Ganó Hacienda, pierden los ciudadanos

Pentagrama

Luis M Cruz

Pentagrama.
Ganó Hacienda, pierden los ciudadanos.
Luis M. Cruz.
3 de octubre de 2010.

De cada peso del proyecto de presupuesto para 2011, 72 centavos son para el gobierno federal y 28 para los Estados y Municipios.

1. Ganó Hacienda, pierden los ciudadanos.

En la discusión preliminar sobre el paquete presupuestal enviado por el Gobierno Federal a la consideración del Congreso de la Unión para el año 2011, la Secretaría de Hacienda, al parecer, finalmente logró imponer la visión catastrofista y asestar por segunda vez una impuestiza a los ciudadanos, igual a la del año pasado. No habrá reforma fiscal, pues el paquete desde su origen manejó como una variable importante que se aplicarían los mismos impuestos que el año anterior, cuando el IVA se incrementó del 15 al 16%, el ISR del 28 al 30%, el IETU del 16 al 17.5%, el Impuesto a Depósitos en Efectivo del 2 al 3% después de 15 mil pesos mensuales, además de gravar las telecomunicaciones, el tabaco, alcohol y cerveza también con incrementos sustanciales.

La Secretaría de Hacienda ganó el lance amagando a los gobernadores con recortes en las participaciones. Varios de ellos, afectados por las recientes inundaciones, como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas, se unieron al cabildeo de rechazo a la reducción de impuestos que proponía el PRI, aduciendo que de realizarse, se afectaría la recaudación y se limitarían las participaciones federales, siendo que estas entidades requerirán recursos adicionales para la reconstrucción.
Lo cierto es que poco de esto es verdad. El presupuesto para el año entrante, que debiera ser un ejercicio prospectivo sobre cómo se espera que será el desempeño de la economía a partir de la evaluación de lo realizado en el ejercicio del año en curso, se envió de manera inercial, sin tomar en cuenta la ponderación de resultados, con lo que se incluyen todas las partidas más un incremento debido a la inflación y algo más, del 6.36% (la inflación estimada por Banxico al cierre del año es de 4.33%).
El criterio utilizado en 2009, además de la firma del ominoso convenio anticoaliciones de “votos por impuestos” que después nadie cumplió, fue que de no incrementarse los impuestos, habría un boquete fiscal de 380 mil millones de pesos y que el gasto tendría que apretarse, afectando las participaciones a las entidades y a los municipios. Ahora, el secretario Ernesto Cordero repitió el argumento, señalando a los diputados que si se reducían los impuestos, también le dijeran qué habría que cortar, tras lo que procedió a informar a los gobernadores que las participaciones serían de las primeras en ser reducidas.

Funcionó y ahora el PRI está reculando. Pero, en el fondo del asunto reside otra cuestión: el interés de los ciudadanos, de los contribuyentes, que tendrán que seguir pagando al contado el despilfarro gubernamental. Para nadie es un secreto que, si se cobraran altos impuestos a cambio de mejores servicios, verdadera seguridad pública, educación de calidad, carreteras de primera, agua potable verdaderamente potable y suficiente, los impuestos hasta podrían ser mayores. Pero, lo cierto es que lo servicios son pésimos y la infraestructura también, ahogada por la corrupción y la mala calidad (por ejemplo, puentes y caminos, a la primera se caen o deterioran de manera irreversible; en ningún hospital hay medicinas suficientes ni cirugías oportunas, que no le cuenten, en tanto que las escuelas públicas escasas veces resisten la comparación con las de otros lugares del mundo).

Ganó Hacienda, perdimos los ciudadanos. A seguir pagando altos impuestos, a seguir beneficiándonos de la estabilidad macroeconómica y de los precios internos inflados por el IVA, sin que siquiera podamos asumir que el gobierno rinde cuentas de lo que hace a los gobernados. No está de más saber lo que piensan las calificadoras internacionales de lo que está pasando en nuestro país: sin reformas estructurales (fiscal, de telecomunicaciones, energética y laboral) el país no retornará al grado de inversión que tenía en 2008, antes de que el catarrito pronosticado por el ex secretario Carstens se volviera una tremenda pulmonía cuata. Moody’s, Fitch y Standar and Poor coinciden en lo anterior, “tener un presupuesto equilibrado pero limitado impone serios límites a la capacidad del país de crecer”.

