MÉXICO, 25 de enero, 2011.- La iniciativa del gobierno federal para expedir la llamada ley antilavado fue calificada con 5.6 -en un escala de 0 a 10- por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY).
La reprobación del organismo se basó en una evaluación cualitativa y cuantitativa de los 10 grandes apartados temáticos que abarca la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.
Después de la revisión metódica que se enmarca en el Proyecto Evalúa y Decide del CEEY, varios de los panelistas coincidieron en que existen importantes deficiencias en la iniciativa.
Algunos tuvieron la impresión de que la Iniciativa sólo se hizo con el fin de cumplir las recomendaciones hechas hace varios años por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI).
El Centro mencionó que la propuesta no es viable para México puesto que es un país “dolarizado y con una economía fuertemente informal”, alrededor del 65% del total de la economía. Así, determinó que la iniciativa continúa obligando a quienes se encuentran ya dentro del sistema recaudatorio y no incluye a los que se encuentra fuera de éste.
Además, los especialistas enfatizaron el problema de filtración y corrupción en el sistema aduanal que ha permitido se laven 30 mil millones de dólares al año.
Asimismo, puntualizaron que la ley planteada sólo contempla a cierto tipo de negocios como fiscalistas, corredores, auditores, notarios, contadores, agentes inmobiliarios, dejando de lado otros que podrían sujetarse a ésta como son los agentes aduanales, casas de empeño, centros cambiarios, corresponsales bancarios, los partidos políticos, las iglesias y las asociaciones, entre muchos otros.
Por eso, dentro de los resultados de la discusión, se señaló necesario identificar correctamente aquellos sectores en los que se lava dinero, aduciendo que existe mucha infraestructura para su identificación, pero se logran pocos resultados.
Finalmente, los participantes argumentaron que la propuesta del Ejecutivo “se queda corta, puesto que es ambigua y no identifica ni da poder a un órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la legislación propuesta”.
“La iniciativa pretende impedir que se integre el dinero ilegal que ingresa a México, pero que no establece ninguna regulación ni acciones para evitar que dinero ilegal producto de la venta de drogas en Estados Unidos se introduzca al país”, agregó el CEEY.
Para conocer la metodología exacta del estudio, así como la calificación global de la ley antilavado, usted puede revisar el cocumento completo: Evaluación de la Iniciativa de Combate al Lavado de Dinero. (El Semanario Agencia, ESA)
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