David Colmenares Páramo Ya comenté lo de los regalitos para las entidades federativas y de rebote a los municipios, de la presentación de los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda, así como los del PIBE 2009, dada la vinculación fiscal de la población como dato básico para la distribución de participaciones.
A partir de 2008 que el cien por ciento se distribuye por el dato poblacional, el impacto sobre las finanzas de las entidades federativas ha sido muy desfavorable para varias. Es el caso del fuerte daño al DF, Chiapas, Nuevo León y Tabasco principalmente, haciendo inviables a estas dos últimas, incluso con riesgo de insolvencia frente a los compromisos financieros de la deuda bancaria y de las bursatilizaciones realizadas hace algunos años en la primera.
No es culpa del INEGI por supuesto, una gran Institución, sino de quienes decidieron que la población fuera el factor de distribución de los recursos a las entidades federativas, cosa que generalmente omiten mencionar del lado federal. Ya el antecesor de Eduardo Sojo llegó a manifestar su preocupación sobre este hecho, cuando se veía el impacto de que el 45 % del Fondo General de Participaciones se distribuía de acuerdo al número de habitantes, provocando molestias en la mitad de ellas.
La Ley de Coordinación dice que deben pagarse las mismas de acuerdo al último dato oficial publicado por el INEGI, esto es independiente de que sea Censo, Conteo, Encuesta Dinámica o Estimación como es el caso más frecuente desde hace algunos años. A partir de los resultados del Conteo en 2005, que se usó sólo dos veces, dejando espacio a la los datos de la Encuesta, se formó un Grupo de Trabajo que coordinó Puebla, pero no hubo acuerdos ya que se multiplicaron las propuestas. El problema central ha sido y es la suma cero, esto es que si alguien gana, otro pierde.
El costo del cambio de fórmulas que se hizo a partir de 2008, donde el casi el cien por ciento se distribuyen por población, afecta gravemente a las entidades mencionadas, y otras 12 que pierden en menor proporción.
Para 2011 las cosas serán más delicadas de lo que son hoy, cuando las participaciones a noviembre son diez por ciento menores en términos reales, respecto al mismo periodo de 2008 y todas están por debajo de 2006. Seguirán sin excedentes petroleros y sin FEIEF.
En 2011 se deben revisar no sólo las fórmulas, sino el porcentaje que reciben de la Federación por la administración de facultades concurrentes a que tienen derecho constitucional. Esto es incrementar sustancialmente ese 17 por ciento y recuperar potestades.
Cuidado, no se trata de que las entidades peleen entre sí por los recursos. Esto es si queremos recuperar los daños a las finanzas de Tabasco, Nuevo León o el DF, no será quitándoselos con una mejor fórmula a los ganadores involuntarios de estas nuevas fórmulas, que tienen más población que el coeficiente (porcentaje) que tenían hasta 2007, como EDOMEX (el gran ganador), Puebla, Guerrero o Oaxaca.
EL PIBE impacta en la distribución de un fondito creado con dos onceavos del Impuesto a la Gasolina para las diez entidades con menor per cápita, lo que ha costado a Tabasco su exclusión del mismo (500 Millones menos por año), así como a Hidalgo.
Se trata y yo creo que esta es la carta los Reyes y a Santa Claus, que visitarán el Congreso, que les dejen a los diputados como regalos, iniciativas para revisar este tema y se avance en un Nuevo Pacto Fiscal. Por cierto también en lo de la Autonomía del SAT.
David Colmenares Páramo es Consultor en temas de Coordinación Fiscal y Hacienda Pública
brunodavidpau@yahoo.com.mx
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