MÉXICO, 8 de diciembre, 2010.- Una convocatoria colocada por la Secretaría de Obras y Servicios (SOS) del Gobierno del Distrito Federal (GDF), para adquirir 76 materiales para construcción podría desembocar en una investigación del gobierno de Estados Unidos.
En medio de sendas investigaciones de posibles actos de corrupción en México por parte del Departamento de Justicia de EU, basado en la Convención Anti-Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Gobierno del GDF habría incumplido los propios términos de una licitación pública al asignar un contrato de abastecimiento de productos importados cuándo se exigía que fueran de producción nacional.
Debido a que participa una empresa estadounidense, las autoridades de la Unión Americana podrían tomar el caso. “El Departamento de Justicia de Estados Unidos puede tomar la investigación porque es parte del ‘grupo de trabajo’ de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE”, comenta un especialista.
“El Departamento de Justicia puede iniciar la investigación por oficio. Es decir sin necesidad de que haya una denuncia de por medio”, agrega.
En la convocatoria lanzada en mayo de este año, destaca la compra de mil 300 toneladas de “marcador retroreflexivo para señalamiento blanco termoplástico” (material para pintar la división de carriles en las avenidas).
Si bien, las bases de la licitación señalan que el producto debería ser producido en México con un contenido nacional de 50%, el producto terminado fue importado por la empresa adjudicada.
Grupo Comercial Oceánica fue una de las cinco empresas que se adjudicaron la lista de 76 productos de la Secretaría de Obras y Servicios. Entre los bienes destaca el “marcador retroreflexivo, el cual, además de violar las bases de la licitación, obtuvo una exponencial ganancia bruta de entre 115% y 120%.
Esto podría desatar una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya que el proveedor de Oceánica (el importador) fue la empresa estadounidense, la texana Ennis Paint (la exportadora).
Al respecto, el director de comunicación social de la SOS, Roberto Candia, señala que la “licitación cumplió con todos los requisitos que exige la Ley”, incluso enfatiza que ninguna empresa “promovió recurso alguno de inconformidad administrativa o legal en los términos que la propia ley”, además de que todas las empresas en la puja “firmaron de conformidad todas las actas derivadas de dicha licitación”.
En efecto. Ninguna empresa participante promovió recursos de revisión; sin embargo, como las propias bases de la licitación (SOS/DGA/LPN/30001044/008/2010) lo señalan: “los bienes que se oferten deberán ser producidos en México y contar cuando menos con un 50% de contenido de integración nacional”.
Y como lo reconoce Candia, el producto fue importado al señalar que entre los impuestos de importación y otros gastos, el precio del bien aumentó 30% respecto de la cotización de Ennis Paint con entrega del termoplástico en Laredo, Texas.
Según expertos del sector, sin considerar que la violación a las bases de licitación, el GDF pagó la inexperiencia de Grupo Comercial Oceánica porque según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el costo logístico promedio en México es de 15%. Además de que habría cargado indebidamente costos de “almacenamiento, custodia, empaque, embalaje y etiquetado”, como lo señaló el funcionario de comunicación social. Para los especialistas, con esa declaración Candia está aceptando la violación de las bases de licitación.
En este sentido, la incursión de las autoridades de la Unión Americana se podría dar ante el amparo de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Convención anti-cohecho de la OCDE), la cual México ratificó su adhesión en 1999.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de su “Sección de la División Penal de Fraude”, de la mano del FBI, investigan posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), como ya lo hizo en el caso de la CFE donde se detectaron actos ilícitos de la alemana Siemens y la suiza ABB.
Cuándo el Departamento de Justicia encuentra elementos que validen la culpabilidad de las partes en un acto de corrupción, tiene la facultad de investigar y en caso necesario fincar responsabilidades penales a los infractores.
Según el expediente de la licitación, del cual El Semanario tiene una copia, Grupo Comercial Oceánica ganó la licitación al cotizar la pintura para pavimento en 27.47 pesos (31.9 pesos considerando el IVA), lo que implicaría una ganancia bruta de entre 115% y 120% respecto del precio al que vendió Ennis Paint de 44 centavos la libra de la pintura termoplástica (entre 12.57 y 12.75 pesos por kilogramo, considerando los diferentes tipos de cambio que publicó Banxico en la fecha que se asignó el contrato).
Para el vocero de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, la dependencia “no aceptó ningún sobreprecio, ya que se realizó un estudio de precios de mercado realizado previo a la licitación”. Incluso comenta que cinco empresas pujaron por asignarse el contrato con precios que oscilaban entre 30 y 38 pesos, pero debido a que era una “subastas descendentes” y después de “diversas” pujas, Grupo Comercial Oceánica obtuvo el contrato para vender las 1,300 toneladas.
En las “diversas” pujas participaron -comenta el vocero de la SOS- las empresas Cuauty Group, CCS de México, Señalmex, y Codinamex.
El Semanario contactó a un proveedor (diferente a los señalados) de esa pintura termoplástica y pidió una cotización para comprar un bulto de 25 kilogramos. El agente de ventas de la empresa Sypyl cotizó el precio en 21.85 pesos, más IVA. Es decir, Sypyl vende 20% menos ese producto al menudeo respecto 27.47 pesos que compró el gobierno de Marcelo Ebrard.
Respecto al precio de Sypyl, Candia comenta que esa empresa debería entrar a las próximas licitaciones. Aunque enfatiza que las cinco empresas que pujaron deberían de cumplir con la norma de calidad “NMX-C-451-ONNCCE-2007”. Es importante señalar que esto podría ser un error más en la licitación, ya que esa norma dejo de existir desde el 12 de octubre de 2009, en su lugar la Secretaría de Economía estableció la “NMX-C-451-ONNCCE-2009”.
Según expertos, dado los volúmenes de adquisición, las compras de gobierno deberían generar ahorros de entre 25% y 30% respecto a los precios públicos de los bienes adquiridos. Es decir, la Secretaría de Obras y Servicios tendría que haber pagado alrededor de 15.3 pesos por kilogramo en lugar de 27.47 pesos que pactó Grupo Comercial Oceánica.
Al respecto, Candia comenta que las empresas ese sobreprecio es regularmente utilizado por las empresas que venden al gobierno al considerar el riesgo de cualquier inconveniente en los pagos y por e hecho de financian la adquisición por unos 120 días.
De ser válido lo que dice el vocero de la SOS, las arcas, no sólo del Gobierno del Distrito Federal, sino de estados, municipios y del gobierno federal se verían lesionados por esa “cobertura de riesgo”.
Otro ejemplo de fácil comparación (sin considerar las normas) es el precio del thiner (solvente para pinturas) estándar que pagó el gobierno a 17.8 pesos el litro (más IVA) por 2,500 litros. El Semanario contactó a una tienda especializada en pinturas (Comex) y pidió el precio por litro de ese material, el cual fue de 13.5 pesos con IVA. Es decir, el GDF pagó 33% más respecto al precio al menudeo. Considerando el volumen de compras, Obras y Servicios del GDF tendría que haber pactado el precio de ese solvente entre 10.9 y 11.6 pesos.
La lista de 76 productos se asignó además de Grupo Comercial Oceánica a las empresas Comercializadora y Distribuidora Nacional Codinamex, Grupo Taer de México, Pamline, y a Ferretera del Norte.
Según los expertos consultados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede tomar la investigación por oficio, es decir sin que medie denuncia alguna, como sucedió con los casos de la CFE y Siemens y ABB.
En el caso de México, según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de encontrarse elementos, se podría inhabilitar al servidor si se comprueba que incurrió en ilícitos. (El Semanario Agencia, ESA)
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