Impuestiza y todo, el país seguirá en la mediocridad. Por lo menos se pudieron haber reducido los impuestos e incentivado un poco el mercado interno.

2. Luz y sombra de las participaciones federales.

Habiendo sido la cabeza del ariete hacendario en contra de la reducción del IVA, el rubro de participaciones federales a las entidades y municipios bien merece un análisis.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, por un total de 3.378 billones de pesos, aparecen los ramos 28, “participaciones a entidades federativas y municipios”, que representan 490 mil 383 mil millones de pesos (11% más con respecto a 2010), y el ramo 33 “aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, que importan 450 mil 485 millones de pesos (7.44% adicional al año en curso). En total, ambos rubros importan 940,868 millones de pesos, que, con respecto al total presupuestado, así, en cifras gruesas, sería el 27.84%.

Quiere decir que, de cada peso del presupuesto, 28 centavos son para los Estados y Municipios. Es importante tener este dato, porque suele decirse que los Estados y Municipios se llevan la parte del león, cuando esto, como se mira en las cifras, no es más que propaganda negra del gobierno federal. Por ejemplo, el gasto de los ramos administrativos del gobierno federal representa 792 mil 128 millones de pesos en el gasto, esto es, el 23.44% del total, lo que quiere decir en una primera aproximación que el gobierno federal por sí mismo gasta casi tanto como las 32 entidades federativas.

Las entidades sujetas a control presupuestario, como son el ISSSTE, IMSS, CFE y PEMEX, gastarán solitas 1.169 billones de pesos, que representan el 34.6% del total. Finalmente, un dato que siempre hay que tener presente, para deuda pública se destinarán 245 mil 782 millones de pesos, el 7.3% del total. En este sentido, el servicio de la deuda pública federal es una cifra bastante similar al total de la deuda pública de los Estados, que el secretario Cordero refirió en 270 mil millones de pesos.

La danza de estas cifras, que en conjunto representan 93 centavos de cada peso del presupuesto, ayuda a simplificar las aseveraciones simples que se hacen: que los Estados derrochan recursos, que habrá que recortarles las participaciones, que habrá que controlarlos más porque no rinden cuentas, que su deuda pública ahogará al país.

Si lo viésemos desde el lado de la captación, podríamos ver que 9 de cada 10 mexicanos vive y realiza sus actividades en los Estados (el restante vive en el Distrito Federal). Más aún, por su contribución al producto, el D.F. aporta ya sólo cerca del 21%, si bien 51% de los impuestos se pagan en la capital por ser la sede de los grandes contribuyentes. La riqueza nacional, que es la que paga impuestos, se genera en el interior (el 79%) por lo que los impuestos, en su mayoría, corresponden a actividades realizadas en el interior.

Es la Ley de Coordinación Fiscal la que establece que el Gobierno Federal recaudará los impuestos y participará de esta cobranza a las entidades, que es en donde se realiza la actividad económica. Bien podría ser a la inversa, como sucede en otras Federaciones del mundo (Alemania, por ejemplo) en donde las entidades federativas recaudan y le participan a la Federación, o bien, como en Estados Unidos, donde hay impuestos locales, la mayoría, e impuestos federales y cada quien administra lo suyo.
Lo cierto es que, del simple análisis numérico, se desprende que de cada peso del presupuesto, 72 centavos son para la federación y 28 para los Estados y Municipios, en tanto que de cada peso que se recauda, 79% son generados en el interior y sólo 21 centavos en el Distrito Federal. ¿Cuál es la equidad fiscal entonces? ¿No es, acaso, un resabio centralista más la actual distribución de los recursos que capta la Federación en nombre de las entidades de la República? ¿Y los ciudadanos? ¿Habrá notado el centralismo que 9 de cada 10 mexicanos viven y trabajan en los Estados de la República?

3. ¿Qué más hay en las participaciones federales?

Luego, con esa cachaza del nuevo santanismo federal (por lo centralista), cabria ver qué es lo que significan las participaciones federales, si es que acaso éstas pueden ser utilizadas a manos libres por los gobiernos estatales.

De los ramos que se participan, el ramo 28 corresponde a fondos participables, que en alguna medida son los que más grados de libertad poseen en las finanzas estatales para pagos de nómina o de otros gastos quizá superfluos, de esos que sólo la Presidencia de la República quisiera atribuirse (por ejemplo, disponer de 17 mil millones de pesos para comunicación social).

