Otro año de guerra absurda y feminicida

Víctor M. Quintana S.

Unos cuantos datos resumen la situación que viven Chihuahua y el país al terminar un año y comenzar otro. Durante 2010, en todo el estado el número de homicidios dolosos ascendió a 5 mil 212, contra 3 mil 249 en 2009, 60.4 por ciento más. En Ciudad Juárez y los dos municipios del Valle de Juárez la cifra de asesinatos ascendió a 3 mil 111, contra 2 mil 754 en 2009, 13 por ciento más. Y durante los 12 meses que acaban de transcurrir fueron ultimadas 304 mujeres en Juárez, más que ningún otro año. (El Diario de Chihuahua, 25/12/10; El Diario de Juárez, 2 y 3 de enero de 2011.).

Nunca en la historia del estado de Chihuahua y del país habían acaecido tantos asesinatos como en el cuarto año de la guerra calderoniana contra el crimen. Pero lo que más indignación produce a la ciudadanía son la ineficacia de dicha guerra y la economía política de la misma, es decir, a quién, o a quiénes aprovechan las decenas de miles de muertos en México, con la destrucción física, mental y social que traen consigo.

Porque hay más datos para fundamentar nuestra indignación, sobre todo si comparamos la estrategia de Washington con la de Los Pinos: en las tres mayores ciudades de Estados Unidos, el número de muertes violentas entre 1990 y 2009 experimentó decrementos muy significativos: en Nueva York, de 2 mil 245 homicidios anuales pasó a 471 en esas dos décadas, 79 por ciento menos; en Chicago, de 850, a 458 asesinatos anuales: 46 por ciento menos, y en Los Angeles, de 983, a 312: 68 por ciento menos. (Datos de USA Today, 29/12/10).

Es más, en El Paso, Texas, que colinda metro por metro con Juárez, la urbe más violenta del mundo, el número de homicidios del primero de enero hasta el 25 de diciembre de 2010 fue de sólo cinco, contra 12 en 2009, lo que la convierte en una de las localidades más seguras del país vecino (El Diario de El Paso, 2 de enero de 2011).

Entonces no es cierto que a mayor número de adictos, más violencia: en Nueva York se cuenta con un millón 300 mil adictos, esto es, 18 por ciento de su población, según la New York City Liberties Union, mientras en Juárez hay cerca de 100 mil, pero el número de homicidios dolosos en esta última durante 2009 fue 660 por ciento mayor. Aun sumando los asesinatos que en 2010 acaecieron en las tres mayores urbes estadunidenses, los homicidios en la frontera juarense son todavía 250 por ciento más: 3 mil 111 contra mil 241, pero el número de adictos en esta última es mucho menor.

Las preguntas brotan a borbotones: ¿para quién trabaja la estrategia del Estado mexicano?, ¿para hacer más segura la distribución de droga en las calles de las ciudades estadunidenses?, ¿por qué acá pagamos los costos en vidas, en seguridad, en tensión familiar en desgarramiento del tejido social y allá no?, ¿qué otros combates está emprendiendo Calderón bajo la cobertura de la guerra al narcotráfico por encargo de quienes detentan el poder allende el Bravo? Cuando la seguridad de la mayoría de los ciudadanos es la que ha sido gravemente vulnerada, ¿puede decirse que la guerra calderoniana es por la seguridad nacional? En todo caso ¿de cuál nación?

El aspecto absurdo de esta guerra no debe, sin embargo, invisibilizar otro no menos importante: los feminicidios. Si bien todavía no pueden catalogarse como tales los 304 asesinatos de mujeres ocurridos en la región de Juárez en 2010, nos revelan con toda claridad que en el contexto de esta guerra hay una situación de extrema vulnerabilidad para la vida de las mujeres. Más cuando ellas se atreven a reclamar justicia y a defender los derechos humanos, como acaba de mostrar a todo el mundo el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz, el 16 de diciembre.

Y hasta ahora los diversos niveles de gobierno, mejor dicho el Estado Mexicano en su conjunto, no ha hecho nada por atacar de raíz esta situación de violencia. Así lo muestran la tardanza y la negligencia en acatar y llevar a cabo de inmediato la sentencia sobre el caso del Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde noviembre de 2009. En ninguno de sus niveles el Estado ha puesto los medios necesarios para llevar a la práctica cada uno de los resolutivos de dicha sentencia, orientados no sólo a reparar el daño a las familias de las víctimas, sino también a generar las condiciones para desterrar de raíz la violencia de género.

Y mientras gobierno federal y gobierno del estado siguen atascados en esta absurda y costosa guerra sin traza alguna de cambiar de estrategia, las voces ciudadanas, que llevan agravios, que llevan reclamos, que exigen cuentas, se siguen expresando en las velas, provenientes de muchos rumbos que ya rodean al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Ahí donde la muerte de Marisela generó una indeclinable lucha por la vida.

Fuente: La Jornada