Tras el Bicentenario ¿qué?

Pentagrama

Luis M Cruz

September 18, 2010

PENTAGRAMA.
Tras el Bicentenario, ¿qué?
Luis M. Cruz.
19 de septiembre de 2010.

Resulta más que urgente reordenar el ejercicio del gasto público, rendir cuentas, salir de la opacidad, empezando por saber cuál debe ser el tamaño más conveniente del presupuesto en nuestro país.

1. Tras el Bicentenario, ¿qué?

Los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia han dejado una estela de comentarios, que esencialmente se ubican en dos campos: aquellos que lamentan no haber aprovechado las oportunidades y recursos para haber hecho mejor las cosas, y los de quienes, vistos en el espejo de lo que somos, plantean la construcción de un futuro diferente, que fuera más allá de la simple proyección de carencias, vicios o virtudes del presente.

Sin duda, toda conmemoración provee la ocasión para reflexionar, comparar, pensar qué pudimos haber sido y qué sería bueno que fuésemos. La confrontación entre realistas e idealistas suele presentarse sin que necesariamente se encuentre un común denominador.

No obstante, el mejor sabor de la conmemoración lo ha dejado la gente con sus celebraciones, con la manera en que vive la mexicanidad aún cuando no se identifique plenamente con las autoridades, mucho menos con los resultados de 200 años de búsqueda de la justicia y el desarrollo.

Prácticamente desde los orígenes de nuestro país, los primeros documentos de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón llamaban a la libertad y a moderar la opulencia y mejorar la situación de los pobres y los excluidos, en lo que perfilaban con el objetivo esencial de un nuevo Estado liberal. Quienes sostienen que no tenían ese proyecto en el arranque, ahí están los Sentimientos de la Nación que prueban, con precisión, que sí había un proyecto político en los insurgentes, para emanciparse de España y construir un Estado independiente, con división de poderes, con subordinación del Ejecutivo y lo militar a la voluntad soberana del pueblo, la cual se depositaría, con el esquema de división de poderes, en el Supremo Poder Legislativo. Se hablaba en este primordial documento, de eliminar los impuestos excesivos y de administrar con honradez y eficiencia los recursos públicos. Todo un proyecto de nación, que sería recogido en la Constitución de Apatzingán, después, tras el efímero imperio de Iturbide, en la de 1824 y, tras el proyecto centralista y entreguista de Santa Anna, en 1857 se establecería con mayor solidez en la Constitución y en la República restaurada.

Con la Revolución, el pensamiento de raigambre insurgente prevalece y la confrontación social le agrega los componentes programáticos de un Estado social de derecho, con un programa y proyecto que cumplir al ampliar los derechos humanos, civiles y sociales a los estamentos populares, detonando la construcción de la sociedad civil dinámica, diversa, plural y exigente que hoy somos.

El deber de los gobernantes hacia la consecución del bienestar general y la cuestión social son las asignaturas pendientes del proyecto nacional. Tal es la cuestión que surge de los festejos del bicentenario: que los gobernantes retomen el sentido original fundador de nuestra República y vuelvan a ser siervos de la Nación, con el propósito central de moderar la opulencia y mejorar la situación de los pobres y los excluidos.

Si alguna característica definiera a los mexicanos de hoy, además de la devoción por la virgen de Guadalupe que hace más de 100 años advirtiera don Ignacio Manuel Altamirano, es la capacidad de trabajar y esforzarse, sostenida en nuestro país y en el resto del mundo, a pesar, en ocasiones, del propio aparato gubernamental. Parece claro, como lo muestran distintas encuestas sobre el sentir popular, que el encono, hasta exasperación, perceptible en la negatividad social y la alta exigencia de resultados, se ha traducido en una sociedad que va mucho más rápido que la capacidad del sistema político para procesar sus demandas.