Estos fondos representan 14.5 centavos de cada peso del presupuesto para las 32 entidades federativas y son, el fondo general; el de fomento municipal; el de fiscalización; el de extracción de hidrocarburos; el de impuestos especiales; el especial a las gasolinas; la tenencia; el impuesto sobre automóviles nuevos, de comercio exterior y algunos incentivos económicos adicionales. Con estos fondos, se debe financiar el gasto de la plantilla para atender servicios locales de educación, salud, seguridad pública y obras públicas.

El otro fondo participable corresponde al ramo 33, representa 13.5 centavos de cada peso del presupuesto federal para las 32 entidades federativas y está etiquetado a educación básica y normal; aportaciones para los servicios de salud; aportaciones para la infraestructura de salud y social; el fondo de aportaciones múltiples, el fortalecimiento municipal, la educación tecnológica y de adultos, y para el fortalecimiento de las entidades federativas. Son recursos etiquetados, que pasan por las arcas estatales pero se deben erogar sin más en estas cuestiones específicas.

No hay, como se ve, la holgura y la discrecionalidad con que el gobierno federal y los panegíricos anatemizan a las entidades federativas en el ejercicio del gasto. Lo que se administra es la escasez, no la abundancia que sí obra en el gobierno central. Por ejemplo, en la cuestión de la seguridad pública, que es otra cuestión en donde el gobierno federal y adláteres fustigan a las entidades y municipios por la escalada de violencia. En ese rubro, mediante el Fondo del Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, Municipios y D.F., el gobierno federal propone participar la cantidad de… ¡2,767 millones de pesos!
Hay estados, como Chihuahua, el estado con mayor violencia por ejecuciones del narcotráfico, a los que les participará 96 millones de pesos, al que mejor le va es al Estado de México con 220 millonsotes; para Michoacán, 100 millones; Nuevo León, 106 millones; Sinaloa, 79 millones de pesos. Uff, y con estas cantidades, ¿realmente creerá el gobierno federal que los Estados y Municipios podrán armar y sostener una fuerza pública de verdad? Si tan solo en el plano federal, a la Secretaría de Seguridad Pública del consentido Genaro García Luna le están otorgando 35 mil 732 millones de pesos, sólo 10 mil millones menos que la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ahí están los datos. La impuestiza sólo servirá para seguir financiando al ineficiente, obeso y parapléjico gobierno federal. 72 centavos de cada peso para el centralista gobierno federal; 28 centavos de cada peso del presupuesto del año entrante irán a las 32 entidades federativas y 2441 municipios . Pierden otra vez los ciudadanos.

4. ¿Pacto de neutralidad electoral?

Sorpresivamente, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, tomó –que no mordió—el anzuelo que le lanzara la diputada priísta Claudia Ruiz Massieu para que el gobierno federal se comprometiera a mantener una actitud neutral en materia electoral en los comicios locales y federales venideros.

Sería una idea plausible en un proceso de transición de la dictadura a la democracia, como la que vivió España en 1976 a 1978, cuando el advenimiento de la democracia hacía imprescindible el pactar las reglas básicas del juego. Pero en el México diez años después de la alternancia, estar volviendo al juego de pactar las reglas pareciera un contrasentido.

Lo cierto es que, tras diez años de alternancia y 42 desde que nuestro país iniciara un largo viaje del autoritarismo a la democracia, aún vivimos la incertidumbre de las reglas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo hace algunos días, estableciendo que el presidente de la República, Felipe Calderón, violó la Constitución al presentar en cadena nacional actos de propaganda a favor de su partido, el PAN, disfrazados de mensajes de gobierno. Tal es la principal prueba de que la ingerencia gubernamental, no obstante las limitaciones expresas de la Constitución y la ley al respecto, es una constante.

Como se vio en el análisis presupuestal realizado líneas arriba, si el gobierno federal dispone del poder de la bolsa, ¿qué le impide manipular los programas y las participaciones a su arbitrio? La Constitución y la ley electoral federal, amén de las locales, prohíben la ingerencia gubernamental, pero no impiden que los servidores públicos y autoridades actúen en los comicios con todo el poder que la sociedad les ha encomendado para otros fines, sobre todo el procurar el bienestar general.

