La publicidad oficial es el instrumento a través del cual el gobierno tiene que informar a los ciudadanos sobre sus deberes y derechos y rendir cuentas sobre su quehacer. Es una herramienta de comunicación poderosa que es importante acotar para que no se vuelva una máquina propagandística al servicio de los gobiernos en turno.
En México, los ejemplos del uso político de la publicidad oficial sobran. Como es una fuente de ingresos sustancial para los medios, los gobiernos la utilizan como premio o castigo. Es decir, para favorecer líneas editoriales favorables o para sancionar a sus detractores. Por ejemplo, desde 2006, el semanario Proceso sufrió una drástica reducción de los anuncios del gobierno federal en sus páginas que terminó en una desaparición completa de la publicidad oficial del gobierno federal. De enero del 2010 hasta la fecha, el gobierno no compró ningún espacio en la revista. Sin embargo, las revistas que compiten con Proceso y que tienen menos tiraje, siguen vendiendo espacios al gobierno federal.
La publicidad oficial en México se usa también como herramienta de autopromoción con fines políticos aun en violación a la ley electoral tal y como lo resolvió el mes pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Durante las elecciones estatales y municipales de 2010, el Instituto Federal Electoral resolvió bajar los spots sobre salud que difundió el gobierno que hacían promoción a obras públicas y, en particular, a la construcción de hospitales en 13 de las entidades que tenían proceso electoral. ¿Y qué decir del bombardeo de spots para la promoción del cuarto informe presidencial? A estos ejemplos se suma el aumento del 501% en cuatro años de los gastos federales en comunicación social. Estos alcanzaron en 2009 los 4,927.7 millones de pesos.
La sucesión de abusos subraya la debilidad del marco normativo mexicano en materia de publicidad oficial. En efecto, en nuestro país existe una multitud de normas de distinta naturaleza jurídica que delimitan un marco normativo incompleto, que no logra acabar con las malas prácticas de la publicidad oficial heredadas de un sistema autoritario. Ya sea que estas normas padecen de una verdadera fuerza jurídica (como es el caso del presupuesto y los lineamientos) o las reformas y leyes existentes sólo resuelven una parte del problema como es el caso de la reforma electoral de 2007 que se limita a legislar sobre publicidad oficial en tiempos electorales.
Esta necesidad de regulación no escapa al olfato político de los legisladores: desde 2002, diversos partidos políticos (PRD, PT, PRI y Nueva Alianza) han presentado siete iniciativas en la materia. Sin embargo, ningún intento se ha concretado: todos se han perdido en el limbo del Congreso.
En 2007 hubo tres iniciativas. Los escándalos mediáticos desatados por las elecciones del 2006 habían propulsado en el debate público el tema de la publicidad oficial. El ex presidente Vicente Fox realizó alrededor de dos terceras partes de los spots publicitarios durante las elecciones de 2006 al transmitir cerca de 462,000 spots. El abuso de la publicidad fue tal que uno de los argumentos más fuertes que usó la oposición para impugnar la elección fue la participación constante de Fox en los medios de comunicación.
A pesar de la apremiante necesidad de legislar en la materia en 2007, la mayoría panista en el Congreso impidió que estas propuestas se volvieran realidad. Al final, las promesas de cambios se cristalizaron en la reforma electoral de ese año. Sin embargo, es una solución limitada que no ataca el problema de fondo. No se puede eludir más la necesidad de un debate amplio sobre la cuestión.
En vísperas de las elecciones de 2012, cuando el cuarto informe presidencial parece más una señal de precampaña que un ejercicio de rendición de cuentas, este periodo de sesiones parece ser la última oportunidad de debatir sobre el tema antes de las siguientes elecciones para Presidente. Hoy más que nunca se necesitan reformas estructurales que cambien la relación entre los medios y el poder. Urge garantizar el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Es necesaria una ley general que abarque todos los aspectos de la publicidad oficial como son la transparencia presupuestaria, la supervisión de los contenidos y criterios equitativos y transparentes de asignación a los medios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario