PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
La propuesta de reforma hacendaria presentada el jueves por el senador Manlio Fabio Beltrones, en nombre propio y de la bancada que encabeza, es digna de consideración en sus propios términos y por contraste con intentos previos de mejorar los ingresos del Estado mexicano.
Parte de principios elementales que, sin embargo, han quedado al margen de la discusión anual de los documentos en que se sustentan las finanzas públicas, debate insuficiente porque la premura a que sujeta al Congreso el calendario legislativo hace que se imponga lo urgente sobre lo importante, en un permanente aplazamiento de lo relevante. Ahora estamos lejos del noviembre en que suelen naufragar propósitos de dotar al país de una estructura fiscal acorde con sus posibilidades y sus requerimientos. Hay un amplio consenso respecto de las dimensiones de la reforma necesaria, y el documento presentado por Beltrones es, por sí mismo, una magnífica pieza para la discusión en la calma primavera legislativa y no en las prisas otoñales.
En lo que parece una contradicción y un gesto audaz, y no es más que la aplicación de la sensatez política a un problema cada vez más acuciante y trascendente (tanto que fue aludido en Washington por la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, al hablar de la seguridad mexicana y el apoyo que reclama de Estados Unidos). Se trata de reducir el monto de diversos impuestos y aun de suprimir otros y no obstante lograr una mayor recaudación. La clave, nada enigmática de la propuesta, consiste en ampliar la base de contribuyentes y generar una espiral dinámica en condiciones tales que al mismo tiempo que disminuya el mercado informal (porque haga atractivo fiscalmente participar de la formalidad) deje en manos de los contribuyentes recursos aplicables a la inversión y el gasto privados, motores de una expansión que a su vez sea fuente de nuevos empleos de donde resulten consumos menos magros que los observables hoy en día. Se trata, además, de mirar no sólo el ámbito de los ingresos sino el del gasto público, con objeto de que los mayores recursos presumiblemente obtenidos no se atoren en los entresijos de la programación ineficiente o dolosamente ejercida.
A reserva de examinar con pormenores la propuesta, me detengo por ahora sólo en su modo de abordar el Impuesto al Valor Agregado. En el documento se salva un escollo en que han perecido intentos previos de reforma cuando se estudia su aplicación a medicamentos y comida. Se prevé conservar la tasa cero o la exención a las medicinas, por ser un producto (con otros que se colocan en la misma situación) de consumo necesario. Pero se distingue en el ámbito de los alimentos entre aquellos que son imprescindibles y los que suponen hábitos y capacidades de consumo que por economía de esfuerzo, o de plano por pereza, han estado protegidos contra ese gravamen que por ello premia compras suntuarias. No todos los lácteos, por ejemplo, pueden ser objeto de una regulación privilegiada del IVA, porque abundan entre ellos artículos de lujo.
Una objeción a esta propuesta, que seguramente aparecerá en el camino, es la difícil mecánica de su aplicación, que contradice el esfuerzo previsto en el propio documento de aligerar la carga burocrática en el pago de los gravámenes. Pero la verdadera objeción no se atreverá a decir su nombre porque constituye un obstáculo político en torno del autor de la iniciativa.
Beltrones ha concebido y llevado adelante en su propia bancada, y lo ha presentado en este momento, además de la cualidad intrínseca del proyecto, porque cuadra con sus tiempos en vista de la sucesión presidencial. Con toda evidencia el líder senatorial se planta en la mitad del escenario con una propuesta que generará simpatías y adhesiones pero quedará inscrita en el cuadro de los movimientos priistas hacia la candidatura presidencial.
Ya desde el momento en que el sonorense anunció su propósito y delineó sus trazos básicos en la bancada priista en la Cámara de Diputados se escucharon voces discordantes, que se organizarán en cuanto comience a ser discutida allí, porque es obligatorio que la legislación fiscal se procese inicialmente en San Lázaro. Allí tendrá que pasar su prueba de fuego no en el debate con otras fuerzas políticas sino en la fracción parlamentaria tricolor. En ella Beltrones cuenta con presencias influyentes, como la de Felipe Solís Acero, vicepresidente de la Cámara, y Jesús Alberto Cano Vélez, en las Comisiones que dictaminarán la iniciativa... si llega a ese punto. Porque encontrará la oposición o el desdén de los legisladores adscritos a la precandidatura de Enrique Peña Nieto, ya que la propuesta senatorial será vista como un lance en el juego por la candidatura presidencial.
A Peña Nieto responden el coordinador del grupo priista en San Lázaro, Francisco Rojas, los integrantes de la numerosa diputación mexiquense y no pocos legisladores más que por inercia propia o compromisos de sus gobernadores con el del Estado de México no estarán dispuestos a conceder a Beltrones una significativa victoria parlamentaria. Aun si los persuadiera la fuerza de la propuesta, si prevalece en ellos la visión aldeana de obstruir el camino del principal y acaso el único precandidato alternativo a Peña, la iniciativa no prosperará.
No me extrañaría que en ese rejuego se hubiera inscrito ya el vergonzoso lance en que el senador Francisco Labastida fue impedido de presentar la iniciativa senatorial en la UNAM, institución por encima de toda intolerancia.
Cajón de Sastre
Importa abundar en lo dicho en estas ultimas líneas de la columna. Un pequeño grupo de trabajadores y estudiantes se opuso agresivamente a la presencia del legislador sinaloense en un auditorio de la Facultad de Economía, alma máter del senador impedido de hablar en su propia casa. La condena que recaiga sobre esa expresión de radicalismo insensato, a la que me sumo, no alcanza, en modo alguno, ni puede alcanzar a la Facultad en que se produjo ni tampoco a la Universidad Nacional, que con su cotidiana apertura a todas las corrientes del pensamiento muestra que se halla por encima de expresiones fundamentalistas que también tienen cabida en ella, pero no en la medida en que pretendan impedir, como en el caso, la exposición de una propuesta legislativa de cuya prosperidad puede derivarse un mejor trato a la enseñanza pública superior.
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