Jenaro Villamil
Los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón se caracterizan no sólo por haber colocado a México como uno de los países más violentos para ejercer el periodismo –junto con Irak y Pakistán-, según Reporteros sin Fronteras, sino por una creciente intolerancia y métodos de presión contra informadores nacionales y extranjeros que no se ajustan a la versión que quieren difundir desde Los Pinos.
Por lo menos cuatro corresponsales franceses radicados en México han recibido presiones del embajador mexicano Carlos del Río Icaza, quien ha enviado sendas cartas de protesta a las salas de redacción de sus respectivos medios desde que en 2008 se tensaron las relaciones bilaterales a raíz del caso de Florence Cassez, la ciudadana acusada de formar parte de una banda de secuestradores y cuya inocencia ha sido defendida por el gobierno de Nicolas Sarkozy.
Anne Vigna, autora del libro Fábrica de Culpables, relató a Proceso que en 2008 las presiones de Del Río, a través de Eduardo del Río, responsable de prensa de la embajada mexicana provocaron que la redacción de L’ Fígaro, la suspendiera como su corresponsal en nuestro país.
“Después de publicar tres artículos en L’Figaro documentando las irregularidades del caso, como el testimonio del jardinero de la famosa cabaña que dijo que nunca hubo nadie secuestrado en esa casa, la embajada mexicana habló con el editor de mi revista.
“Argumentaron que yo mentía. Utilizaron el testimonio de Ezquiel, quien dijo que sí reconocía a Florence y el de otras víctimas, para que se modificara la cobertura”, relata Vigna.
Otro caso es el de Patrice Gouy, corresponsal en México de Radio France Internacional durante los últimos 17 años, quien confirmó a Proceso que hace dos años la oficina del embajador De Icaza lo acusó de “poca imparcialidad” diciendo que defendía a Florence Cassez.
“En la radio no les hicieron caso. En otra revista en la que colaboraba, mi redactor en jefe, Mireille Lemaresquier, invitó a comer a Eduardo del Río, jefe de prensa de la embajada, y le defendió mi trabajo. A partir de ese momento, no hubo más interferencias”, rememoró Gouy.
No sólo el polémico caso de Cassez ha generado continuas presiones de la embajada mexicana en Francia. También la cobertura en torno a la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico del gobierno calderonista ha merecido cartas a las redacciones.
Una entrevista con la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los Señores del Narco, publicada en L’ Express por Léonore Mahieux provocó una airada protesta del embajador De Icaza.
Diplomáticos Propagandistas
El activismo del cuerpo diplomático mexicano en las salas de redacción de medios extranjeros se agudizó desde que el pasado 7 de enero el presidente Felipe Calderón convocó a embajadores y cónsules a “dimensionar” y “poner en perspectiva” las versiones publicadas sobre los efectos de la lucha contra el crimen organizado.
“Yo no digo que neguemos que hay un problema, pero también es importante que ustedes, embajadores y cónsules, puedan ponerlo también en perspectiva”, afirmó Calderón durante la vigésimo segunda reunión anual con los miembros del Servicio Exterior Mexicano.
“¿Qué es lo que es importante decir de México?”, se preguntó Calderón. “Tenemos un problema, sí, pero lo estamos combatiendo y lo vamos a resolver. Y que también hay que recordar, y ustedes lo pueden observar en muchos países, el valor y la decisión con la que México está atacando este problema, también han generado reconocimiento en la arena internacional”, abundó el primer mandatario.
Calderón dio “línea” sobre el contenido propagandístico de lo que se debe decir: el número de muertos en México “es consecuencia de la acción homicida de los criminales, no de la acción del gobierno, porque son precisamente los criminales quienes están atentando contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos”.
Y repitió la frase que se ha convertido en mensaje de justificación constante, incluso ante la impunidad prevaleciente en la mayoría de los 66 homicidios contra comunicadores cometidos desde el 2000: “los responsables de la violencia son precisamente los violentos y eso no podemos perderlo de perspectiva en nuestra tarea diplomática”.
Tomando al pie de la letra la orden presidencial, la canciller mexicana Patricia Espinosa ha salido en conferencia de prensa a increpar las versiones que no responden al guión que Los Pinos desea divulgar en el mundo y, especialmente, en Estados Unidos.
Apenas el 9 de febrero, Espinosa regañó al subsecretario del Pentágono, Joseph W. Westphal, quien sostuvo la posibilidad de que el crimen organizado se transforme en una “insurgencia” y llegue a tomar el poder en el gobierno. El mismo funcionario había rectificado antes su declaración.