2. La sociedad de hoy.

Hay quienes hablan de la existencia de una mayoría silenciosa, de unas clases medias emergentes pero comprimidas por la severidad de la crisis que restringe oportunidades y eleva el costo de la vida, que muy pronto podrían estar dando de qué hablar si el régimen no se regenera y reforma a sí mismo. El país real y el país formal requieren coincidir, ya no es posible que en el discurso oficial se hable de que las cosas van bien, cuando la gente tiene una percepción distinta, cuando debe trabajar más, esforzarse más y seguirse apretando el cinturón para tener un nivel de vida como el que tenía no hace mucho, digamos desde un par de años o cuando mucho hace una década, cuando las cosas no estaban tampoco tan bien pero no tan mal como ahora.
Ese “coloso” leviatánico que levantaron en el Zócalo la noche del Grito podrá tener muchos significados, pero uno que es indudable es que representa a esa mayoría silenciosa de mexicanos que todos los días se esfuerzan y construyen la verdadera República y que exige a la política y al aparato del gobierno resultados, que no se quede atrás, que le siga el paso para construir en serio, un mejor futuro.
Ya en los sismos de 1985, de los que hoy se cumplirán 25 años, la sociedad emergente mostró su capacidad para organizarse a sí misma y rebasar a las instituciones públicas. La sociedad es ahora ese “coloso” que exige mejores resultados, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y, sobre todo, que el régimen político esté al servicio de las mejores causas del país y de la gente.

3. El orden democrático en sociedades en movimiento.

El orden democrático en una sociedad en movimiento, si no se sostiene con el apoyo ciudadano, suele llevar al lado contrario que se persigue. A diferencia de la experiencia autoritaria, en donde el orden se sostiene con el recurso de la fuerza, la cooptación o el control unilateral, el orden democrático significa que las instituciones de la democracia funcionen, como son el diálogo, la negociación política y la construcción de acuerdos en el marco de la ley y de las responsabilidades y capacidades de cada uno de los integrantes del Estado. Este buen funcionar es el que atrae el respaldo ciudadano, genera la confianza y el consenso característicos de la gobernabilidad democrática.

La mayor funcionalidad se logra cuando el diseño político del Estado incorpora mecanismos de consulta y de formación de consensos para la toma de decisiones, además de los procesos periódicos, equitativos y ciertos de la renovación polìtica del poder, propio de los procesos electorales. Si la mayor pluralidad y dinamismo de la sociedad exceden la capacidad institucional para procesarlo y dar respuestas, viene entonces un periodo, o de caos, o de transformación.

Nuestro país ahora está en esa coyuntura. El régimen político no alcanza a procesar las demandas sociales con eficiencia, transparencia y resultados y ha construido una situación ideal que vive sólo en la publicidad y en los discursos oficiales, en tanto que en el mundo real se tiene una percepción distinta. Cuando se habla de seguridad, la gente no siente seguridad en las calles; si se habla de empleo, la población y los jóvenes suelen tardar más de un año para encontrar uno nuevo o hasta dos años para reponer el que se hubiera perdido, además de la insuficiencia de la oferta disponible tanto en cantidad como en calidad en el salario. Si se trata de pobreza, puede ser hasta ofensivo hablar de una mayoritaria clase media baja, cuando la población en situación de pobreza es de casi el 60% nacional, con 22 millones de mexicanos por debajo del umbral de pobreza extrema que le significaría un ingreso inferior a un salario mínimo, aún si tiene plasma, celular o a veces se va de vacaciones.

De ahí que la búsqueda de un orden democrático puede ser aquello que nos lleve, primero, a recuperar lo que se tenía, y, segundo, a realizar las transformaciones que se requieren para mejorar el potencial de desarrollo y distribuir los frutos de una mejor manera.
En los discursos del día de la Independencia, el senador Manlio Fabio Beltrones llamó a no perder más el tiempo y formular un pacto nacional que nos lleve, mediante la reforma del régimen presidencial al desarrollo social y a la justicia. Con al menos cuatro vertientes: poner orden en la seguridad pública, reorganizando las policías y dotándolas de sistemas de información y de inteligencia modernos, además de un mando único; reordenar el régimen político, para dotar a los poderes de mecanismos institucionales de diálogo, cooperación, toma de decisiones y participación ciudadana, en donde existan no uno, sino muchos días del Presidente y el Congreso trabajando juntos en los problemas y en las soluciones; atender la ingente situación social, reordenando las políticas diseñadas para ello en verdaderas políticas de Estado, que trasciendan la sola voluntad del gobernante en turno, y estableciendo un nuevo esquema para el ejercicio de los recursos públicos, analizando la cuestión fiscal y el destino del gasto, en todos los niveles, conforme a las reglas de la transparencia, rendición de cuentas y responsabilización por los resultados.

Podría ser, como lo dijo el presidente Calderón, que ahora sí los poderes se tomaran la palabra para dialogar y trabajar juntos en la solución de los grandes problemas nacionales, aún cuando todos saben que el horno muy pronto no estará para bollos, conforme los tiempos de la sucesión presidencia se van haciendo más perceptibles.

4. Batallas por el Estado de México.

En el Estado de México, aquella formulación político-electoral de hace un año, en que el sistema-PAN y el PRD orgánico integraron una fórmula electoral útil para contener el avance de la maquinaria del PRI hacia Los Pinos, se está perfilando un nuevo episodio. Si los coaligantes del perrepán pensaron que simplemente sería posible repetir la dosis en el Edomex, se están enfrentando a una acción política inédita, que no habrá de esperar inerme a que simplemente se le configure una coalición opositora a la manera de Oaxaca, Puebla o Sinaloa.

Para evitarlo, con el indudable aval del gobernador Enrique Peña Nieto, el Partido Verde presentó y con una celeridad insólita se procesó en el Congreso estatal, una iniciativa legal para eliminar la figura de candidaturas comunes y acortar los plazos de campaña. Los ayuntamientos, 95 de los cuales están en manos del PRI, están ratificando rápidamente la reforma constitucional local, por lo que entrará en vigor, en tiempo y forma, para la elección de gobernador en julio del año entrante.
Sin importar que en 20 entidades más tampoco exista la figura de candidaturas comunes, por parecer una acción de acomodo de las reglas a favor de un contendiente y una muestra palpable de abierta ingerencia gubernamental en el proceso local, en este caso del Ejecutivo estatal, por supuesto, los partidos coaligantes, sobre todo el PRD, irán a la acción de inconstitucionalidad, dado que la iniciativa Peña Nieto reduce el espacio para la existencia de coaliciones útiles, que, sin compartir un programa común, permite que un candidato lo sea al mismo tiempo de varios partidos, con los consiguientes presupuestos y estructuras reciprocados, lo que desde algún punto de vista se constituye en un factor de inequidad, además de la confusión inherente en que una coalición electoral no necesariamente se transforma en una coalición de gobierno si es que ganara las elecciones.

La acción, por otra parte, desnuda también las formas en el estilo mexiquense de gobernar: insólito, autoritario, con reglas que disminuyen a los otros y a las minorías y favorecen a quien ejerce el poder. Sabedor de que la candidatura presidencial pasa por la elección en el Estado de México y que le resulta imprescindible poner gobernador, el mandatario mexiquense no quiso correr riesgos e impulsó una reforma a modo, con lo que, de hecho, ha iniciado la judicialización del proceso electoral en aquella entidad. Ahora, cuando la medida se perfeccione, serán las Cortes quienes decidan si ha lugar a una elección preconfigurada o si se perfila una coalición a modo; en una de esas, en las batallas por el Estado de México surge una coalición hasta con candidato priísta, como algunos dicen sucedería en el caso que Erubiel Avila no fuese el agraciado de Toluca.

5. Opacidad y Presupuesto 2011.

Parte de la tragedia institucional que significa la carencia de un mecanismo de rendición de cuentas lo constituye el paquete presupuestario de todos los años. El Ejecutivo Federal lo debe enviar, como lo señala la Constitución, el 8 de septiembre, cuando apenas una semana antes está presentando el informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. En tal tiempo, es imposible hacer una revisión así fuera superficial, de cuáles fueron los resultados de la aplicación del presupuesto, cuando aún no termina siquiera el ejercicio del mismo, dado que el informe sucede en septiembre, faltando aún cuatro meses para que concluya el año fiscal.

El resultado es que las decisiones presupuestarias se toman sin saber cuál ha sido la calidad del ejercicio anterior, si las dependencias y entidades cumplieron sus objetivos, si se alcanzaron las metas o si los recursos fueron ejercidos en tiempo y forma. Lo que se sabe, según los informes trimestrales que envía la SHCP al Congreso, es que entre lo informado y lo hecho hay una gran distancia. Por ejemplo, si se habla de 11 mil kilómetros de carreteras “construidas o modernizadas”, resulta inexplicable entonces el subejercicio superior al 50% que observa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su presupuesto; si se habla de que se ha alcanzado ya el 90% de cobertura en el Seguro Popular, entonces por qué hay un subejercicio de 30% en ese rubro o de 25% en el programa Oportunidades, o por qué, si se están reportando recursos ahorrados en el programa de austeridad, las plazas de la alta burocracia siguen creciendo, además de la proliferación de plazas adjuntas u homólogas en los niveles de subsecretario y directores generales, las más jugosas en el presupuesto, o por qué las partidas de gasto en comunicación social del gobierno federal simplemente se exceden hasta 144% de lo autorizado, y así sucesivamente.

