Gregorio Ortega Molina
January 13, 2011
Un clamor une ya a buena parte de la sociedad en un grito unánime: ¡Basta de sangre!, pero nada ocurrirá porque el sistema político mexicano carece de instrumentos constitucionales y legales para contener la voluntad presidencial en el estricto ámbito de sus decisiones administrativas; tampoco se detendrá esta guerra absurda porque en ciertos intelectuales, periodistas y políticos priva un razonamiento estúpido: hacerlo es vencerse a la paz narca o dar la razón al PRI, ceder a un acomodo similar previo a la alternancia; todavía peor, el presidente constitucional de México en este tema, sólo tiene oídos para Genaro García Luna, y éste está en el culmen de su poder.
Insisto, a riesgo de aburrir o parecer repetitivo: es urgente suscribir el diagnóstico de Denise Dresser, porque efectivamente esta aterida nación está inmersa en un colapso moral, que únicamente puede resolverse de una manera: la reforma del modelo político, pues no aceptar que la transición pasa por el replanteamiento total de las funciones de la institución presidencial, es no querer comprender que el presidencialismo es principio y fin de todo en México, y en esa medida no hay nada ni nadie que contenga la voluntad del presidente de la República en funciones. Estamos urgidos de un Adolfo Suárez que al asumir el poder decida, para bien de la Patria, auto acotarse con un jefe de gabinete y con ceder ciertos controles políticos del Ejecutivo al Congreso, como lo es ya la urgente, necesaria ratificación del gabinete por el Poder Legislativo, por mencionar algunas de las reformas urgentes.
Mientras lo anterior no ocurra, pueden olvidarse de la transición y de otras reformas también necesarias, como lo pueden ser la laboral, energética, de justicia penal -que nació coja- y otras…
Para ello, también se requiere, como lo pide Rius, que la sociedad civil exprese, de manera enérgica, su rechazo a la política de Felipe Calderón que ha propiciado el clima de inseguridad y miedo que se vive en México.
Lourdes Arizpe, antropóloga, declaró a La Jornada: “Obvio que son los violentos quienes impulsan la violencia y éstos tienen que ser detenidos. Pero la pregunta importante no es quiénes son los violentos, sino por qué tantos mexicanos se han vuelto tan violentos en los pasados diez años. La combinación tóxica son las políticas que generan la desigualdad y el desempleo combinadas con la incapacidad total de haber detenido la exportación de drogas, la importación de armas y el lavado de dinero, combinadas con la imposición de ideologías religiosas pasivas sobre ideologías políticas que podrían haber abierto los cauces de expresión, debate y negociación con los excluidos en su propio país.
“Aplaudo la campaña ciudadana contra la violencia que encabezan La Jornada, Proceso y Rius, pero requiere dos niveles de estrategia: exigir, después de 30 mil muertos, un viraje de una política de la violencia policial hacia un manejo económico y político del narcotráfico en el ámbito de lo posible en una soberanía deteriorada. Y, por otro, la insurgencia contra las industrias de las armas y contra quienes, teniendo las tecnologías y la fuerza para detener el narcotráfico, no lo han hecho. En otras palabras, evitar que el narcotráfico se siga convirtiendo en el brazo violento de la política”.
Pero claro, habrá quien sostenga que lo que se pretende es entregar la plaza a los barones de la droga, cuando en diferentes tonos se ha insistido en lo contrario, pues no se puede, es impensable “empollar” un Estado dentro del Estado, pero por el momento, con esta guerra, es lo que hacen.
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