Martha Anaya
January 13, 2011
-Señor presidente –confrontó Miguel Treviño–, si ya eligió usted el concepto de “guerra” para definir lo que estamos viviendo, no puedo imaginar tarea más importante para el comandante supremo que asegurar la unidad de propósito y la coordinación de todas las instancias públicas que participen en ella.
Se reanudaban los Diálogos por la Seguridad en el Campo Marte. Felipe Calderón se removió en su asiento y no tardó en contestar al director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León:
-Yo no he usado, y sí le puedo invitar a que revise todas mis expresiones públicas y privadas (para comprobarlo. Usted dice: ‘usted ya eligió el concepto de guerra’. ¡No, yo no lo elegí!, yo he usado permanentemente el término ‘lucha contra el crimen organizado’ y ‘lucha por la seguridad pública’ y lo seguiré usando.
El ambiente se había tensado desde que Treviño tomó la palabra y habló del aumento de crímenes “de manera pronunciada” en 2008 y 2009 en donde se han realizado operativos conjuntos. Y ello, acusó, “porque no hay coordinación” entre el gobierno federal, el estatal y municipales.
Incluso, dijo el ponente, “es vergonzoso” el pleito entre el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey, “intercambian culpas a través de los medios de comunicación y mientras tanto el gobierno federal, reconocido por gobierno y estado como quien hace cabeza en esta guerra, no ha salido”.
Calderón volvió de nuevo. Explicó que el gobierno federal no puede simplemente ordenar como si fuera superior jerárquico de gobernadores o alcaldes y así poner “orden y disciplina”. Ello, indicó, porque “no son subordinados del presidente de la República”. Pero se comprometió a reconstruir los caminos de la colaboración recíproca y seguirlos “exhortando” a la colaboración.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, ya también había lanzado sus quejas por la falta de respuestas a la sociedad civil. Y citó como ejemplo el asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua:
“Lo que se vivió en el caso de la señora Marisela es una prueba real de que no se está dando respuesta a la sociedad civil. Encima de que a esta mujer no pudo de manera normal la Procuraduría darle respuesta a su caso y ella personalmente tuvo que ir a buscar a quien mató a su hija, tuvo que vivir la incongruencia de un código penal mal instrumentado…
Pero es el fiel reflejo de lo que está viviendo la sociedad civil en los estados, en los cuales se llegan denuncias, dan seguimiento pero no pasa nada”.
La respuesta de Calderón, en esta ocasión, fue también de queja sobre el papel que ejerce el poder judicial. Sostuvo incluso que algunos jueces, en algunos casos, más que impartidores de justicia son meros “verificadores de requisitos”.
“Duele mucho –indicó el Mandatrio—que el esfuerzo del gobierno y la sociedad por combatir a los criminales “se debilite en la última etapa”.
Y, por supuesto, la aclaración mayor del día en voz de Alejandro Poiré: 15,273 homicidos dolosos en 2010, relacionados con el crimen organizado.
twitter: @marthaanaya
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