Es de esta forma que, una vez más, alguien propone lo que en cualquier democracia parecería un absurdo: que se respete la ley, que quienes no son actores en la elección no intervengan en los procesos electorales. ¿Algo así sería imaginable, por ejemplo, en las próximas elecciones intermedias en los Estados Unidos de noviembre próximo? ¿Pudiera suponerse que la autoridad judicial emitiera un fallo señalando que el Presidente Obama violó la Constitución y todavía pudiera permanecer en el cargo? ¿Sería posible que el Departamento de Estado propusiera a los contendientes el firmar un acuerdo para respetar la Constitución y las leyes?

Tal cosa, firmar un pacto de neutralidad, si se llegara a hacer no sería otra cuestión que el reconocimiento de que las cosas sólo van a empeorar en materia electoral y si hemos visto campañas de odio y guerra sucia, en realidad no hemos visto nada. Son malas noticias para nuestra democracia el que nuestros actores no asuman, simplemente, el respeto a la ley electoral como norma suprema de la contienda política.

5. Elecciones presidenciales en Brasil e intermedias en Estados Unidos.

Están en curso dos elecciones de la mayor importancia para nuestro país, al acontecer en el vecindario continental. En lo que a Brasil respecta, hoy domingo habrá elecciones presidenciales. Todo apunta a una disputa cerrada sobre si habrá segunda vuelta para el 31 de octubre o no, aún cuando pocos dudan que la candidata oficial del gobernante Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, ocupará la primera posición. Las encuestas de cierre muestran que Roussef alcanzará el 50% de los sufragios, frente a 28% del candidato socialdemócrata, José Serrra, y 14% del Partido Verde con Marina Silva.

En Brasil, el tema de la corrupción ha sido central. La corrupción ha estado corroyendo el aparato político del presidente Lula da Silva, no sólo salpicado de escándalos políticos en los primeros niveles de su equipo, sino también por la manera en que la corrupción invade los círculos económicos, políticos y sociales en el país. En este sentido, si se votara una segunda vuelta presidencial, en los hechos estaría significando un descuento para Lula. En la segunda vuelta, bien podría gestarse una coalición opositora de carácter útil, en donde, por ejemplo, se sumaran las preferencias socialdemócratas y verdes para enfrentar a la oficialista Dilma Rousseff. Este lunes lo sabremos, punteará Rousseff sin duda; qué tanto es lo que está en duda.

En un mes, estaremos conociendo los resultados de la elección intermedia en los Estados Unidos. El Presidente Barack Obama está enfrentando una situación que le es adversa en el plano interior, pues la economía norteamericana, tras un enorme esfuerzo fiscal que llevó el déficit a la friolera de 12.5% del PIB, sólo se ha reactivado en un raquítico 1.4%, conforme a las últimas cifras disponibles, con un desempleo altísimo y con creciente pérdida de confianza en las capacidades de seguir dirigiendo la economía norteamericana desde el déficit y la intervención del gobierno.

Las encuestas muestran que, en realidad, ninguno de los dos grandes partidos está movilizando a los electores como sucedió en 2008 con Obama. Sin embargo, el partido Republicano se muestra como favorito para integrar la Cámara Baja, pues 6 de cada 10 votantes muestran un gran interés en las campañas y externan que su voto indicará oposición a la gestión de la administración Obama.

Un rechazo mayor no se ha asentado porque aún en la opinión pública norteamericana existe un fuerte rechazo a las políticas con sello republicano de George Bush, que aún tienen a los Estados Unidos en la guerra de Irak y de Afganistán y que, tras casi diez años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, simplemente no han logrado derrotar a los talibán ni capturar o eliminar a Osama Bin Laden, líder del movimiento islámico Al Qaeda.

Al momento, explican los analistas norteamericanos, los votantes no están mirando la elección como un duelo entre dos futuros que compiten entre sí, representados por los dos partidos dominantes en la política norteamericana, sino que miran insatisfactoriamente el presente, viviendo aún los estragos de la profunda crisis económica de 2007-2008 y la pérdida de nivel de vida que tenían. Desde esta perspectiva, la percepción es que Barack Obama ha fallado en el rescate de la economía, lo que abre la puerta a opciones populistas como las que los nuevos republicanos están asumiendo, quienes ofrecen recorte de impuestos, a los gastos del gobierno, la privatización de los servicios de salud y mano dura ante la inmigración ilegal, si bien, para atraer el voto hispano, estarían proponiendo la legalización de quienes actualmente se encuentren en Estados Unidos.