Alán Arias Marín
2010-12-12•Política
Apatzingán. Tres noches y sus días de batalla. Hasta ahora, oficialmente, 11 personas muertas; un bebé de ocho meses, una joven de 17, cinco policías federales, tres miembros de La Familia; resulta sensato pensar en más muertos y no hay cifra estimada de heridos. Incomunicación, humo y polvo de combate, pertinaz opacidad informativa; se sabrá después aunque se especula desde ahora.
Despliegue y operativo, celosamente reivindicado por la Policía Federal, con apoyo después de Marina y Ejército, incluidos; helicópteros. Expansión de los enfrentamientos a 13 municipios, incluida Morelia, bloqueos de las principales carreteras que la comunican; decenas de tráileres, autos y camiones robados e incendiados, material de barricadas. Los estados vecinos “blindan su territorio” para evitar el “efecto cucaracha”. (Por cierto, murieron 10 y resultaron heridos 16 en Tecalitlán, Jalisco; balacera entre bandas rivales, ¿conflicto específico o extensión de enfrentamientos?).
Individualmente los ciudadanos cuentan su temor, denuncian acciones de las fuerzas del gobierno contra la población. En cuanto pueden montan actos de protesta. El gobernador Godoy reclama los operativos por ocurrir sin consulta ni aviso (Poiré, vocero presidencial, afirma que sí, primero intervienen militarmente y luego avisan…). Se afirma oficialmente el fallecimiento de Nazario Moreno —El Chayo—, líder principalísimo de la banda, ideólogo y pastor… 400 sicarios lo protegían, su guardia personal, se dice; por ello, las dimensiones del enfrentamiento. Se informa de un “repliegue” masivo de criminales a la sierra. Se ha “golpeado la estructura” de la banda criminal… es la hora de seguir atacando… (otra vez Poiré).
Michoacán, donde comenzó “la guerra contra el narcotráfico” del presidente Calderón (2006); donde las granadas contra la población en el Grito; donde las primeras cabezas decapitadas en un antro de Uruapan, luego prostitutas violadas por soldados; por ahí disolvía cadáveres El pozolero. Alcaldes y funcionarios estatales apresados, luego libres, por negociación —alianzas PAN-PRD—, defectuosa averiguación previa del MP federal, complicidad o corrupción de los jueces (o todo junto). En Michoacán, luego de alianzas, ajustes de cuentas y disputas de mercados, rutas y plazas, principalmente con Los Zetas, La Familia michoacana (con vínculos recientes con El Chapo Guzmán) ha ejercido y reivindicado hegemonía.
La Familia es una compleja y conspicua organización criminal. Híbrido de banda armada con huestes paramilitares y bases sociales, afines por temor, intereses o convicción. Dirigentes, como Servando González La Tuta y otros, fueron maestros, activistas radicales, relacionados con grupos guerrilleros; de ahí formas de lenguaje, estilo de “política de masas”, uso de medios de comunicación. La ideología del grupo, simpatizantes y periferias está cargada religiosamente, técnicas de adoctrinamiento, reclutamiento de rehabilitados del consumo de drogas y alcohol, fanatizados se convierten en sicarios; involucran familias, organizaciones, políticos y funcionarios.
Financian políticos y campañas, controlan municipios, síndicos, policías, amedrentan y cooptan jueces y ministerios públicos; una red densa de poblaciones, territorios, rutas. Ante esas formas organizadas de intervención, propias de los conflictos armados en Estados en descomposición, la lucha contra el crimen no puede ser unilateralmente policiaco-militar; en estas condiciones la violencia sólo genera más violencia y no resuelve nada.
Imágenes, lenguaje, declaraciones gubernamentales, protestas ciudadanas, interpretaciones y análisis conforman un conjunto abigarrado y heterogéneo, un gobierno empeñado en una guerra donde la política —su autonomía discursiva e institucional— está subordinada. En el juicio sobre Calderón será crucial la valoración de la lucha contra el narcotráfico.
La narrativa propende a la epopeya; se gana la guerra, héroes caídos, inevitables muertes de civiles, no hay de otra. Estratégicamente no se gana nada; tácticamente se debilitan y fragmentan las organizaciones, se incrementa la violencia y la vulnerabilidad de los civiles. No se tiene como prioridad a los ciudadanos, se arrasa indiscriminadamente en domicilios y comercios, caminos y rancherías. De los derechos humanos sólo se acierta a decir que son los criminales quienes los violan. Guerra en microcosmos societales permeados por organizaciones criminales, desafiantes del monopolio de la fuerza estatal, del cobro de impuestos, derecho de piso, protección; tramos y densidades de la sociedad mexicana transmutada en sociedad in-civil. Ante la descomposición del Estado y su disfuncionalidad entrópica, el conflicto armado se enseñorea; la violencia cumple la función, como en Michoacán, de regular la convivencia social.
FCPyS-UNAM. Cenadeh.
No hay comentarios:
Publicar un comentario