Males público

DENISE DRESSER


¿De qué lado está parado Marcelo Ebrard? ¿Del lado de la ley o de su aplicación selectiva? ¿Del lado de desarrolladores codiciosos o de ciudadanos comunes y corrientes? ¿Del lado de ganancias multimillonarias para algunos o mejoras urbanas con beneficios para muchos? ¿Del lado de la planeación adecuada o la improvisación dañina? ¿Del lado de una ciudad que provee bienes públicos para sus habitantes o de una ciudad que permite su privatización? Preguntas centrales. Preguntas críticas. Preguntas que van al corazón de cómo se ejerce el poder y en nombre de quién. Preguntas relevantes para Marcelo Ebrard porque en un tema crítico parece estar parado del lado equivocado.

Allí, en un punto nodal de la ciudad, cerca del cruce de Paseo de la Reforma y Periférico está un microcosmos de opacidad y arbitrariedad, colusión y corrupción, autoridades doblegadas y autoridades cómplices. Allí, en el proyecto de una torre de 25 pisos -que atraerá a 7 mil personas y a sus autos a una zona ya congestionada- está el mejor ejemplo de las peores prácticas. Desarrolladores que obtienen un amparo para violar la ley, cuando los demás residentes de la zona se ven obligados a respetarla. Autoridades que se declaran impotentes ante la construcción de un edificio que viola muchas normas de impacto vial y ambiental. Un grupo empresarial -Danhos- que obtiene privilegios y permisos a los que no tiene acceso cualquier ciudadano sin compadres en el gobierno del Distrito Federal. Hechos consumados -como la demolición de un edificio de Vladimir Kaspé aprovechando las vacaciones- que constituyen una burla a los vecinos, una afrenta a la ciudadanía, una violación a las normas generales del buen desarrollo urbano.

Ante ello, lo que más sorprende es la anuencia de Marcelo Ebrard. El silencio de Marcelo Ebrard. La esquizofrenia que demuestra el "Alcalde del Año" cuando promueve el uso de la bicicleta y el Metrobús, pero por otro lado permite un proyecto que incentiva el uso del automóvil y la apropiación privada del espacio público. La contradicción en la que cae alguien que, por buenos motivos, se opuso a la famosa Torre del Bicentenario y ahora permite una estructura igualmente tramposa que se construye en su lugar. Y qué decir del delegado Demetrio Sodi, quien declara que no va a ser "mártir" de los vecinos, cuando su deber es representarlos. O de la secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado, quien por lo visto está de acuerdo con la llegada de 2 mil 100 automóviles diarios -que formarán una cola de de 10 kms para entrar al edificio- a dos cuadras del Bosque de Chapultepec. O de Teodoro González de León, uno de los arquitectos más respetados de México, participando en una obra que implica el caos vial y la destrucción ambiental, el "bullying" urbano por parte del Grupo Danhos y la obvia colusión de autoridades que lo permiten.

Y en un espurio intento de defensa de lo indefendible, tanto el Grupo Danhos como lo aludidos argumentan que el proyecto cuenta con un amparo para construir 25 pisos. Un amparo otorgado en condiciones cuestionables cuya honestidad está en juego. Un amparo que no debería ser cheque en blanco para violar otras normas aplicables en la zona. Un amparo que es sólo por los pisos, pero no debería proveer cobertura para ignorar el Plan Parcial de Desarrollo para Chapultepec en otros ámbitos. Un amparo que se ha vuelto una forma de presentar como un fait accompli algo que no debería serlo si Marcelo Ebrard se abocara a aplicar la ley con rasero parejo, no de manera discrecional con sus cuates o sus contribuyentes de campaña. A ellos, por lo visto, sí les permite hacer un proyecto que creará la misma pelotera sobre Reforma que produce cualquier evento del Auditorio, sólo que dos veces al día y cinco veces por semana. A ellos sí les asegura beneficios privados aunque generen costos públicos.

Esto es lo que ocurre cuando un gobierno es incapaz de hacer valer normas generales para todos. Cuando el negocio de un multimillonario contratista se impone sobre el derecho de los vecinos. Cuando no hay reglas claras ni sanciones para quienes las ignoren. Cuando la autoridad cede y concede, negocia la ley y deja que cualquiera -un ambulante, un franelero, el Grupo Danhos- la interprete a su libre albedrío. Se crea un escenario donde todos hacen lo que les da la gana: se apropian de una calle o construyen un edificio que va en contra de la normatividad prevaleciente o toman a punta de pistola lo que quieren. La ciudad y el país se vuelven un entorno hobbesiano donde gana la voluntad del más fuerte, del más corrupto, del que más contactos tiene dentro del gobierno, del que más maletines llenos de dinero puede proveer.

Y de allí el imperativo de llamar a Marcelo Ebrard a rendir cuentas por lo que está permitiendo. De exigir que explique lo que parecen acciones de un gobierno coludido o cómplice. De insistir en que aclare en dónde está parado y en nombre de quién gobierna. De que frene una obra construida para beneficiar un racimo de intereses privados, mientras produce una maleza de males públicos.