¿Antídoto vs evasión?
Seguramente, junto con el reto de comenzar el año con nuevo equipo, sobre el escritorio de Ernesto Cordero, titular de la SHCP, está otro tema relevante, que podría determinar el éxito de su gestión: ¿Cómo acabar con la evasión fiscal?
Así, a partir del 1 de enero empezó a aplicarse una política que por años se ha mantenido bajo estudio, que apenas este 2011 se formalizó como una medida obligatoria y que tiene la enorme encomienda de inhibir las trampas que grandes y pequeños contribuyentes ponen para evadir impuestos: la factura electrónica, misma que pondrá en aprietos a los pequeños negocios dedicados a imprimir facturas en papel y a quienes aún se resisten a utilizar la tecnología en su vida diaria.
¿Podrá esta factura declararle una batalla seria a la evasión? Por lo pronto, el contexto que rodea a esta medida documenta la duda.
Desde 1997 la SHCP ha intentado apoyarse en el auge tecnológico para mejorar sus sistemas de recaudación, pero los procedimientos para desarrollar una política eficiente han sido severamente cuestionados, sin que se haya logrado implementar medidas que mejoren los formatos de recaudación, ni promuevan la cultura de pagar impuestos.
Ahora, se piensa que esta historia tendrá un final feliz.
La factura electrónica fue aprobada en 2004 por la SHCP como un esquema original de comprobación fiscal y fue finalmente en 2009 cuando el Congreso de la Unión decidió atacar la raíz de la constante problemática de la evasión fiscal, misma que entre 2006 y 2008 generó pérdidas por 38,925 mdp, y decidió establecer un periodo de dos años (2010 y 2011) para completar la migración del total de los contribuyentes a este nuevo formato. Pero, con ello, saltaron las dudas.
En 2010 el uso de la factura electrónica se estableció como opcional para cualquier contribuyente, por lo que el SAT decidió brindar todo tipo de facilidades y privilegios a quienes adoptaran el nuevo esquema y comenzaran a operarlo. Pero a partir del pasado 1 de enero, por decreto oficial, su uso se convirtió en una obligación para todos aquellos contribuyentes que cuenten con ingresos superiores a los 4 mdp.
Al respecto, Se Cabrera, coordinadora de Investigación Fiscal de Impuestum Contadores, sostiene que la principal problemática del cambio se encuentra en el proceso migratorio y de transición de cada uno de los contribuyentes, quienes todavía desconocen cómo es que se debe desarrollar el procedimiento.
A su vez, Raquel Aguilar, ejecutiva de IDC Asesor Jurídico y Fiscal, menciona que el principal obstáculo para el traslado de los contribuyentes se relaciona con el software de transferencia de datos, ya que las empresas deberán ajustar sus procesos contables y administrativos.
Bajo estos criterios, se cree que si bien la medida correctamente implementada mejorará la eficiencia del SAT, la verdadera tarea de la factura consistirá en disminuir el riesgo de fraude y evasión fiscal.
A simple vista, existen algunos sectores que podrían no salir bien parados con estos cambios. De primera mano, pareciera ser que gente de la tercera edad o personas que practican pequeños oficios han quedado excluidos en las bases de este formato. Pero quienes resultarán verdaderamente afectadas serán las imprentas autorizadas para facturas en papel, que perderán casi todo su mercado, pues sólo acudirán a comprar blocks aquellos que facturen por montos menores a 2,000 pesos.
Por otro lado, hay un dato que atiza el pesimismo: de 2005 al cierre de septiembre de 2010, sólo 45,000 de los 6.4 millones de contribuyentes emisores de facturas habían migrado a la nueva modalidad.
En conclusión, la facturación electrónica está a prueba.
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