Esta situación de opacidad hace posible que el secretario de Hacienda acuda a la Cámara Baja a explicar el proyecto de presupuesto cargado de catastrofismo y amenazas. Esencialmente, el proyecto de presupuesto presentado para 2011, al igual que ha sucedido en por lo menos los últimos diez años, considera todo el paquete anterior más un porcentaje de incremento, en este caso del doble de la inflación esperada para este año, esto es, casi 7% superior al que se ejercerá en 2010. Todo, sin considerar una evaluación de qué se ejerció o cómo se ejercieron los recursos.

No obstante, sin saber siquiera cómo terminará el ejercicio, el titular de Hacienda, Ernesto Cordero,
sostiene que si no se aprueba tal cual, se pondría en riesgo la salud de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país, que llevaría a generar crisis económicas de origen interior como las que el país vivió en 1982, 1986 y quizá hasta 1995 (aunque esto último no lo dice, sin explicar por qué no, al igual que no se refiere ni de lejos a la de 2008-2009, año en que esperábamos un catarrito y caímos hasta un 7% del PIB).
Quiere decir, en la lógica de la opacidad, que sin ninguna evaluación se deben, simplemente, aprobar los mismos impuestos del año pasado, los que se establecieron en una situación de emergencia nacional autodecretada, cuando existiría un boquete fiscal de 380 mil millones de pesos, y que el precio de exportación del barril de petróleo se debe situar en 63 dólares por barril, aún cuando el precio promedio del mismo ha sido de 69 dólares, 10 dólares superiores al estimado de 59 del presupuesto anterior: Este simple dato supondría la existencia de un excedente no presupuestado de 4 mil millones de dólares, 52 mil 195 millones de pesos que tampoco sabremos a dónde fueron a parar.

Se podría decir que los recursos excedentes están yendo a las reservas monetarias del Banxico que rondan los 106 mil millones de dólares, pero tampoco se propone el gobierno federal retornar al tipo de cambio que teníamos en 2008, inferior a 11 pesos por dólar, sino que persistiremos en un tipo de cambio de alrededor de 13 pesos, profundizando el deterioro del salario de los últimos dos años.

Por ello es que se requiere poner orden en el tan opaco ejercicio presupuestal. Que se explique cómo es que, contando durante diez años con los presupuestos más altos en la historia presupuestal, los resultados generales son tan escuetos. Si se recuerda, el presupuesto pasó de 1.2 billones de pesos en 2001 en términos absolutos, a 3.4 billones que se proponen para el año entrante, un crecimiento muy cercano al 300%, sin que ningún otro parámetro de la economía observe un comportamiento similar, pues ni el país ha crecido en tres veces el tamaño del producto interno bruto, ni somos tres veces más eficientes o con menor pobreza que antes. Por ello es que resulta más que urgente reordenar el ejercicio del gasto público, rendir cuentas, salir de la opacidad, empezando por saber cuál debe ser el tamaño más conveniente del gasto público en nuestro país, para conocer cuáles impuestos se deben cobrar y cuáles ya no, si debe haber menores tasas o una simplificación impositiva con pocos impuestos que todos paguemos.

A partir de ahí, analizar el presupuesto capítulo por capítulo y determinar qué políticas y dependencias están funcionando y cuáles no, para ajustar los egresos conforme al desempeño, o seguiremos en el círculo vicioso de la opacidad y los subejercicios, en un círculo sin fin de apariencias, simulación y malos resultados de la gestión pública.

Es preciso insistir en una mejor configuración institucional que compagine eficiencia, acuerdos, mejores decisiones y resultados y, por supuesto, transparencia, cuentas claras y participación ciudadana. Sí se puede, ahí están esos países que siempre nos sirven de referencia y funcionan de mejor manera con configuraciones públicas funcionales y más cercanas al sentir de los ciudadanos (las cosas suceden y la gente percibe que sí se hacen): Canadá, Estados Unidos, los de Escandinavia, los de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, algunos de América Latina como Chile o Costa Rica, entre otros.