“Lo que nuestra opinión indica es que no hay, lamentablemente, siempre la información adecuada sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Estos incidentes, tan lamentables, deben llevar a que los funcionarios se abstengan a hacer declaraciones y hacer opiniones sin contar con todos los elementos del caso”, advirtió Espinosa.
“De verdad resulta penosa una declaración de este tipo y después la corrección, pero nos parece que es muy correcto que lo hayan hecho”, concedió la titular de Relaciones Exteriores.
“Si se Portan Bien”
El tono admonitorio que ha prevalecido en la oficina de Comunicación Social del gobierno calderonista fue revelado por el periodista y conductor radiofónico José Gutiérrez Vivó, en diciembre de 2006, al inicio del sexenio, cuando relató el siguiente mensaje que le transmitió Maximiliano Cortázar, entonces vocero de Los Pinos:
“Díganle al señor Gutiérrez Vivó que está castigada su empresa, que vamos a observar lo que hace y cómo lo hace, que no nos importa que difunda información del señor Calderón y que si se porta bien, cuando estemos en la Presidencia le dará una audiencia para llegar a un arreglo”.
En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó recordó que la tensión con Los Pinos provino desde que el ex presidente Vicente Fox le reprochó haberse vuelto “perredista” y su último vocero, Rubén Aguilar, le advirtió:
“Sé que a los nuevos asesores jóvenes y poco expertos que tiene Felipe no les gustas. Te ofrezco reunirte con ellos para comer y para que mejore la percepción de ellos hacia ti” (Proceso, No. 1571).
Esta percepción nunca mejoró y las presiones contra Gutiérrez Vivó se incrementaron hasta llegar a la asfixia de su estación de radio, del periódico Monitor, en medio de un largo litigio con el Grupo Radio Centro, al que el conductor ha acusado insistentemente de incumplir con el laudo favorable.
Lo que sucedió con Gutiérrez Vivó marcó un estilo durante el sexenio. Desde los mensajes de presión hasta la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de presión han sido constantes.
Contra Proceso se ordenó un boicot publicitario desde Los Pinos, en represalia por la cobertura crítica de la revista. Esta orden se hizo extensiva, en octubre de 2009, contra todas las demás revistas del país (Proceso, No. 1718).
La suspensión discrecional de la publicidad oficial y el acoso judicial fueron condenados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 57/2009, en referencia al caso de la revista Contralínea.
La CNDH afirmó que la poca claridad en la contratación de espacios publicitarios “vulnera los derechos de igualdad, a la seguridad jurídica y, por supuesto, a la libertad de expresión y en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.
Violencia e Impunidad
En su informe de agosto de 2010 la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, y el relator especial de las Naciones Unidas en la misma materia, Frank La Rue, consignaron que desde 2000 hasta julio de 2010 se reportan 64 periodistas asesinados en México. Tan sólo en 2008 ocurrieron 29 asesinatos y 5 desapariciones.
“Las cifras reportadas, así como la información adicional recibida permiten afirmar que desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”, subrayó el informe.
Los relatores identificaron los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas con “una fuerte presencia del crimen organizado”, donde “la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse”.
El informe adviertió que no se puede responsabilizar sólo al crimen organizado del clima prevaleciente de amenaza a la prensa. “El Estado tiene además la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia, aún cuando las personas responsables no sean agentes estatales”, sentenciaron.
Enumeraron los siguientes crímenes a periodistas que se mantienen impunes, ocurridos durante este sexenio: el reportero Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, asesinado en abril de 2007; las radiolocutoras comunitarias Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, asesinadas en abril de 2008; Amado Rodríguez Carreón, reportero de El Diario de Ciudad Juárez, ultimado en noviembre de 2008; Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión, asesinado en mayo de 2009; Valentín Valdés Espinosa, reportero de Zócalo de Saltillo, asesinado el 8 de enero de 2010; y el crimen de José Luis Romero, periodista del noticiero radial Línea Directa, ocurrido el 16 de enero de 2010.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) agregó los crímenes de Luis Carlos Santiago, de El Diario de Ciudad Juárez, ocurrido el 16 de septiembre de 2010, y el de Carlos Alberto Guajardo Romero, de Expresso Matamoros, ocurrido el 5 de noviembre de 2010.
La organización Reporteros sin Frontera realizó un recuento de agresiones entre 2007 y 2010 y registró 21 ataques a medios de comunicación. Tan sólo en 2010 hubo 12 atentados, la mayoría en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa.
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