El caso Aristegui reabrió el debate sobre la situación de los medios en México.
La periodista mexicana Carmen Aristegui dio este miércoles su versión sobre su salida de la emisora MVS, después de que el viernes pidiera al gobierno una declaración sobre supuestos problemas de alcoholismo del presidente de México, Felipe Calderón.
La conductora aseguró durante una conferencia de prensa que el ejecutivo había exigido a los dueños de MVS una disculpa pública por sus palabras.
Felipe Rocha, vocero de MVS, le dijo a BBC Mundo este miércoles que "espera poder oír la declaración completa de Aristegui y en función de eso decidir con los dueños" la respuesta de la empresa.
Por su parte, el ejecutivo publicó un comunicado en el que "rechaza haber tenido cualquier participación en la salida de la periodista" de MVS Noticias.
"Las especulaciones sobre supuestas presiones del Gobierno Federal hacia MVS son falsas (...) el respeto del Gobierno Federal a todos los comunicadores es absoluto e independiente de coincidencias y discrepancias", reza el documento.
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"Espacios perdidos"
Si se comprueba que esta decisión (de MVS) obedece a presiones políticas directas o indirectas, el despido de Carmen Aristegui constituye un revés grave a la libertad de expresión
Reporteros Sin Fronteras
Aristegui añadió este caso no sólo la afecta a ella y a su equipo. "México atraviesa por un momento crítico y no está para perder aquellos espacios que se han ganado”, aseguró.
Para la ex conductora de "Primera emisión", la polémica sobre su despido tiene relevancia para toda la sociedad mexicana, quien, en sus palabras, resultó "agraviada en sus derechos fundamentales".
De hecho, no son pocas las instituciones periodísticas y expertos en comunicación los que señalan que el "caso Aristegui" podría abrir un debate más amplio sobre el estado de la profesión en México. Y sobre los derechos de los mexicanos.
"Si se comprueba que esta decisión (de MVS) obedece a presiones políticas directas o indirectas, el despido de Carmen Aristegui constituye un revés grave a la libertad de expresión", asegura la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).
"La periodista reaccionó profesionalmente y quiso proporcionar a la presidencia el derecho de réplica. ¿De qué debía disculparse? (…) El rumor debe convertirse en información o desaparecer tras un justo examen de los hechos o un debate digno de ese nombre", sostiene RSF en un comunicado.
Medios y poder
En este mismo sentido se pronunció el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que considera que la salida de la conductora del aire resta pluralidad a la información que recibe la sociedad mexicana.
"El caso de Aristegui ha abierto el debate sobre la relación de los medios y el poder político, la ética de los medios y la transparencia de los mismos, así como la relación laboral entre dueños y periodistas en México", sostiene la organización no gubernamental.
Uno de los principales reclamos de profesionales y empresarios de la comunicación ha sido desde hace años el cambio en el sistema de concesión de frecuencias para emitir en radio y la apertura del mercado televisivo a otros conglomerados.
"Dos empresas, Televisa y TV Azteca, controlan el 94% del contenido de entretenimiento televisivo en el país", explica Raúl Trejo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMDI).
Aunque el paisaje radiofónico está más abierto que el televisivo, poco más de una decena de familias siguen controlando la mayor parte del espectro, añade el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Miedo a los grandes consorcios"
Sería deseable que el caso de Aristegui sirviera para abrir un debate sobre el estado de la libertad de expresión, la concentración de medios y el sistema de asignación de frecuencias de radiodifusión por parte del Ejecutivo
Raúl Trejo, Amdi
"Los diputados y senadores de todos los partidos le tienen un miedo horrible a cambiar la legislación, porque cada vez que lo intentan se enfrentan al rechazo de quienes hoy se benefician de ella: los grandes consorcios mediáticos", dice.
De acuerdo con las leyes mexicanas, el espacio radioeléctrico del país es propiedad del Estado, y su uso es concesionado a empresas por un periodo determinado.
Y la última Ley Federal de Radio y Televisión entró en vigor hace cerca de cinco décadas.
"Las leyes que ya eran obsoletas en los 70 lo son ahora todavía más", dice en referencia a la norma aprobada en 1960.
"Sería deseable que el caso de Aristegui sirviera para abrir un debate sobre el estado de la libertad de expresión, la concentración de medios y el sistema de asignación de frecuencias de radiodifusión por parte del Ejecutivo", asegura.
Aunque reconoce no estar seguro de que vaya a ser así.
"Cosas parecidas a lo que dijo Aristegui ya lo han dicho otros periodistas 'menos incómodos'. Por decir lo mismo, quizás a otro no le hubieran presionado", dice. "Y la empresa habría tomado otra actitud".
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