Aun antes de la crisis, los niños ya vivían en la mayor pobreza

• Aumentó a 28% el número de familias que tuvieron dificultades para llevarlos al médico
• Los menores, el sector más golpeado durante la reciente crisis económica

A muchos padres les ha sido imposible garantizar el derecho a la educación: reporte de Unicef

Según un estudio, en 7% de hogares encuestados los padres enviaron a trabajar a sus hijos para enfrentar la falta de recursosFoto José Antonio López

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 12

Antes de la crisis económica gran parte de los niños y adolescentes ya vivía en condiciones de mayor pobreza en comparación con la población adulta, pero con los desequilibrios financieros los efectos negativos se dispararon.

El porcentaje de familias que tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al médico creció de 19 a 28 por ciento; aumentó de 20 a 27 por ciento el de las que tuvieron problemas para enviar a sus hijos a la escuela, y pasó de 27 a 44 por ciento el de aquellas que enfrentaron dificultades para comprar artículos escolares, libros y uniformes.

El estudio La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México advierte además que previo a a crisis económica, 44.2 por ciento de la población mexicana, es decir, 42.7 millones, enfrentaba una situación de pobreza multidimensional. Entre los niños la cifra ascendía a 53.3 por ciento, esto es, casi 21 millones de menores en esas condiciones.

Mientras entre la población de recién nacidos a 17 años la pobreza multidimensional extrema llegó a 13.1 por ciento, lo que significa 5.1 millones de niños y jóvenes, el indicador para la población en general era de 10.5 por ciento.

Elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el informe alerta que uno de los efectos de la crisis fue el de una mayor exposición de los infantes a la violencia doméstica, puesto que en 2009 el 8 por ciento de la población mencionó haber regañado o pegado a alguno de sus hijos, mientras el año anterior 5 por ciento de los hogares dijo haberlo hecho.

Destaca que con la debacle económica, en uno de cada dos hogares los ciudadanos dijeron haber tenido dificultades para comprar ropa y calzado a los niños, mientras que en 2008 la cifra era de 35 por ciento.

Por estratos socioeconómicos, la población más afectada es la de menores recursos, al aumentar de 30 a 41 por ciento el porcentaje de familias que tuvieron dificultad para enviar a los niños a la escuela. En contraste, en un sector más favorecido ese porcentaje creció sólo tres puntos, de 13 por ciento en 2008 a 16 por ciento en 2009.

De igual forma, el número de hogares que reportó problemas para llevar a los niños al médico o comprarles medicinas creció de 35 por ciento en 2008, a 47 por ciento en 2009, en el caso de las familias más pobres. En el de un estrato social más alto aumentó de 12 a 19 por ciento.

“En todos los casos, la población del estrato socioeconómico bajo es la que enfrenta las mayores dificultades para satisfacer las necesidades esenciales de las niñas y los niños, por lo que se sugiere explorar los mecanismos institucionales tendientes a aminorar la vulnerabilidad de este segmento de la población.

Las mayores dificultades para poder efectuar los gastos cotidianos podrían verse reflejadas en la imposibilidad de asegurar el derecho a la educación y a la salud de las niñas y de los niños”, alerta.

Incluso, para enfrentar la falta de recursos por la crisis, en 7 por ciento de las familias los entrevistados dijeron que colocaron en el trabajo a alguno de sus hijos, ya sea niños o adolescentes. En 66 por ciento de los hogares se afirmó que se ha tenido que comprar menos comida o buscar alimentos más baratos.

Por lo anterior, el Unicef y el Coneval establecen que existe la posibilidad latente de que los niños y las niñas abandonen la escuela ante la crisis; se vean obligados a incursionar en el mercado laboral; disminuyan la cantidad y calidad de alimentos que consumen; restrinjan su acceso a los servicios de salud, o que sean víctimas de violencia, lo cual pone en evidencia la urgencia de actuar mediante el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia y la adolescencia.