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Sandra Ávila fue absuelta al concluirse que no se acreditaron las circunstancias de sus nexos con los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle. Foto: Archivo | ||||
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (26 diciembre 2010).- Cuando captura a capos, el Gobierno federal los presume como trofeo y hasta los exhibe en televisión, pero a la hora de demostrar ante los jueces su culpabilidad, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) colecciona derrotas.
Cinco casos de los presuntos narcotraficantes de alto perfil, algunos incluidos en spots publicitarios del Gobierno, han sido echados abajo por las autoridades judiciales en el último año por falta de pruebas, por omisiones y errores en el expediente, o por acciones ilegales de la autoridad investigadora.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, señaló que los fracasos son consecuencia de que las fuerzas federales no cumplen con las formalidades que marca la legislación durante los operativos.
"Lo complicado no es detenerlos. Lo complicado es hacer los casos, cómo se obtiene la información. Por un lado, se obtiene en cateos ilegales, pero, por otro, también hace falta labor de inteligencia", explicó en entrevista.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico".
A principios de este mes se informó que un juez federal la absolvió en el proceso por su supuesta relación con el decomiso de casi 10 toneladas de cocaína en el buque Macel.
Concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ofreció evidencias suficientes para acreditarle los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"La Reina del Pacífico" sigue en el penal de Santa Martha Acatitla porque está en proceso su juicio de extradición.
Otro caso es el de Jesús Zambada García, "El Rey Zambada". Este año un tribunal federal lo absolvió en un juicio donde era acusado de ser el dueño de 300 kilos de cocaína y varias armas porque la SIEDO entró sin una orden de cateo a la bodega donde estaba la evidencia.
Continúa preso porque tiene pendiente otro proceso en Toluca por delincuencia organizada, entre otros delitos.
El caso de Vicente Carrillo Leyva, "El Vicentillo", es uno de los más recientes. Igualmente fue absuelto en definitiva del llamado "Maxiproceso" porque no le demostraron su pertenencia a la delincuencia organizada ni haber lavado dinero en una tienda de ropa en Jalisco.
Carrillo no pudo abandonar el penal del Altiplano, porque aunque ya sólo le quedaban acusaciones por delitos no graves, la SIEDO ordenó su localización y presentación, por lo que fue trasladado directamente del centro penitenciario hasta las instalaciones de la subprocuraduría, para volver a declarar en una nueva indagatoria en su contra.
El pasado 21 de diciembre fue arraigado por 40 días por ser sospechoso del delito de lavado de dinero.
Otro caso es el de Juan Llaca Díaz de León, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un presunto narcotraficante que era dueño de 3 toneladas de precursores químicos asegurados el 8 de febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Llaca, empresario de la industria de alimentos de animales, siempre dijo que con su producto el Gobierno nunca iba a obtener una droga sintética, y al final, la PGR no pudo sostener en el juicio que la sustancia efectivamente fuera un precursor químico.
Este hombre quedó en libertad 3 años después de haber sido capturado y de que incluso, por error, la PGR le vinculara con Zhenli Ye Gon.
Un asunto similar es el de Raúl Villa Ortega, "El R", acusado de ser el autor de la matanza de 24 personas en La Marquesa, Estado de México, el 12 de septiembre de 2008.
Pese a que la PGR acreditó que el cabello, la sangre y el material genético que fue hallado en una de sus fincas correspondía al de los ejecutados de La Marquesa, un magistrado federal de Jalisco lo absolvió de este juicio porque las pruebas también las obtuvo la PGR en un cateo ilegal.
"El R" no está libre porque la Procuraduría también tomó previsiones desde un principio, al haberle consignado un expediente por separado por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La Procuraduría manifestó su respeto a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, aun cuando se trate de fallos judiciales que echen abajo las acusaciones contra personajes que el Gobierno federal presenta como grandes figuras del narcotráfico.
"La Procuraduría General de la República es respetuosa de los fallos que emitan los juzgados y tribunales federales, conforme a la norma vigente", señaló el Procurador Arturo Chávez Chávez, en una breve declaración.
El titular de la dependencia descartó hacer manifestación alguna, en relación a si este tipo de sentencias respondían en buena medida a fallas ministeriales o había casos que debían ser reprochados a los impartidores de justicia.
Advierten expertos falta de capacitación
Los fracasos de las autoridades para sentenciar a presuntos traficantes de alto perfil se deben a la falta de capacitación y coordinación entre las instancias que participan en la integración de los expedientes, advirtieron especialistas en seguridad.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, consideró que durante los operativos las fuerzas federales no cumplen con las formalidades que marca la legislación.
"No hay una buena coordinación entre la Procuraduría y la Policía, si no se recaban elementos suficientes para poder documentar la existencia del delito. Es lo que hemos dicho, lo que dicen los cables de la Embajada estadounidense, no hay coordinación y lo que provocan es falta de capacidad para hacer una investigación correcta", apuntó.
Al respecto, Carlos Humberto Toledo, académico y experto en seguridad nacional y temas militares, planteó que no sólo hay deficiencias en la instrucción de los agentes del Ministerio Público, sino también existen presiones políticas para consignar con expedientes apresurados.
"Hay problemas para poder consignar y presentar ante juez una investigación de calidad. Si durante los distintos momentos procesales, el MP no puede demostrar que el probable responsable mantiene esa calidad para inclusive ser sentenciado, entonces hay una liberación por falta de pruebas y es por deficiencias, principalmente, ante una baja calidad jurídica de la Averiguación Previa, lo que evidencia la baja calidad profesional con la que cuenta la autoridad en México.
