Cassez y Genaro

JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO

Yo no sé si Florence Cassez es culpable o inocente de haber participado en los secuestros de la banda de Los Zodiaco. La información disponible es contradictoria y la práctica mexicana de ocultar los expedientes judiciales profundiza la desconfianza (¿a quién se le ocurre que esconder el contenido de los procesos puede ayudar a la credibilidad del sistema jurídico de un país?).

Lo que sí sé es que en cualquier país con un verdadero estado de derecho la falsa reescenificación de la captura de los supuestos miembros de la banda y el rescate de los secuestrados que el 9 de diciembre de 2005 montó el entonces director de la AFI, Genaro García Luna, habría derrumbado el caso.

En México este montaje no sólo no fue castigado sino que el presunto organizador fue premiado con el cargo de secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón. En esta responsabilidad le ha tocado el mayor aumento de violencia en la historia de nuestro país.

Lo que sabemos del caso, a pesar del ocultamiento sistemático de los expedientes, es que Florence Cassez y su pareja, Israel Vallarta, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005 en la carretera México-Cuernavaca al salir de casa de Vallarta. Fueron retenidos de manera ilegal durante un día sin que se les presentara al Ministerio Público. En ese lapso, desde la oficina del director de la AFI se citó a varios medios de comunicación para acompañar un operativo. A la mañana siguiente se llevó a cabo el supuesto rescate de unos secuestrados y la detención de Cassez y Vallarta. Las circunstancias de esta reescenificación no tuvieron nada que ver con las de la detención real.

Las principales pruebas en contra de Cassez son, al parecer, los testimonios de una madre y de su hijo que se encontraban secuestrados en la casa de seguridad donde se llevó a cabo el montaje. Los abogados de la francesa afirman que las víctimas cambiaron sus testimonios y reflejaron en ellos la falsa versión de la reescenificación de la captura. Cassez dice que nunca estuvo enterada de las actividades delictivas de Vallarta, quien ha corroborado esta declaración. Es difícil, sin embargo, llegar a una conclusión definitiva sobre el caso sin examinar directamente los expedientes.

Este caso demuestra una vez más el daño que la falta de transparencia le hace a la credibilidad del sistema jurídico mexicano. En otros lugares del mundo los juicios son públicos. En México, la Constitución también supuestamente garantiza este carácter público de los juicios, pero la verdad es otra. Solamente las partes de un juicio pueden tener acceso a los expedientes. Dicen los legisladores y algunos juristas que esto se hace para proteger los derechos de los acusados y para evitar juicios mediáticos. La realidad es radicalmente distinta. La falta de juicios públicos despoja a los acusados de sus derechos y genera sospechas sistemáticas. No evita el interés de los medios, pero sí hace imposible que el tratamiento pueda estar bien informado.

Ante la falta de acceso a los expedientes, la sociedad no puede saber si Cassez es inocente o culpable. De lo que sí hay certeza es que la AFI actuó de forma inadecuada al retener a los detenidos para, en vez de presentarlos al Ministerio Público como dice la ley, montar un circo mediático. Las sospechas generadas por este montaje envenenan hoy la relación entre México y Francia y han creado una nueva guerra de los pasteles. Pero el responsable de la acción ilegal es hoy el secretario de Seguridad Pública de nuestro país.

Clases medias

Los gobiernos mexicanos siempre han justificado los subsidios y tratos especiales fiscales diciendo que son para beneficiar a los pobres. La verdad es que la mayor parte favorece a las clases medias. La tendencia se fortalece ahora con la deducción a las colegiaturas de las escuelas privadas.