Derechos humanos en el DF

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

Por razones de seguridad nacional, según adujo, la Secretaría de Marina rehusó aceptar dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se refieren a la actuación de la Armada en la investigación y localización del capo del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva. En esas operaciones perdieron la vida dos personas por entero ajenas a la persecución y al delincuente mismo. El rechazo de las recomendaciones fue objetado por un sector de la opinión pública y por organismos civiles nacionales y extranjeros. Finalmente, la Marina dio marcha atrás, y las aceptó. Es mejor para todos que así sea.

En contraste con esa flexibilidad, el gobierno de la Ciudad de México reafirmó el viernes, al vencer el plazo para dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre la Supervía Poniente, su rechazo al primer punto recomendatorio, consistente en suspender la obra. La administración capitalina se empeña en un proyecto que si bien en la lógica del tránsito rodado busca resolver los problemas de aglomeración de vehículos con su cauda de pérdida de tiempo y contaminación, lo hace a costos sociales muy altos, que se acentúan por el modo autoritario en que se resolvió llevar adelante el proyecto.

En otro contraste con la actitud del gobierno de la Ciudad de México, el grupo constructor que erige un edificio en la calle de Pedregal, en las Lomas de Chapultepec, decidió suspender durante un mes las obras respectivas. Desde que se pretendió erigir allí, muy cerca de la Fuente de Petróleos, la torre del Bicentenario, el proyecto ha suscitado la oposición del vecindario, por diversas razones. El Grupo Danhos desistió de construir la mencionada Torre y en cambio edifica una obra de menores dimensiones cuyo efecto en la zona sea menor que el inicialmente calculado. El grupo consiguió todas las autorizaciones del caso, incluida la de Bellas Artes para intervenir, sin destruirla, una obra apreciable desde el punto de vista de los expertos, debida al arquitecto Vladimir Kaspe. La oposición vecinal ha quedado reducida, a través de un diálogo auspiciado por las autoridades delegaciones y centrales, al eventual problema de circulación que los residentes y visitantes del nuevo edificio pueden provocar. Sin tener obligación legal para ello, sino como señal de respeto a los eventuales afectados, la empresa ha ordenado a su costa un estudio de vialidad y mientras se realiza ha determinado suspender los trabajos de construcción.

En cambio, el gobierno de la ciudad sigue sordo a escuchar razones y al responder a la CDHDF insiste en que es imposible jurídicamente la suspensión, pues se han contraído obligaciones que la administración no puede dejar de cumplir. Es preciso recordar aquí que están en curso varios juicios, de amparo y de nulidad, que eventualmente pueden terminar en fallos adversos a las autoridades e incluir mandamientos judiciales para suspender las obras. Ante una decisión judicial firme el gobierno tendría que acatarla y por la fuerza de la resolución jurisdiccional desaparecería el pretexto de su imposibilidad jurídica.

Se dirá, entonces, que en ello radica la diferencia: que el gobierno cumpliría una disposición de los tribunales que sea inatacable, pero no está en obligación de hacer lo mismo con el documento de la CDHDF, que no es vinculatorio. Una interpretación sistemática de la legislación puede conducir a una conclusión distinta. El Estatuto de Gobierno del DF (una suerte de constitución local, a falta de una verdadera, pero que es el ordenamiento jurídico con primacía en la ciudad) establece entre los principios estratégicos del gobierno local (artículo 12, fracción VIII), "la observancia, respeto y atención a recomendaciones de las autoridades y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano".

Una vez que se haga del dominio público la respuesta del gobierno capitalino, será necesario examinarla con detenimiento. Por ahora cabe reflexionar en el efecto adverso que la administración de la ciudad ha buscado generar en torno de la CDHDF. En evidente consonancia, funcionarios gubernamentales y agrupaciones civiles (cuyos dirigentes no parecen percatarse de que la oposición a la Supervía los beneficia también, porque un fundamento principalísimo de la recomendación es el daño al derecho a un ambiente sano, de que son titulares todos los que viven y circulan en la ciudad) concentran su atención en deturpar al ombudsman capitalino, que vela también por sus derechos.

Un grupo de 100 personas con presencia pública, por su creatividad artística y su labor intelectual, dirigió al gobierno de la ciudad un pedido que el destinatario desestimó. De ese documento cabe rescatar la apreciación que los firmantes hacen de los organismos de derechos humanos: "Las autoridades... se ven tentadas a descalificar y hacer caso omiso de sus recomendaciones: ese actuar es torpe y... no hace más que provocar daños mayores. Por el contrario, cuando se respeta a los organismos de derechos humanos se evitan conflictos sociales mayores y se robustece la credibilidad de los gobernantes". Los solicitantes invocan congruencia en el jefe Marcelo Ebrard, de quien valoran "su actuación en pro de los derechos de diversas minorías (y) el interés que ha manifestado en foros internacionales hacia el problema del cambio climático", por lo que esperan que respete la defensa pacífica del medio ambiente.

Cajón de Sastre

Sin saber lo que ocurriría en el Zócalo el sábado por la mañana, la Plaza Pública del domingo, redactada en la víspera, recogía el reproche del general Jorge Carrillo Olea sobre la falta de preocupación presidencial por el bienestar de las tropas del Ejército. Las altas remuneraciones a los 655 generales, citadas por el ex gobernador de Morelos, contrastan con el abandono que padece el personal en retiro, cualquiera que sea su grado. Generales, jefes, oficiales y clases se manifestaron en la Plaza de la Constitución el 12 de febrero denunciando los escasos haberes que reciben como pensionados, 5 mil pesos en promedio con muchos casos en que apenas llega a 3 mil 500 pesos cada mes. Esa magra cantidad obliga a los militares en retiro a desempeñar oficios mal retribuidos o a ingresar a la economía informal. Nadie atiende sus demandas.