Cocinan Estado autoritario

Lila Arellano
Estado de los ESTADOS

García Luna, brazo represor
Inoportuna reforma política
Van cambios a fuero militar
Preparan batallones urbanos
Indagan saqueos en Cancún
Recula PRI: no reducirá IVA

“El dinero que ha hecho morir a tantos cuerpos, hace morir todos los días a miles de almas”.-
Giovanni Papini

Felipe Calderón sostuvo ayer un encuentro con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado. La finalidad de tal reunión fue la de analizar la agenda pendiente que tienen los legisladores en diversos temas, todos ellos en extremo importantes ya que se trata de la Reforma Constitucional para establecer el mando único de policías, la reforma al fuero militar, la reforma política y los órganos reguladores del Estado. Como puede observarse, se trata de reformas que son muy delicadas ya que tocan fibras sensibles y de gran repercusión en la vida de los ciudadanos.
Para el michoacano no parece que existan los tiempos adecuados ni las circunstancias. Es, en extremo, irresponsable pretender lanzar estas reformas en medio de una crisis como la que se vive en el país y que va de lo económico a la inseguridad, pasando por muchos otros renglones como son la educación, la salud y sobre todo el panorama que en inversiones extranjeras en áreas estratégicas de desarrollo se tiene en estos momentos. Es de una cerrazón incomprensible que en medio de un sembradío de cadáveres, como el que ha logrado la administración calderonista con su “guerra” contra el narcotráfico, ahora se imponga una policía única, es decir el autoritarismo en pleno.
Como bien se sabe y por decreto, las principales acciones en el terreno de la seguridad quedaron en manos del tartamudo Genaro García Luna, el hombre al que se le ha señalado por su amplia protección al cártel del “Chapo” Guzmán, el que ha sido delatado por, incluso, altos mandos militares, el sujeto al que denunciaron abiertamente por sus actividades de protección a las grandes mafias. En el caso de aprobarse una policía única seguramente que sería el mismo escogido por Calderón quien la encabezaría dejando así a la seguridad como, según reza el refrán, ”la Iglesia en manos de Lutero”.
Hemos visto cómo se han venido privatizando los servicios de seguridad en diversos puntos, principalmente en los puertos y en las terminales aéreas. No es de dudarse que don Genaro resolviera ampliar estos espacios para terminar entregándoselos de lleno a la mafia a cambio de cierta tranquilidad y de no enfrentamientos. En cambio, su policía única tendría como misión atacar sin piedad a todo aquel que se opusiera al mandato en turno. El tema en medio de una situación como la que se vive en ese renglón es sumamente delicado pero, para don Felipe, es menester hacerlo cuando el río está de lo más revuelto.
Igual sucede en el caso de la Reforma Política, a escasos meses de que inicie la contienda por la presidencia de la República dan ese paso que debe manejarse en un escenario totalmente fuera de disputas de carácter electoral. Hacerla en estos momentos no es llegar a una auténtica Reforma de Estado, que es lo que se reclama para poder avanzar en medio de tanta impunidad, cinismo, descaro, robo, despojo que se viene realizando. Lo único que puede lograr el inquilino provisional de Los Pinos es llenar de parches lo ya estipulado y conformar otro galimatías como el que han hecho con sus misceláneas fiscales.
Pero si lo anterior no fuese suficiente también se mete con el renglón militar cuando la Constitución es lo suficientemente clara con respecto al fuero, tanto de representantes populares, como de gobernantes y de milites. A pesar de eso Calderón, envió al Senado, la tarde de este lunes, la Reforma al Fuero Militar “para que —en teoría— los soldados y marinos sean juzgados por tribunales civiles cuando cometen los delitos de tortura, violación y desaparición forzada”. Lo grave del asunto es que esta iniciativa modifica los códigos de Justicia Militar, Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Además, si el Congreso autoriza el incremento al presupuesto solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, de más de 10 mil millones de pesos, se crearán entre 18 y 20 batallones de elementos adiestrados en combate urbano. Al participar en el Seminario “México, Seguridad Nacional, Relaciones Cívico-Militares”, el diputado Rogelio Cerda informó que estos “Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales”, conocidos como “Gafes”, serían adiestrados con capacidades policíacas para trabajar en zonas urbanas, a fin de combatir al crimen organizado durante los próximos cuatro años, tiempo en el que se implementarán los mandos únicos de policía a nivel estatal. La intención es clara, pues van encaminados hacia la represión popular, pues para combatir al crimen organizado se requiere inteligencia, no más soldados en las calles.
También se pretende hacer lo mismo con los órganos reguladores del Estado, que es otra inconveniencia en tiempo y forma. A todo esto habrá que agregar que sin excepción todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión tienen temas muy importantes pendientes y que nada tienen que ver con el plano electorero. Cumplirle el capricho a Calderón de analizar estas reformas ahora es un error garrafal y de las decisiones que se tomen al respecto, mucho habrá de repercutir en la votación y cada partido tendrá que pagar la consecuencia de su entrega a los intereses del hombre que ha sacado de la medianía a muchos diputados y senadores con la entrega de importantes recursos económicos.
Habrá que puntualizar que tales intenciones se tienen cuando los índices de pobreza van en aumento; el desempleo resulta imparable; la irritación social existe y es ya muy fuerte generando pasiones que van más allá de los odios y de los rechazos, ya que se dirigen a quienes han provocado suicidios y situaciones familiares delicadas, penosas, de desintegración. Pretende Calderón estas reformas en medio de un clima enrarecido por la presencia y la actuación del narcotráfico, de los secuestradores, de los tratantes de blancas, de los polleros, de los traficantes de todo tipo y con el territorio ensangrentado.
¿Qué tal si frente a tanto abuso vamos pidiendo por lo menos un poco de sensatez?

