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Gregorio Cano busca desde hace cinco meses a su hijo, quien desapareció Foto: Ricardo Castelán |
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Daniela Rea
Ciudad de México (28 marzo 2011).- Una misión de la ONU ha recibido en su primera semana de visita en México al menos 45 denuncias de desapariciones de personas ocurridas en el marco de la guerra contra el crimen organizado.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recibió las denuncias, principalmente, sobre desapariciones de miembros de las propias instituciones de seguridad pública federal y local.
Entre los 45 casos se encuentran 21 ocurridos entre 2010 y 2011 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera en un informe que entregó a los funcionarios el pasado miércoles.
Además, mañana, la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas presentará un documento con 250 desapariciones registradas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En 55 de estos casos tienen elementos para señalar la intervención de agentes del Estado.
Una de las desapariciones denunciadas es la del marino Paolo César Cano Montero, integrante del 20 Batallón de Infantería de Marina, con base en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El 29 de octubre de 2010, el joven de 26 años salió a disfrutar de su día de descanso y no regresó.
En el oficio número 0046, fechado el 3 de enero de 2011, la Armada informó a Gregorio y María Esther Cano que su hijo "cometió el delito de deserción".
Sin embargo, en entrevista, Gregorio Cano revela que un oficial a quien conocen como el "Capitán Morales", del 27 Batallón de Infantería de Marina, les dijo que Paolo fue "levantado" afuera de un puesto de comida callejero por un grupo de sujetos que viajaba a bordo de un carro amarillo.
En tanto, familiares de siete oficiales de la Policía Federal denunciaron ante los expertos de la ONU la desaparición de los agentes registrada el 16 de noviembre de 2009, cuando se dirigían del DF a Michoacán.
'No sabemos nada, encima mienten'
El locker del marino Paolo César Cano Montero estaba cerrado con candado. En la base naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un uniformado tomó unas tuercas y reventó el metal. Adentro estaban la ropa del marino y su teléfono celular sin chip.
Gregorio Cano, padre del joven de 26 años, tomó las pertenencias y las revisó. Estaban todas las prendas de vestir que María Esther Montero de Cano le empacó una semana atrás.
"Su hijo desertó", le dijo el uniformado y lo acompañó a la salida del 20 Batallón de Infantería Naval. Era el 12 de noviembre del 2010.
Dos semanas antes, el 29 de octubre, Paolo salió a disfrutar de su día de descanso, pero ya no regresó.
El joven tenía dos años de haber ingresado a la Marina, donde trabajó en operativos de combate al crimen organizado y quema de estupefacientes en Sinaloa, Nuevo León y Veracruz.
Su base estaba en el 27 Batallón de Infantería de Marina, en Cuemanco, pero el 24 de octubre fue comisionado al 20 Batallón. La noche del día 28 fue la última ocasión que su madre habló con él por teléfono.
La versión oficial que la Secretaría de Marina dio a los padres en el oficio número 0046, con fecha del 3 de enero de 2011, es que el joven "cometió el delito de deserción" al no presentarse a los tres días de su franquicia reglamentaria, como lo establece el artículo 255 del Código de Justicia Militar.
Sin embargo, Gregorio y María Esther aseguran que no han sido informados de que se haya iniciado un procedimiento penal contra su hijo.
"Paolo hablaba con nosotros cada tercer día. Si hubiera desertado, nos lo habría dicho. Teníamos una comunicación muy estrecha", dice en entrevista María Esther, maestra ahora responsable de sostener a la familia, mientras su esposo se concentra en la búsqueda.
Gregorio asegura que, en el 27 Batallón de Infantería Naval, un oficial a quien conocen como el Capitán Morales les dijo que su hijo fue "levantado" afuera de un puesto de comida callejero por un grupo de sujetos que viajaban a bordo de un carro amarillo.
El 1 de noviembre, el día del cumpleaños de Paolo, fue cuando la familia comenzó a sospechar de que algo no estaba bien. Entonces denunciaron la desaparición ante la PGR y el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes en el DF, además de presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
"No sabemos nada. Encima nos mienten", dice Gregorio en una oficina de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo que los acompaña jurídicamente.
En la búsqueda, Gregorio logró contactar por separado a dos personas que dijeron ser del crimen organizado.
"Me dijeron que habían checado y no tenían conocimiento de que mi hijo estuviera 'levantado' al menos no en su zona. A lo que uno tiene que recurrir porque las autoridades no informan", advierte Gregorio.
'Me cansé de ver muertos'
La llamada que Óscar Herrera Rocha alcanzó a hacer a su esposa minutos antes de ser desaparecido permitió a la familia tener pistas para dar con algunos de los responsables, pero no con su paradero.
El 15 de junio del 2009, el joven técnico electrónico fue detenido junto con tres compañeros de trabajo por un grupo de policías municipales de Francisco y Madero, Coahuila.
"Apunta este número de patrulla 0962. Con el pretexto de que el carro tiene reporte de robo nos están deteniendo, a Ezequiel (el jefe) lo están esposando", dijo Óscar a su esposa. En seguida la joven alcanzó a escuchar que un oficial ordenó apagar el teléfono.
Luego de esa llamada, la familia de Óscar se movilizó. Rosario Villanueva, su madre, voló desde Tijuana hasta el poblado coahuilense donde fue detenido. Con el número de patrulla lograron encarcelar a cinco policías municipales y a cuatro directivos, quienes detuvieron al grupo. Sin embargo, las razones de la desaparición seguían ausentes.
Un joven que dijo ser "halcón" de los Zetas declaró a la Procuraduría de Coahuila que manejó el vehículo de los jóvenes detenidos, que los vio esposados y golpeados en una camioneta, que utilizó el auto para hacer rondines por órdenes de uno de los policías que participaron en la detención del 15 de junio. Sin embargo, el joven no fue detenido.
"Nos sirve mejor afuera que adentro", fue la respuesta del fiscal Ministerial de Investigación Domingo González, cuenta Rosario vía telefónica desde Tijuana.
En la búsqueda de su hijo, Rosario conoció a otras mujeres que como ella buscan a los suyos a través de la "Red defensoras y defensores de derechos humanos y familiares con personas desaparecidas", con integrantes de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Baja California.
Rosario tiene dos hipótesis: que su hijo fue detenido para esclavizarlo o que es una estrategia de las autoridades o el crimen organizado para aterrorizar a la población.
Con ella lo hicieron al amenazarla, asegura. "Te vamos a llevar a donde está tu hijo", le dijeron. No ocurrió nada.
A casi dos años de la desaparición de Óscar, las dudas siguen. Rosario ha buscado en los hospitales y morgue de Coahuila y Durango.
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