Martha Anaya Hace exactamente un año, los senadores discutían hasta el último momento el Artículo 72 del dictamen sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Era el segundo párrafo de tal artículo el que tenía entrampado el debate. Se refería al quién juzgaría a los militares cuando cometan algún delito que afecte a civiles (como los casos de los niños asesinados en un retén de Tamaulipas, o los universitarios muertos en Monterrey).
El dictamen, que habría de ser votado por el pleno el martes 27 de abril del año pasado, señalaba que fuesen los “tribunales competentes”.
Y eso, de acuerdo al Código de Justicia Militar (Art. 57), les corresponde a ellos, a los propios militares (así lo han dispuesto por encima de lo que dice la Constitución).
El perredista, en cambio, empujaba otra idea: que en tales casos, los militares fuesen juzgados por “la justicia ordinaria”.
La propuesta de Pablo Gómez no pasaría. Ni panistas ni priistas lo apoyarían. El tema del fuero militar, decían los tricolores, “se verá hasta septiembre y no tiene por qué tocarse ahora”.
El PRI y PAN contaban en ese momento con la promesa del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de revisar el fuero militar en tres casos: desaparición forzosa, agresión sexual y tortura. (Casos que han sido llevados a tribunales internacionales y que ha perdido el gobierno mexicano).
Incluso, se puso fecha para la revisión del fuero: el mes de septiembre de ese 2010.
Y, como sabemos, simplemente no ocurrió. No se cumplió con la promesa gubernamental.
Pero los que sí votaron la reforma a la Ley de Seguridad Nacional aquel día de abril fueron los senadores. Obsequiaron 105 votos a favor, uno en contra (de Ricardo Monreal) y una abstención (del perredista Salomón Jara).
Según los senadores, el segundo párrafo del Artículo 72 era tan sólo como “el negrito en el arroz”.
Alardeaban además de haber rechazado y cambiado en lo fundamental la iniciativa enviada por Felipe Calderón.
Por ejemplo, mencionaban haber evitado que pasara aquello de hacer comparecer ante militares a cualquier persona para que brindaran información; el que los detenidos tuvieran que ser puestos a disposición de las autoridades por los propios militares y el poderlos retener en sus cuarteles durante 24 horas antes de entregarlos.
Eso fue hace un año y la reforma a la Ley de Seguridad Nacional pasó a la Cámara de Diputados. Se congeló durante todo un año ante el malestar de los militares.
Y ahora, muy cerca ya de finalizar el actual periodo de sesiones, se ha resucitado. Pero todo aquello que aparentemente habían logrado echar abajo los senadores, hoy ha resucitado.
El dictamen que ya circula en la Cámara de Diputados para ser votado en los próximos días, no sólo revive la iniciativa original del Presidente de la República sino que va más allá.
El mejor ejemplo de hacia dónde se perfila la reforma que ahora plantean los diputados está en su argumentación sobre lo que es la paz. Dice: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado externo de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en blanco y negro. Existen las más variadas gamas de grises: la paz en todo lugar y momento es relativa”
¿Hacia dónde va esta nueva y extraña conceptualización de lo que se entiende por paz?
A sortear, a darle la vuelta, a lo que dice la Constitución para así poder declarar el estado de excepción a su leal saber y entender, y a la participación del ejército en cualquier momento y ante cualquier conflicto que considere el Presidente pertinente su intervención.
Así, mientras los senadores se jactaban hace un año de haber echado abajo las imprudencias y barrabasadas que planetaba la iniciativa presidencial, ahora los señores diputados dicen: quítense que ahí les vamos y nos llevan derechito a la militarización.
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