ENTRE LADRONES TE VEAS

Hace unos días, el titular de la Función Pública denunció que habría centenares de contratos que iban a investigar y que hablaban de corrupción entre los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la empresa ABB. Tal información surgió justo cuando se exigían cuentas por la pruebas y denuncias presentadas por los ilegales y excesivos cobros de la CFE por el servicio eléctrico y por las inundaciones causadas en varias entidades de la república a causa de no utilizar a las presas para la generación de energía. Se pretendió, pues, extender otra de sus clásicas cortinas de humano enfocando a la opinión pública sobre funcionarios menores y una empresa de la que ya pueden prescindir porque ya dio lo que tenía que dar.
Ahora este mismo funcionario, Salvador Vega, anuncia con bombos y platillos que ya tienen la nueva versión de Compranet, que es la 5.0, y que con ella el gobierno federal puede llegar ahorrar hasta 10 mil millones de pesos. Dicen que este novedosísimo programa sustituye a otro que utilizaban desde hace 10 años. Vaya forma de pretender que se alejen de los temas torales los que tienen el poder de la crítica. Si bien 10 mil millones de pesos es una cantidad importante, no es nada, absolutamente nada con lo que han ganado tras bambalinas quienes han firmado los contratos de generación y distribución de energía eléctrica con empresas extranjeras. No son nada comparados con los atracos que se cometen en el cobro del servicio. No son nada porque les llevará muy poco tiempo dar con la forma y lo que se requiera para poder hurtar a través de licitaciones, compras directas, en las computadoras y con lo que les pongan enfrente.
Y mire si no estamos en medio de puro ladrón y los dejamos pasar, y salen impolutos de sus cargos y todavía regresan a otras posiciones. Resulta que en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, como ya muchos de ustedes saben, se vivió otro trienio de saqueos con Gregorio Sánchez Martínez como alcalde y Carlos Trigos Perdomo como tesorero. Ya están haciendo auditorias a los ejercicios anteriores tanto los del gobierno del Estado como los diputados locales.
Confiados, los ciudadanos esperan que se presenten las denuncias penales correspondientes ante un escándalo que ha asombrado a los pobladores por la fortuna que lograron hacer ambos sujetos quienes, sin embargo, no son los únicos, ni ricos ni responsables. Y por lo que toca a los que están esperando justicia y la devolución a las arcas de la comuna del dinero sustraído o del que lograron amasar por la vía de las extorsiones o de la venta de cambios de uso de suelo, densidades, licencias, etcétera, parece que van a quedarse con las ganas de ver regresar lo robado y de que tales sujetos paguen por lo que hicieron yendo a para con sus huesitos a la cárcel.
Hay casos que demuestran que no va a ejercerse ninguna acción. Es de muchos conocido el atropellamiento que sufriera un menor de 9 años. El responsable fue uno de tantos cafres que conducen los camiones de la línea Turicun. A la familia del menor le informaron que lo más probable, a fin de salvarle la vida, era tener que amputarle ambas piernas. Los médicos de un conocido por su excelente fama hicieron múltiples esfuerzos, operaron al niño hasta en 14 ocasiones, lo enviaron a México para que concluyeran la labor y se logrará, como se hizo, salvarle las extremidades inferiores.
Los turicunes, gandayas, irresponsables y abusivos como son, no quisieron hacerse cargo de ningún gasto extra fuera de la cifra ridícula que absorbía el seguro. El director del hospital recurrió al tesorero municipal para darle a conocer la situación y pedir que interviniera a fin de que los camioneros liquidaran por lo menos lo que se había gastado en sangre, medicinas, etcétera, para salvar al niño. Carlos Trigos ofreció ayuda y en reiteradas ocasiones aseguró que ya tenía un cheque listo por más de 800 mil pesos. Sin embargo, en cuanta ocasión se presentaron al cobro, tal documento no existía.
Y así llegó la fecha en la que botó la Tesorería y salió del inmueble. Sin embargo, hace 5 semanas la directiva del hospital recibió un documento de la auditoría del gobierno estatal, en la que se les pedía que firmaran la póliza que ampara el cheque recibido. Ante el asombro respondieron, también por escrito, que no había recibido ningún pago. Insistieron una y otra vez en el teléfono en que tenía que ir a Chetumal a firmar porque estaba su factura y todo el expediente y, en efecto, el médico lo entregó para que pudieran liberarle el pago.
O sea que los auditores del gobierno del Estado pretendían solventar el pago y poner en orden una gran trácala. La denuncia ya la interpuso el director del hospital ante la Procuraduría del Estado y se le garantizó que en breve se sabría quién cobró el cheque para que pudiera ratificar su denuncia y señalara con nombre y apellido a quien cobró el documento que a vistas y sin presumir de gran investigador es claro que Carlos Trigos es el presunto beneficiario de esa suma.
Si de suyo el caso es muy vergonzoso más lo es que bajo la palabra “solventar” se estén protegiendo todos los malos manejos de Trigos y compañía, porque por otra parte existen dos reportes de la misma oficina de supervisión estatal con el mismo número de páginas, las mismísimas recomendaciones, los señalamientos sobre lo que no está “solventado” y se revelan nombres. En uno aparece Carlos Trigos y Oscar Conde, en otro, elaborado posteriormente, borraron mágicamente a Conde, que era el director de Egresos para poner el nombre de Jorge Rodríguez Carrillo, el notario que no está en funciones y quien fue cuestionado por haberle entregado a Lenin Zenteno una carta de residencia apócrifa y que se desempeñaba como contralor municipal.
Así pues la cadena es larga, no es sólo cargarle la responsabilidad a Gregorio Sánchez Martínez y a Carlos Trigos, también al oficial mayor, al director de Egresos, al contralor municipal y al síndico. Y es aquí donde se entrampan las simpatías y los amarres, y donde se ocultan las trampas y los robos. En el parte y recomparte aparecen los regidores y las filmaciones que asegura el ex tesorero tiene de todos ellos y que son al estilo de Carlos Ahumada. O sea que la delincuencia sí que está organizada, tan es así que … todo está solventado. Aunque se cobren obras que no se ejecutaron, se presenten facturas por luminarias inexistentes, se paguen sumas millonarias por servicios y materiales que nunca se compraron. Con el poder de la firma todo quedó… “sustentado”.