"Lo que está ocurriendo en algunos casos también es que el MP actúa bajo condiciones de presión política por consignar a alguien y con baja condición jurídica", detalló.
Con información de Karla Portugal
Cinco casos de los presuntos narcotraficantes de alto perfil, algunos incluidos en spots publicitarios del Gobierno, han sido echados abajo por las autoridades judiciales en el último año por falta de pruebas, por omisiones y errores en el expediente, o por acciones ilegales de la autoridad investigadora.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, señaló que los fracasos son consecuencia de que las fuerzas federales no cumplen con las formalidades que marca la legislación durante los operativos.
"Lo complicado no es detenerlos. Lo complicado es hacer los casos, cómo se obtiene la información. Por un lado, se obtiene en cateos ilegales, pero, por otro, también hace falta labor de inteligencia", explicó en entrevista.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico".
A principios de este mes se informó que un juez federal la absolvió en el proceso por su supuesta relación con el decomiso de casi 10 toneladas de cocaína en el buque Macel.
Concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ofreció evidencias suficientes para acreditarle los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de fomento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"La Reina del Pacífico" sigue en el penal de Santa Martha Acatitla porque está en proceso su juicio de extradición.
Otro caso es el de Jesús Zambada García, "El Rey Zambada". Este año un tribunal federal lo absolvió en un juicio donde era acusado de ser el dueño de 300 kilos de cocaína y varias armas porque la SIEDO entró sin una orden de cateo a la bodega donde estaba la evidencia.
Continúa preso porque tiene pendiente otro proceso en Toluca por delincuencia organizada, entre otros delitos.
El caso de Vicente Carrillo Leyva, "El Vicentillo", es uno de los más recientes. Igualmente fue absuelto en definitiva del llamado "Maxiproceso" porque no le demostraron su pertenencia a la delincuencia organizada ni haber lavado dinero en una tienda de ropa en Jalisco.
Carrillo no pudo abandonar el penal del Altiplano, porque aunque ya sólo le quedaban acusaciones por delitos no graves, la SIEDO ordenó su localización y presentación, por lo que fue trasladado directamente del centro penitenciario hasta las instalaciones de la subprocuraduría, para volver a declarar en una nueva indagatoria en su contra.
El pasado 21 de diciembre fue arraigado por 40 días por ser sospechoso del delito de lavado de dinero.
Otro caso es el de Juan Llaca Díaz de León, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un presunto narcotraficante que era dueño de 3 toneladas de precursores químicos asegurados el 8 de febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Llaca, empresario de la industria de alimentos de animales, siempre dijo que con su producto el Gobierno nunca iba a obtener una droga sintética, y al final, la PGR no pudo sostener en el juicio que la sustancia efectivamente fuera un precursor químico.
Este hombre quedó en libertad 3 años después de haber sido capturado y de que incluso, por error, la PGR le vinculara con Zhenli Ye Gon.
Un asunto similar es el de Raúl Villa Ortega, "El R", acusado de ser el autor de la matanza de 24 personas en La Marquesa, Estado de México, el 12 de septiembre de 2008.
Pese a que la PGR acreditó que el cabello, la sangre y el material genético que fue hallado en una de sus fincas correspondía al de los ejecutados de La Marquesa, un magistrado federal de Jalisco lo absolvió de este juicio porque las pruebas también las obtuvo la PGR en un cateo ilegal.
"El R" no está libre porque la Procuraduría también tomó previsiones desde un principio, al haberle consignado un expediente por separado por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La Procuraduría manifestó su respeto a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, aun cuando se trate de fallos judiciales que echen abajo las acusaciones contra personajes que el Gobierno federal presenta como grandes figuras del narcotráfico.
"La Procuraduría General de la República es respetuosa de los fallos que emitan los juzgados y tribunales federales, conforme a la norma vigente", señaló el Procurador Arturo Chávez Chávez, en una breve declaración.
El titular de la dependencia descartó hacer manifestación alguna, en relación a si este tipo de sentencias respondían en buena medida a fallas ministeriales o había casos que debían ser reprochados a los impartidores de justicia.
Advierten expertos falta de capacitación
Los fracasos de las autoridades para sentenciar a presuntos traficantes de alto perfil se deben a la falta de capacitación y coordinación entre las instancias que participan en la integración de los expedientes, advirtieron especialistas en seguridad.
Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, consideró que durante los operativos las fuerzas federales no cumplen con las formalidades que marca la legislación.
"No hay una buena coordinación entre la Procuraduría y la Policía, si no se recaban elementos suficientes para poder documentar la existencia del delito. Es lo que hemos dicho, lo que dicen los cables de la Embajada estadounidense, no hay coordinación y lo que provocan es falta de capacidad para hacer una investigación correcta", apuntó.
Al respecto, Carlos Humberto Toledo, académico y experto en seguridad nacional y temas militares, planteó que no sólo hay deficiencias en la instrucción de los agentes del Ministerio Público, sino también existen presiones políticas para consignar con expedientes apresurados.
"Hay problemas para poder consignar y presentar ante juez una investigación de calidad. Si durante los distintos momentos procesales, el MP no puede demostrar que el probable responsable mantiene esa calidad para inclusive ser sentenciado, entonces hay una liberación por falta de pruebas y es por deficiencias, principalmente, ante una baja calidad jurídica de la Averiguación Previa, lo que evidencia la baja calidad profesional con la que cuenta la autoridad en México.
"Lo que está ocurriendo en algunos casos también es que el MP actúa bajo condiciones de presión política por consignar a alguien y con baja condición jurídica", detalló.
Con información de Karla Portugal
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