Vivan los del CUM de 1953-1954

DESDE LA FRONTERA NORTE

Jorge A. Bustamante

El pasado 22 de febrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presentó al público un informe en el que se documenta el secuestro de más de 11 mil migrantes en el periodo de abril a septiembre de 2010. Me llamó la atención esta declaración (recogida en su totalidad en una nota de Víctor Ballinas del diario La Jornada publicada en la página 13 de su edición del 23 de febrero del 2011) por varias razones. La primera es que ya el 15 de junio del 2009, la propia CNDH había dado a conocer un informe para el Senado de la República titulado "Los secuestros de migrantes en México" en el que se dio cuenta con lujo de detalles, de varios miles de centroamericanos que fueron víctimas de esos delitos. En ese informe se documentó la participación de agentes de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, además de miembros del crimen organizado. En lugar del escándalo internacional que yo creí que iría a causar entonces, tan pormenorizada denuncia de crímenes cometidos por representantes del Estado mexicano como son los policías, contra inmigrantes provenientes de varios países de Centroamérica, el gobierno de México se abstuvo de darse por enterado de lo denunciado en 2009 por la CNDH en el informe citado, presentado ante el Senado de la República. Pues resulta que, después de ese informe, las cosas siguieron igual, mejor dicho, peor que en 2009. Esto se deduce del informe mas reciente, al que hago referencia al principio, que la CNDH dio a conocer bajo el título -casi igual que el del informe de 2009- Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, Febrero de 2011. Parecería que la semejanza en los títulos de los dos informes hubiera tenido la intención de destacar que los hechos denunciados en el informe de 2009 no hubieran provocado acción alguna del gobierno de México para evitar su repetición, dando lugar a que la CNDH siguiera investigando hasta producir otro informe denunciando la continuidad y empeoramiento de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México, sin mencionar que esas violaciones representan lo que en Derecho Internacional se conoce como una "responsabilidad de Estado" por implicar patrones de conducta reiterada de policías, que como tales tienen el encargo de representar al Estado en su función de hacer cumplir la ley, aun con el uso de la fuerza que les es delegada por el Estado para esos efectos. Tal "responsabilidad de Estado" es algo de lo cual el gobierno de México no se ha dado por enterado hasta la fecha, a pesar de las reiteradas ocasiones en que se le ha conminado a que lo haga en este espacio periodístico (enviaré copia de los artículos donde lo he hecho a quienes me lo soliciten a: jbustama@nd.edu). Es muy probable que el gobierno de México se vea obligado a responder por esa "responsabilidad de Estado" cuando así se lo demande alguno de los gobiernos cuyos ciudadanos han sido víctimas en México de las violaciones a sus derechos humanos a los que se refieren los informes del 2009 y del 2011 de la CNDH o lo haga alguna agencia de la ONU que tiene como misión el monitoreo de la forma en que sus Estados miembros están cumpliendo con sus obligaciones de respetar los derechos humanos de los migrantes. En varias de mis colaboraciones para este espacio en las que he hecho referencia al incumplimiento del gobierno de México de esa "responsabilidad de Estado", me he referido a las reiteradas ocasiones en que el presidente Calderón ha excluido la responsabilidad de su gobierno en los abusos de autoridad de policías de los tres niveles del Poder Ejecutivo, echándole la culpa de las vejaciones y abusos contra los migrantes centroamericanos en México, exclusivamente al crimen organizado. Es cierto que esos criminales están involucrados en los abusos contra los migrantes, pero sus abusos no implican una "responsabilidad de Estado" mas allá de la obligación de perseguir y castigar el delito, pues esos criminales no representan al Estado mexicano, como sí lo hacen los policías al victimar a los migrantes extranjeros en México.

Dedico este texto a mis compañeros de prepa de la generación 1953-1954 del CUM y sus esposas, en especial a nuestros maestros: Alberto Barrañon Miranda, Víctor Manuel Espinoza de los Reyes y José Asunción Poncelis Vega, por su reunión reciente.