miércoles 9 de febrero, 11:39 AM
México, 9 Feb. (Notimex).- Los errores cometidos en el tema de la Supervía Poniente son evidentes, y lo que se reclama es que el gobierno local los reconozca "y que se dé una muestra clara de que hay voluntad real de salvaguardar los derechos de todas las personas", dijo el titular de la CDHDF, Luis González Placencia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que la aceptación de la recomendación es un tema de elemental congruencia, porque si esta ciudad se ha proclamado como protectora y defensora de las garantías de las personas tiene que apoyar las decisiones de esta instancia.
Entre los hechos documentados por la CDHDF se encontró que el Gobierno del Distrito Federal omitió motivar la cancelación del procedimiento de licitación y el cambio de adjudicación directa, además de admitir la solicitud de concesión antes de que se abriera el plazo legal para ello.
En la fundamentación que realizó González Placencia se estableció que el gobierno local no solicitó "el visto bueno a un tercero independiente, como lo exige la Ley de Régimen Patrimonial; éste es otorgado por la Secretaría de Finanzas. Este proceder, ilegal sin duda, tampoco es explicado por la autoridad".
El titular de la CDHDF aseveró que los derechos humanos no están sometidos a consideraciones mayoritarias, entonces no se puede afirmar que se respetan si se les garantiza a una mayoría y no a una minoría, "o se respetan los derechos humanos o no se respetan los derechos humanos".
Sin embargo, confió en que los argumentos presentados sean suficientes para motivar que la Recomendación 01/2011 sea aceptada por el gobierno capitalino y con ello que haya un mensaje que apuntale la legitimidad de la comisión.
Aclaró que no se trata de someter a votación si se hace la Supervía o no, lo que se busca es permitir conocer cuáles son las opiniones u objeciones que hay en un proyecto cualquiera que pueda poner en riesgo la viabilidad del medio ambiente.
En el tema de la Supervía, aseveró que el problema es que hay incertidumbre y que ésta no se resolvió de manera institucional como propone la ley.
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