DE LOS PASILLOS

Una prueba más de que una pequeña cúpula es la que decide las acciones a tomar y seguir en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dio este lunes cuando la dirigencia que encabeza la tlaxcalteca Beatriz Paredes determinó echar a la basura el consenso alcanzado por la militancia priísta durante su pasado Consejo Nacional, que se realizó en Ixtapa de la Sal, Estado de México, en el que se aseguraba que las fracciones parlamentarias de ese partido en el Congreso de la Unión defenderían los intereses populares por encima de los particulares y coyunturales, y bajarían, por tanto, la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento actual al 15 por ciento. Este consenso nacional fue echado por la borda luego de una reunión en la que participaron 17 gobernadores, 14 en funciones y tres electos, con los coordinadores parlamentarios y la dirigencia nacional, en la que prevaleció el interés de los mandatarios quienes exigen recursos económicos para hacer frente a sus compromisos electorales del año próximo. Tras ese conclave, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, alfil del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, dio a conocer que los legisladores priístas no reducirán la tasa del IVA, con lo que se exhibió el barro del que están hechos tanto los dirigentes de ese instituto político como muchos de los gobernadores surgidos de sus filas.
El legislador perredista, Julio César Godoy Toscano, compareció el lunes ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados encargada del proceso de desafuero que la PGR solicitó en su contra por presuntos nexos con la organización criminal “La Familia”. En el encuentro se le mostraron los expedientes que la Procuraduría General de la República envió a la Cámara baja con el fin de desaforarlo y para que pueda enfrentar a la justicia, los cuales incluyen 48 grabaciones en las que presuntamente se oye su voz. Durante esa sesión, Godoy Toscano aseguró que nunca ha tenido relación con Luis Servando Gómez Patiño, hijo del narcotraficante conocido como “La Tuta”, quien lo acusa de tener vínculos con dicho grupo criminal. También señaló que todas las denuncias y pruebas que ha presentado la PGR “ya han sido desechadas en otros juzgados”, por lo que, dijo, se siente tranquilo debido a que “no prosperará la acusación de las autoridades federales.

(llilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)