La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que uno de los factores que contribuye al deterioro de los hábitos alimentarios y a conformar el ambiente obesigénico de los menores es la publicidad de alimentos y bebidas. No es una coincidencia fortuita que México presente los mayores índices de sobrepeso y obesidad infantil y que al mismo presente la mayor cantidad de anuncios de comida chatarra por hora en programación infantil de televisión, como es el caso del Canal 5 de Televisa, una empresa que se dice socialmente responsable.
La 63ª Asamblea Mundial de la Salud presentó en mayo de 2010 un “Conjunto de Recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños”, en el que llama a los gobiernos a reducir la promoción de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal dirigida a los menores.
En este marco, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó la semana pasada el Proyecto de Modificaciones de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. A pesar del grado de sobrepeso y obesidad que enfrenta la población infantil en México y de las recomendaciones de la OMS, que México sería uno de los primeros países en atender por la situación que enfrenta, el proyecto de modificaciones a la regulación en publicidad no atiende las recomendaciones y los deja nuevamente expuestos a esta publicidad que degrada sus hábitos alimentarios.
La Cofepris expuso que este proyecto tardó 2 años en elaborarse en consulta continua con las empresas. El día de su presentación eran las empresas las que ocupaban la mayor parte de los asientos. No había ningún representante de las instituciones públicas en nutrición y salud pública, ningún experto en psicología infantil, en impactos de los medios en la infancia, sólo los interesados en mantener su impacto en los menores para que sigan demandando la compra de sus productos altos en grasas, azúcar y sal.
Hemos sido testigos de cómo los lineamientos para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas fueron elaborados con una base técnica sólida, recuperando la experiencia internacional, presentándose como una medida efectiva para contribuir a buenos hábitos alimentarios. Desde antes que se presentaran públicamente, los lineamientos comenzaron a sufrir el embate de las grandes corporaciones alimentarias y su deformación total se dio cuando llegaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria donde las empresas lograron modificarla al gusto para dejarlos como un “Frankenstein regulatorio”. En este caso, el proyecto de regulación publicitaria nace, por lo menos en el caso de la publicidad dirigida a la infancia, al gusto de las empresas. Esto ocurre sencillamente porque se sentó a las empresas a participar en su definición.
Este principio, el de que la industria alimentaria no debe participar en la definición de las políticas públicas enfocadas a la salud pública que puede afectar sus intereses, es cada vez más aceptado internacionalmente. El 26 de enero pasado en la Casa de los Lores en el Reino Unido se realizó una reunión del comité de Ciencia y Tecnología en el que expertos hicieron manifiesto sus dudas a que las políticas públicas en relación a alimentos y bebidas tuvieran éxito si las corporaciones seguían participando en su definición.
Lord Kerbs, miembro del comité declaró: “Existen elementos de escepticismo en nuestro comité acerca del proceso de trabajar con la industria para buscar beneficios en la salud pública que pueden enfrentarse contra la primera responsabilidad de la industria que es maximizar las ganancias y el valor de sus acciones”.
Por su parte, la Directora de ciencia y ética de la British Medical Association, Vivienne Nathanson, manifestó: “La industria…no aceptará políticas que puedan dañarlos. Ellos están viendo exclusivamente cómo proteger su negocio”.
En la editorial del Journal of Public Health de febrero se señala, en el mismo sentido, que: “Entre más ganancias provienen de alimentos procesados que de alimentos frescos, promover los segundos, recomendar a la gente que coma menos o que coma más saludablemente, contradice la esencia del negocio de muchas de las compañías de alimentos”.
La políticas públicas para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad, como la regulación de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia, debe realizarse por los expertos en salud y en psicología para garantizar el derecho a la salud de los menores, así como que la publicidad no los engañe, no los manipule, no los ponga en contra de sus padres, como lo hace actualmente.
Cofepris, atinadamente, se negó a firmar el código de autorregulación que las empresas elaboraron para la publicidad de alimentos y bebidas que dirigen a los menores, por simplemente “no creer en la autorregulación,” como lo declaró el comisionado federal Miguel Ángel Toscano.
Sin embargo, la regulación de la publicidad que propone Cofepris no significa nada más en la protección de la infancia que la autorregulación empresarial, desoye las recomendaciones de la OMS y trata de ignorar las medidas efectivas que ya se han implementado en otros países. Puede concluirse que mientras el valor para proteger el derecho a la salud de los menores no prevalezca por encima del temor a las grandes corporaciones, la situación se empeorará aún más.
El autor es director de El Poder del Consumidor, A.C.
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