Sindicatos magisteriales

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Fue otorgado el registro, y la toma de nota de su dirección, al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. Es un nuevo intento por minar el poderío del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No tenemos necesidad de esperar que se implante en el gremio magisterial para medir la importancia o inocuidad de su presencia. Multiplicar las agrupaciones sindicales no necesariamente es el mejor camino para enfrentar, si de eso se trata, a un grupo político dominante. Al contrario, la diversificación de vías de acción contra la facción hegemónica resulta, en el mejor de los casos, en el surgimiento de focos de inquietud pero no genera peligro real para el funcionamiento del SNTE, porque la organización presidida por Elba Esther Gordillo mantiene la titularidad de las condiciones generales de trabajo del gigantesco agrupamiento magisterial.

Desde su fundación hace casi 70 años, dicho sindicato se constituyó en una corporación adosada al aparato partidista electoral del gobierno. Fue pilar de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio y del Estado y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Ha sido un sindicato vertical y autoritario manejado por sucesivos hombres fuertes que desde allí se abrieron camino para una carrera política personal. Ése fue el caso de Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite y Carlos Jonguitud, por poner sólo unos ejemplos. Los tres fueron senadores de la República y los dos últimos gobernaron sus estados, Hidalgo y San Luis Potosí, respectivamente. El hidalguense presidió, además, el Comité Nacional del PRI.

Jonguitud fue depuesto en un golpe de mano incruento apenas llegó al gobierno Carlos Salinas, necesitado de una base política propia dada la precariedad de su elección como Presidente. El dirigente potosino enfrentaba ya, desde una década atrás, el activismo de un sector disidente que fue reprimido por la fuerza, la propia del sindicato a través de golpeadores y matones, y la gubernamental. Acaba de recordarse, al cumplirse el 30 de enero 30 años del grave suceso, el asesinato del profesor Misael Núñez, ejemplo al mismo tiempo de la acción disidente y de la forma extrema de encararla.

Salinas no acudió a la disidencia para eliminar a Jonguitud, sino que de su propio entorno hizo surgir a quien lo reemplazara, Elba Esther Gordillo, que en 1989 fue elevada a la condición caciquil que se arrebataba al ex gobernador de San Luis Potosí. Ella se había hecho notar como dirigente de la Sección 36 del SNTE, correspondiente al Valle de México (excluido el DF), a la que pertenecía Misael Núñez. Personal cercano a Gordillo fue imputado por ese asesinato, si bien nunca se le fincaron a ella responsabilidades penales. Sus allegados, presos en un penal mexiquense, recibieron la oportunidad de fugarse y el crimen quedó impune. Ése fue uno de los títulos por los que Salinas la escogió para encabezar al entonces menos poderoso que hoy gremio magisterial, en una etapa que se ha prolongado ya por más de tres décadas. En ese periodo, Gordillo ha sido secretaria general y manejadora de sus sucesores en el mismo cargo, hasta que la fatigó la simulación y resolvió figurar abiertamente en el primer plano para lo cual creó la presidencia del sindicato, que ejerce ad vitam.

Los comités de lucha de la disidencia que afloró en 1979 se organizaron en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que con suerte cambiante, casi siempre adversa, se empeña en la proeza de disputar desde dentro el mando sindical al grupo de Gordillo. La imposibilidad de cumplir esa meta la ha conducido al pasmo o al mero activismo contestatario en determinados casos. Lo más que ha logrado es contar con la mayoría en un puñado de secciones cuyos comités procuran labrarse una autonomía que se estrella, en casos extremos, con el centralismo establecido en el estatuto, con base en el cual la dirección nacional constriñe y castiga a las secciones que buscan su independencia.

Algunas corrientes opuestas a tal centralismo han optado, en vez de combatirlo desde dentro como hace la CNTE, por integrar agrupaciones sindicales propias. Algunas han prosperado al socaire de coyunturas políticas, como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, surgido en 2004 como parte de la disputa de Gordillo y Roberto Madrazo. También se creó un sindicato estatal en Baja California, a partir de la Sección 37, pero los remanentes fieles a Gordillo no cesan de disputarle la interlocución laboral, ahora condicionada a la alianza política de Gordillo con el PAN.

En el ámbito nacional ha habido también intentos. Los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional consiguieron agruparse en un sindicato propio, pero su fuerza no alcanza para contender con la Sección 11 por la titularidad de las condiciones generales de trabajo (el contrato colectivo en el ámbito burocrático). Tampoco ha podido siquiera pretenderlo el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación, a cuya cabeza figura Carlos Jonguitud Carrillo, lo que revela más un ánimo restaurador que un propósito de renovación. El nuevo sindicato independiente, de aliento priista, cuya dirección contó en las filas de Gordillo, figura ya en el ámbito legal pero sus márgenes de acción son limitados o al menos sujetos a la capacidad que las autoridades de la SEP resuelvan imprimirle como gestores de trámites de sus afiliados, no más. No constituye peligro para Gordillo.

Cajón de Sastre

La irrefrenable violencia homicida en Ciudad Juárez, que el sábado pasado cobró la vida, dizque por una confusión no aclarada, de tres muchachos -norteamericanos dos de ellos, lo cual tendrá implicaciones internacionales- fue el inevitable marco de referencia del informe presentado ante el Ejecutivo federal por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el exordio de su discurso sobre los sucesos del año pasado, el doctor Raúl Plascencia sentenció severamente que "no existe justificación alguna para que, so pretexto de garantizar una efectiva seguridad pública se violen los derechos humanos". El informe da cuenta del "incremento de muertes violentas, entre éstas las de personas ajenas a la comisión del delito u operativos, cuyos familiares en la mayoría de los casos aún aguardan que se haga justicia".