El ente fiscal exhorta a los diputados a devolver recursos de 2009 a la Tesorería de la Federación
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 7
Los grupos que integran la Cámara de Diputados incurrieron en notables irregularidades y en opacidad financiera durante 2009 al no comprobar el gasto y destino de 448 millones de pesos. A ello se suman 105 millones de pesos que la secretaría general ahorró para transferirlos también a los partidos que integran el Poder Legislativo en San Lázaro, cuyo destino también se desconoce.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, revisó el destino de 2 mil 820 millones de pesos (de un total de 5 mil 377 millones) y concluyó que la norma administrativa de la Cámara de Diputados contempla excepciones, lo cual ocasiona discrecionalidad en su aplicación
y el ente legislativo no aporta documentación sobre los recursos que son destinados a los grupos parlamentarios.
El elevado monto de recursos que los diputados se reparten, en este caso 553 millones de pesos, sin que se requiera comprobación, contrasta con el raquítico salario que perciben más de 400 trabajadores de limpieza en el Palacio Legislativo de San Lázaro: 2 mil 400 pesos mensuales. Pese a que estos empleados son subcontratados por una empresa externa, que no les paga en los días señalados en su contrato, los diputados requieren puntualmente de su dieta y de las asignaciones que les corresponden de acuerdo con el número que integran cada uno de los grupos.
Hace dos años la secretaría general –a cargo de Guillermo Haro Bélchez– ahorró por concepto de economías 105 millones 527 mil pesos a raíz de una ampliación presupuestal que los diputados se autorizaron, monto que fue asignado posteriormente para cubrir gastos
en los grupos parlamentarios.
Tal hecho fue reprobado por el órgano fiscalizador –que depende de la Cámara de Diputados–, que llamó a los legisladores a garantizar que los ingresos no presupuestales que no se utilicen para cubrir compromisos del ejercicio fiscal se reintegren a la Tesorería de la Federación.
La opacidad que evidencia la ASF en la Cámara beneficia fundamentalmente a los grupos parlamentarios. Cada uno de los coordinadores recibe una asignación extra de dinero de acuerdo con el número de integrantes de su bancada. Los montos, que se desconocen porque así lo han determinado los mismos diputados, son susceptibles de no comprobarse ante la autoridad hacendaria. Y así, en consecuencia, las anomalías administrativas por la escasa transparencia con que se manejan los dineros se multiplican. Por ejemplo, en aquel año el comité de administración (integrado por diputados) aprobó un acuerdo para que la secretaría general otorgara anticipos de sueldos tabulares hasta por un mes para los trabajadores de confianza, excluyendo a los de honorarios y sindicalizados.
Tal decisión fue contraria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, donde se asienta que sólo se podrán hacer retenciones, descuentos o deducciones del salario de los trabajadores cuando se trate de deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas.
Los diputados, a decir de la ASF, dan muestra de interés por recuperar cuanto recurso les pueda beneficiar a sus bolsillos. De la partida Productos Alimenticios, cuyo presupuesto ejercido fue de 92 millones 458 mil pesos durante 2009, los grupos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza solicitaron a la secretaría general rembolsos por 12 millones 136 mil pesos.
En la partida Asignaciones a los Grupos Parlamentarios el ente fiscalizador revisó un total de 505 millones 615 mil pesos. Esos recursos se destinan a los grupos parlamentarios para que alivien sus gastos y requerimientos particulares. Del global analizado 448 millones 684 mil pesos no fueron comprobados fiscalmente, y las fracciones parlamentarias sólo emitieron recibos a la administración camaral.
Sobre el particular, la ASF demanda a la Cámara de Diputados acciones que permitan tener acceso a la documentación que respalda la aplicación de estos recursos con objeto de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de esos recursos.
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