Martha Anaya Cuando sintonicé Tercer Grado el miércoles por la noche me topé con la andanada de Carlos Marín contra Proceso, su antigua casa editorial. Decía que desde su salida el semanario se había convertido prácticamente en una porquería; contaba cómo se había ido de Proceso e incluso narraba que había entregado sus acciones a Julio Scherer García.
Por un momento, al ver lo que me pareció una expresión azorada en Leopoldo Gómez, pensé que Marín (actual director de Milenio Diario) se había lanzado por su cuenta en algún pleito personal, fuera de lo previsto para el programa. Pero no era así. Pronto me di cuenta que Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Denisse Merker y Adela Micha le entraban al tema del periodismo ejercido por Proceso.
En medio del toma y daca que sostenían ante las cámaras, parecía que el origen de sus digresiones era el reportaje “El Grande. Hasta con Calderón se codea”, publicado por Proceso –le dio la portada en su edición 1777 del 21 de noviembre pasado–, en el que el periodista Ricardo Ravelo revela algunas de las declaraciones ministeriales de Sergio Villarreal alias “El Grande” que no fueron consignadas en el expediente, en las que el capo de la Comarca Lagunera alude a un bautizo en el que supuestamente departió con el Presidente Felipe Calderón.
Las intervenciones en Tercer Grado se centraban por momentos en la figura del testigo protegido o testigo colaborador –que es el caso de “El Grande”–, en lo dudoso de sus dichos y ahora, indicaban, Ricardo Ravelo era víctima de la misma arma que había utilizado para su(s) reportaje(s): una declaración ministerial, pues el mismo personaje acusaba ahora al periodista –en otra declaración ministerial, con fecha de 4 de noviembre, según había dicho López Dóriga—de haber recibido información para acallar información.
No me quedaba clara esta parte, ya que Ravelo se refería en su reportaje a partes censuradas en la declaración ministerial; los de Tercer Grado reviraban con lo consignado con todas sus letras en una declaración ministerial. Pero dejémoslo pasar, en ambos casos se trataba de averiguaciones previas y, como sabemos, éstas no son prueba de nada.
Pero la melé seguía en el programa y lo mismo equiparaban el reportaje de Ravelo y los dichos de “El Grande” en su calidad de testigo protegido, con el adelanto que publicó Proceso hace una semana del libro de Anabel Hernández de supuestos contactos del gobierno de Calderón, a petición expresa de Juan Camilo Mouriño, con “El Chapo” Guzmán, en las que el contacto aparentemente fue un general jubilado del Ejército Mexicano.
Mezclaban ambos temas y trataban a ambos personajes: a “El Grande” y al General X, como si ambos fueran testigos protegidos de cuyas declaraciones había que dudar. Valga aclarar que esto no significa que a uno haya que creerle y al otro no, lo menciono simplemente por precisión periodística que es, a fin de cuentas, lo que abiertamente impugnaban los participantes en Tercer Grado: la calidad de la información, sus orígenes, la ética que se debe tener al tratar los temas.
El caso es que en medio de la discusión que se traían saltaban fobias personales: contra Proceso en primer término y de paso contra una conductora de radio, cuyo nombre nunca pronunciaron, pero claramente se infería que se trataba de Carmen Aristegui.
Compartía, en cambio, algunos de los señalamientos en torno a los testigos protegidos. Soy también de la idea de que no hay que creer de antemano lo que dicen y, por tanto, no dar a conocer sus declaraciones hasta no ser investigadas y constatadas por otros medios. Un ejemplo reciente de lo ocurrido por dichos de testigos protegidos es el llamado “michoacanazo”. Pero sobran ejemplos.
El caso es que al concluir el programa me quedé con una pregunta que me parece fundamental: ¿por qué se metía Televisa en este pleito si el problema de fondo estaba entre Proceso (por lo que había publicado) y el Gobierno de Calderón (por ser el aludido)?
¿Por qué era “nota” que a un periodista –como arguyeron–, se le revirtiera su método de trabajo? Me parece endeble esa justificación. ¿Por qué su calidad ética y periodística está por encima de muchos otros? Podría citarse un rosario de hechos –y no lejanos– que demuestra lo contrario por parte de la televisora. ¿Entonces? Es ese “¿entonces” lo que a muchos –nomás hay que leer la cantidad de comentarios al respecto ayer en las redes sociales– lleva a pensar que se trata de una embestida del gobierno contra Proceso en la que Televisa actuó como punta de lanza.
Y como cerezas de esta historia, dos hechos más:
Pocas horas después del programa –ya al amanecer—Proceso se burla de la fecha en que supuestamente “El Grande” dio su declaración ministerial y en la que hace referencia a una portada que ni siquiera existía y que saldría 17 días después. Carlos Loret de Mola salió a corregir en su programa matutino a López Dóriga, señalando que el teacher se había equivocado de fecha, que no había sido el 4 de noviembre sino el día 24.
Después apareció el vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, en el noticiero de Aristegui en MVS precisando que las declaraciones de “El Grande” no eran contra Proceso sino contra el periodista Ricardo Ravelo, y que se le investigaría. Lo cual muestra dos bazas diferentes para los dichos de un mismo sujeto: si habla de Calderón, se desestiman; si habla de Ravelo, se investiga.
Ciertamente, los periodistas debemos revisar la forma en que procesamos la información. Se ha perdido calidad y la ética periodística deja en ocasiones mucho qué desear. Pero también es un hecho el uso del poder del Estado a través de los medios para golpear e intimidar; tan real como el propio juego de los grandes medios vis a vis los gobiernos en turno –o aspirantes a próximas posiciones—para condicionar u obtener privilegios.
Por donde se le vea, pues, refleja el lodazal político-periodístico en el que estamos inmersos.
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