares y civiles con la información sobre estas desapariciones y las alertas que los camioneros tenían vigentes acerca de lo que ocurría en las inmediaciones de San Fernando con la colocación de supuestos retenes de Sedena y Marina que en realidad eran de sicarios?
¿Qué hacían civiles y militares en las reuniones del gabinete de seguridad cuando se les reportaba el creciente número de desapariciones de pasajeros en San Fernando?
¿Se les reportaba esta situación o no era considerada como un elemento indicativo de alarma, dado que en esa zona luchan Zetas y el CDG por el control carretero y el paso hacia los territorios en disputa que son los estados de Coahuila y Nuevo León?
¿Qué hacían militares y civiles con esta información (si es que la tenían) en el esquema de combate a los cárteles de la droga en Tamaulipas?
¿Cómo pesaban militares y civiles que iban a hacer algo contra los cárteles sin información real, fresca, perfectamente comprobable y documentada sobre lo que estaba sucediendo en San Fernando?
¿Qué clase de estrategia de combate es esa que se basa solo en la reacción y la entrega de resultados, la presentación de detenidos y de supuestos autores intelectuales de la masacre?
7.- Militares y civiles aparecen ahora como efectivos, rápidos y contundentes perseguidores de los autores materiales e intelectuales de la brutalidad.
Los operativos de la Sedena y Marina dieron resultados -a decir de ambas instituciones- en cuestión de horas, de días tras conocerse el horror y las historias en torno a San Fernando.
8.- Sedena y Marina presumen operaciones de inteligencia que les permitieron dar con los ejecutores, con cómplices y con el perpetrador intelectual de los crímenes.
¿En dónde estaba toda esa inteligencia y todo el aparato de Estado, toda la parafernalia de la maquinaria de inteligencia y seguridad que debió haber evitado uno solo de estos crímenes?
9.- El General Ayala Tinoco se fue no porque se tratara de una medida para dinamizar la lucha contra el narco, sino porque resultaba inoperante e inmoral mantenerlo en un cargo en el que siempre fue un elemento de ornato dentro de una estrategia de combate equivocada y sin futuro.
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