Empleados de la PGR gastaron más de 27 millones de pesos en un viaje a Las Vegas, en gastos sin comprobar y en otras irregularidades, dio a conocer la Secretaría de la Función Pública. La dependencia presentó una denuncia penal por peculado contra los responsables
José Gerardo Mejía
El Universal
jose.mejia@eluniversal.com.mx
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a tres servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), por disponer de más de 27 millones de pesos en gastos sin comprobar, además de pasajes de avión a Las Vegas y otras irregularidades.
Los funcionarios fueron acusados de hacer pagos indebidos, como pasajes de avión a Las Vegas, Nevada, paquetes funerarios a favor de terceros hasta por 37 mil pesos, y manejo indebido del fondo revolvente en el primer trimestre de 2008 y de 2009.
Los responsables argumentaron, sin ofrecer pruebas, que una parte de la documentación comprobatoria desapareció con motivo del huracán Dean, que azotó a Tabasco en 2007.
La dependencia presentó una denuncia penal por peculado, que involucra a Bernardino Rico, delegado estatal de la PGR en Tabasco; a su antecesor, César Romero, titular de la delegación en 2007; al subdelegado administrativo Alberto Reyes, y al jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros, Néstor Que Baños.
Los presuntos involucrados giraron 279 cheques, cuyos beneficiarios no están registrados, y presentaron facturas y tickets que amparan la compra de videojuegos, televisores, muebles, electrodomésticos, entre otros artículos.
En lo relativo a las sanciones impuestas por la SFP, el delegado estatal de la PGR en Tabasco fue destituido, inhabilitado por 10 años para trabajar en el gobierno federal, y se le aplicó una multa de 5.9 millones de pesos.
El subdelegado administrativo fue inhabilitado por 11 años para trabajar en el gobierno federal y se le impuso una multa de 5.9 millones de pesos; el jefe de Departamento de Recursos Materiales y Financieros fue destituido e inhabilitado por 10 años para trabajar en el gobierno federal y se le impuso una multa de 5.9 millones de pesos.
Las sanciones derivaron de una investigación de la SFP que demostró que la delegación estatal de la PGR no presentó la documentación que debe soportar la erogación del gasto de recursos públicos de 2007, por un monto de más de 9 millones. En 2008 y 2009 tampoco se comprobó adecuadamente el ejercicio, por 17.9 millones de pesos. De esta cifra, 11.8 millones de pesos son gastos no comprobados, y 6 millones 70 mil pesos están justificados con facturas y documentos de adquisiciones de bienes y servicios no vinculados a los objetivos de la institución.
Romero, quien fuera delegado de la PGR durante 2007, no resultó administrativamente responsable, pero sí tiene probable responsabilidad penal.
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