Continuidad y amnesia

TOLVANERA

Roberto Zamarripa

Enrique Peña por fin se atrevió a exponer ideas y no solo sonrisas televisivas. Aunque lo hizo en inglés y para lectores británicos, Peña delineó en un artículo para el diario Financial Times (6/01/11) una Estrategia Nacional para Reducir la Violencia (ENRV) en el próximo lustro.

Sus pilares son: a) Prevención. Propuso reducir la desigualdad de oportunidades con la universalización de la cobertura de seguridad social: en salud, pensiones y prestaciones por desempleo. Un sistema educativo de calidad con jornadas escolares completas y no de medio tiempo para favorecer el acceso de jóvenes al mercado laboral y no al crimen. Una reforma fiscal que incremente la recaudación para financiar ese proyecto.

b) Creación de una fuerza policiaca especial y mejora de instituciones de justicia. "Fortalecer las labores de inteligencia en contra del lavado de dinero" para dar golpes certeros a las finanzas criminales, explicó.

"La presente administración ha empezado a actuar en este sentido, pero se necesita un esfuerzo mucho mayor, enfocado en reducir el tamaño de la economía informal", adujo.

Propuso "acelerar la instauración en todo el país del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, para contar con una justicia eficiente y transparente"; avanzar en el modelo de policías estatales únicas para sustituir a las policías municipales.

c) Focalizar en las zonas de mayor violencia, después, en los municipios con mayor riesgo de detonar espirales de criminalidad, zonas cercanas a la ruta del tráfico de drogas y, al final, el resto del país.

d) Responsabilidad compartida. Sumar todos los niveles de gobierno y a la sociedad organizada para cimentar una política de Estado en el largo plazo.

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El presidente Felipe Calderón debe estar satisfecho de que uno de los principales aspirantes a sucederlo no pretenda romper la cuestionada política de combate al crimen organizado. Incluso, la oferta de Peña es más conservadora y acotada que la actual.

La receta Peña no está indicada para atacar de raíz la narcoviolencia y menos para sentar bases de una reorientación de la política de seguridad pública en México. La ENRV pretende administrar el problema para otorgar una sensación de paz y tranquilidad. Una especie de anestesia basada en la percepción (hay menos muertos, por tanto hay menos violencia, por tanto hay menos delincuencia) y en el bloqueo de la memoria.

El estado de México cerró 2010 con más ejecuciones que Michoacán, Morelos o el Distrito Federal. Durante el sexenio de Peña la tendencia de narcohomicidios ha ido a la alza y la entrega de culpables de los mismos a jueces ha ido a la baja. El narcomenudeo es galopante sobre todo en el oriente mexiquense y todos los cárteles del narcotráfico tienen presencia en la entidad: La Familia, los Zetas, Pacífico, los Beltrán.

Las guaridas de grandes capos están en Huixquilucan: El Grande, La Barbie, El JJ, por nombrar algunos colonos distinguidos. Las empresas farmacéuticas de Zhenli Ye Gon -acusado de lavado de dinero- fueron instaladas en territorio mexiquense, con autorizaciones locales durante el gobierno de Arturo Montiel, del cual Peña fue colaborador estrecho.

La política de seguridad del actual gobierno mexiquense no tiene los mejores récords. El cadáver de una niña desapareció entre las cobijas de una cama en un caso con todo el tufo de corrupción policial mientras que 24 cuerpos de albañiles asesinados aparecieron en una fosa de La Marquesa con la documentada implicación de policías locales en el hecho.

Hay, sin duda, pinceladas interesantes en la ENRV como la intención de acelerar los juicios orales, pero está comprobado que no es panacea sino apenas un instrumento de un conjunto de reformas que deben alinear el sistema de justicia en beneficio de los ciudadanos. El caso de Marisela Escobedo es un ejemplo de ello.

No es cuestionable tampoco la intención de mejorar la educación pero, Peña no le platicó a los lectores londinenses de su alianza con la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, quien querrá doble licencia sindical, 20 secretarías de Educación, 12 gubernaturas, mil Hummers, 300 diputaciones y 32 senadurías para garantizar los turnos completos en las escuelas.

Atacar el lavado de dinero no es una propuesta nueva, pero el problema es que eso no fue aplicado para castigar a los blanqueadores de Arturo Montiel, el gobernador que se encargó de promoverlo para su actual función.

Peña no aborda lo central: el combate a la corrupción. No quiere o no puede. El asunto está ausente en su propuesta de reducción de la violencia. El gobernador quiere silenciar cañones pero dejar intacto el negocio. Sugiere levantar la alfombra para ocultar la basura, pero no consumar la limpia completa de la casa.

Lo bueno es que ya se animó a exponer ideas aunque estos esbozos lo hagan lucir más conservador que los panistas. Por algo se empieza.