1.- Todo indica que este lunes 25 de abril se aprobará en la Cámara de Diputados la minuta con los cambios trascendentales a la Ley de Seguridad Nacional (antes Ley CISEN), con los que el presidente de la república podrá pasar por encima del congreso y disponer no solo de la totalidad de las fuerzas armadas del país, sino también de las reservas dentro y fuera de la Sedena y Marina.
2.- No solo eso; Felipe Calderón podrá activar -como lo intentó en 2007 y 2008- activar una fuerza bélica similar al Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), integrado en una primera etapa por 1,885 efectivos, después con 5, 500 y con miras a llegar a los 10 mil elementos.
3.- En su proyecto de presupuesto para el 2009, la Sedena duplicó el número de plazas para integrar el CFAF, solicitando 4 mil 706 millones, 400 mil pesos, divididos en dos entregas de 1,568 millones 800 mil pesos en los años 2008 y 2009.
Los recursos iban a ser utilizados para equipar a 10 mil soldados que formarían el CFAF.
No sólo eso. La Sedena había solicitado de manera directa a los legisladores federales montos especiales para activar otras 12 mil plazas, para las que se habían proyectado recursos por 905 millones, 125 mil 606 pesos.
Esta cantidad iba a ser distribuida en cinco entregas de 181 millones, 25 mil 121 pesos cada una hasta el año 2012.
El CFAF, que tuvo a un comandante en la figura del General de División José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, ubicado como uno de los militares longevos que tuvo acción en octubre de 1968 durante la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
4.- El 9 de mayo de 2007, el Diario Oficial de la Federación (DOF) daba a conocer la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), cuyos integrantes recibirían
“adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho y su actuación deberá estar regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano”.
5.- La primera versión sobre la creación del CFAF le otorgaba al presidente Calderón el control absoluto del cuerpo militar para hacerle frente a cualquier fenómeno o evento o conjunto de situaciones que alteraran de manera repetida, amplia y focalizada el orden social.
Una segunda versión publicada también el DOF restringía el control presidencial o lo matizaba al señalar que el CFAF no sería un instrumento bajo control neta y absolutamente presidencial.
Dependería de la Sedena y los lineamientos y circunstancias para su operatividad se consensarían en Los Pinos y en Gobernación. Aun así, el marco de referencia para que el CFAF entrara en acción era puramente discrecional y en el cabían perfectamente no solo el desgobierno creado por el narco, sino también cualquier manifestación social y/o política a nivel regional, estatal, municipal o federal que quebrantara la paz social y se considerara por el presidente de la república como una amenaza al orden interno.
6.- Por oneroso y por no contar con un sólido respaldo jurídico para las fuerzas armadas, el proyecto del CFAF se fue a la congeladora. El General Guillermo Galván se opuso a la entrada en operaciones del nuevo cuerpo especial ya que tanto él como su plana mayor y sus 12 comandantes de región, 46 de zona, 23 Guarniciones, 4 Regiones Aéreas y 18 Bases Aéreas quedarían desprotegidos ante los excesos que cometería la tropa, los daños colaterales de los que habló en 2009 el propio secretario de la Defensa Nacional.
7.- No en balde el diputado priista Alfonso Navarrete Prida comentó a este espacio, en una charla en la Cámara de Diputados, que las tesos de jurisprudencia que a la fecha respaldaban las acciones de las fuerzas armadas en la lucha antidrogas “están colgadas con hilos, son a todas luces insuficientes para darle certeza y marco jurídico al Ejército y a la Marina”.
Lo que sí dejamos en claro a los militares es que nunca se les darían facultades de policía investigadora, no se les permitiría iniciar averiguaciones previas, hacer cateos sin orden de un juez, detener sin órdenes de aprehensión, llevar adelante interrogatorios y actuar sin la presencia de personal de derechos humanos, indicó Navarrete, ex subprocurador general de la república.
“No habrá espacio para que los militares soliciten o apliquen el estado de excepción o la suspensión de garantías en ninguna parte, eso quedó bien claro y es parte de los acuerdos para sacar la minuta”.
El diputado adelantaba que en el paquete de discusiones y en los encuentros de los legisladores con los enviados de Galván (encabezados por el General Luis Arturo Oliver Cen, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa nacional-EMDEN) no contemplaba tocar en absoluto el Fuero Militar. “Eso queda para el Senado, es otro tema que no hablamos y que acordamos no se tocaría”, dijo el diputado a este espacio.
8.- La minuta que probablemente sea aprobada el próximo lunes –y que fue filtrada a casi todos los medios de comunicación, aunque solo La Jornada la publicó- establece, casi como una copia del acuerdo para crear al CFAF, que “la intervención militar contra el narcotráfico no requiere de la autorización del Congreso “cuando esa situación está geográficamente localizada y no afecta de manera directa a todo un estado o región; (y) cuando se pueden escalar opciones de atención, antes de recurrir al expediente de la suspensión o restricción de derechos humanos y sus garantías.
“Existen, pues, posibilidades de atender situaciones graves sin llegar a la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, como existirían posibilidades, aun en caso de un peligro de guerra, de enfrentar la situación sin acudir a la restricción o suspensión
”.
9.- Lo que no se precisa nunca en ninguno de los documentos mencionados son los detalles, el hilado fino que justificaría la intervención directa de las fuerzas armadas en una zona o región determinadas en las que se presenten eventos o situaciones que alteren de manera incontrolable el orden social.
Todo el anterior fraseo corresponde a las definiciones que los legisladores panistas y priistas intentarán votar y validar el lunes a contracorriente de la oposición de izquierda (s) y de decenas de organizaciones civiles nacionales y extranjeras.
10.- En la minuta a discutir no se precisan definiciones concretas sobre los fenómenos, circunstancias y situaciones que colocan a un estado, un municipio, una región o una zona en grave peligro y fuera de control de tal suerte que se justifique la intervención militar en sustitución total de los cuerpos policiacos.
11.- La Ley de Seguridad Nacional aparece entonces como un instrumento desesperado, urgente y unilateral para que el jefe del ejecutivo lleve al extremo su papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y disponga, a criterio propio y de sus asesores, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para hacerle frente al crimen organizado en cualquiera de sus formas.
12.- No hay definiciones y con ello se deja a la población civil, a los partidos de oposición, a observadores y activistas de derechos humanos a merced de toda clase de situaciones ante efectivos militares a los que se intente fiscalizar por su actuación contra los cárteles de la droga.
13- Al no necesitar de la aprobación del congreso para aplicar un virtual estado de excepción, el presidente Calderón empujará al límite su estrategia de combate al narco.
Acabará por desgastar más al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, deteriorará el tejido social, fracturará la vacilante relación entre civiles y militares y ensanchará la brecha entre el estado de derecho y las decisiones unilaterales, como golpe de mano, para intentar solucionar a contra reloj, un fenómeno gestado durante décadas y conformado por una gama cada vez más amplia de condiciones multifactoriales.
La miopía, la desesperación y la urgencia de credibilidad de cara a las elecciones presidenciales son el motor de este capítulo que no tendrá final feliz.
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