Mensajes del Bicentenario

Pentagrama

Luis M Cruz

September 11, 2010

1. Mensajes del Bicentenario.

El fin del sexenio del presidente Felipe Calderón ha, finalmente, iniciado. El, tal y como lo declaró tras el informe presidencial, dice que se está preparando para gobernar bien aún cuando todos perciben que lo está haciendo para preparar la campaña presidencial de su partido, el PAN.

El mensaje alusivo al IV Informe presidencial, pronunciado en la comodidad del Palacio Nacional, se refirió a una serie de logros que sólo existen en la óptica gubernamental. Miles de carnets del Seguro Popular, miles de kilómetros de carreteras “construidas o modernizadas”, millones de apoyos otorgados a través de Oportunidades y la Sedesol, cientos de miles de empleos registrados en el IMSS, casi tres decenas de miles de muertos en su guerra contra el narcotráfico que, en esencia, no lograron paliar la rampante pobreza y desolación que se percibe en el país. Si embargo, en la óptica gubernamental, vamos ganando y México seguirá siendo más grande que sus problemas.

Como es obvio, si no existe un mecanismo de rendición de cuentas, los gobernantes quedan siempre ante sí mismos y se autoevalúan y elogian de una manera casi obscena. “No descansaremos…”, “seguiremos adelante…”, “hemos cumplido…”. “hay avances pero aún no son suficientes…” se convierten en lugares comunes de un discurso que en realidad va para ninguna parte, porque ni se escuchan las réplicas y se niegan los contrastes.

Decir que se está cerca de la cobertura universal de Salud resulta fácil si nadie verifica la capacidad real del sistema nacional de Salud para atender a los millones de mexicanos que se debe tener la capacidad de atender, por ejemplo, en número de camas instaladas y disponibles, que en nuestro país sigue siendo de las más bajas del mundo, así como en número de médicos por habitantes o número de médicos y enfermeras situadas en el medio rural, donde son prácticamente inexistentes. Pocos se percatan de que tampoco el seguro popular es una prestación gratuita o dádiva del gobernante, sino que se debe pagar una cantidad al año para acceder al carnet con el que posteriormente se pueda tener derecho a la consulta, al medicamento o a la intervención quirúrgica, que habría que ver y constatar en campo cuál es el tiempo de espera, de surtimiento del medicamento o de realización de la cirugía, que no puede ser constatado con los garbanzos de a libra preparados de manera conveniente para el lucimiento propagandístico.

De los miles de kilómetros construidos “o modernizados” u obras entregadas, haría falta, en una verdadera rendición de cuentas, sería necesario saber cuántos exactamente son nuevos kilómetros agregados, y a cuántos se les dio simplemente mantenimiento; lo mismo sucede con las obras, cuántas y de qué envergadura, pues no podría ser lo mismo una presa hidroeléctrica que un hospital o un anexo de consultorios. En los informes unilaterales, el reconteo es una práctica común para maximizar el impacto mediático, pues si se suman los kilómetros construidos a los “modernizados”, suena bien decir que se han “construido o modernizado” más kilómetros que en los dos sexenios anteriores.

2. Balance de resultados.

Hace un año, el titular del Ejecutivo Federal se comprometió a trabajar en diez rubros. Poco ha avanzado y, en el esquema unilateral empleado, siempre encuentra una justificación a modo para explicar los magros resultados: que si el exterior adverso, que si el Congreso paralizante, que si los gobernadores y presidentes municipales que sólo saben gastar, que si los delincuentes son más vivos, mejor armados y con una capacidad infinita de corromper y penetrar los distintos niveles de gobierno.
Lo real es que los compromisos no fueron sustanciados. Primero, se comprometió a concentrar los recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza y mitigar la recesión económica. El resultado, según cifras del Coneval, son casi 8 millones de mexicanos más en situación de pobreza extrema, en tanto que la recesión económica consumió casi el 7% del Producto Interno Bruto con un impacto asimétrico en el ingreso y los precios de la canasta de consumo real cercano al 25%. En este contexto, la política social se tornó asistencialista y las dádivas y apoyos sirvieron para evitar la hambruna en nuestro país.

El segundo compromiso, la cobertura universal en Salud, ha sido previamente comentada. No hay una correlación válida entre el número de carnets entregados, que, dice el presidente, cubren ya a 37 millones de 49 posibles que no tienen acceso al IMSS, ISSSTE o alguna otra institución de salud. Si aceptamos que el IMSS ofrece cobertura a 14 millones de trabajadores del apartado “A” y 46 millones de derechohabientes que son sus familiares, conociendo la infraestructura médica que tiene el IMSS, habría significado que, para otorgar cobertura a otros 37 millones, se habría creado una infraestructura adicional por lo menos similar a la que tiene el IMSS, cosa que no es muy difícil constatar que no ha sucedido. Lo mismo podría decirse de la eficiencia y calidad en la atención, pues si el IMSS sufre por cobertura, medicamentos y oportunidad en las cirugías, que debiera decirnos el presidente sobre la verdadera capacidad instalada para atender, como dice, a 92 millones de mexicanos en los sistemas públicos de salud.

El tercer compromiso, el lograr una educación de calidad, poco es lo que se hizo al respecto. Numerosos especialistas coinciden, mientras la educación pública se maneje en base a componendas con un sindicato y una dirigente magisterial que imponen su visión patrimonial y clientelar, de poco sirve todo lo demás.

Cuando trasciende a la opinión pública los miles de comisionados, esto es, maestros que cobran pero no dan clases, las pésimas condiciones de los planteles y los magros salarios que se paga a los educadores comparados con los de cualquier otro sistema educativo del mundo, no es difícil comprender las causas del enorme rezago existente.

3. Finanzas públicas y telecomunicaciones.

En el cuarto compromiso, el manejo responsable de las finanzas públicas, es una falacia más. Es irresponsable hablar de austeridad, reducción de sueldos de altos funcionarios, de ahorros en gastos de operación y administrativos, cuando las estadísticas publicadas por la SHCP revelan la explosión en el abuso de plazas homologadas o adjuntas de la alta burocracia, que han creado una estructura paralela a la orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí está el Analítico de Plazas del Gobierno Federal, en el que hay reportados, por ejemplo, 980 directores generales de línea, esto es, con funciones asignadas en los manuales internos, y mil 700 directores generales adjuntos, que cobran como sus homólogos pero no tienen funciones asignadas, con lo que puede ser un asesor, un amigo o algún consentido. Lo cierto es que a los mexicanos nos subieron los impuestos, pagamos más IVA, más ISR y más impuestos especiales como el IETU, el de telecomunicaciones, las cervezas, tabacos y hasta la tenencia, para que el gobierno federal continúe con el derroche de sus plazas fuera de norma, los subejercicios y la retención de participaciones a Estados y Municipios.

Esto último resulta aún más relevante a la luz del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 en el que, básicamente, el gobierno federal busca repetir la misma amarga medicina del 2010, disfrazada del subterfugio de que “no habrá más impuestos y el presupuseto será el mismo”. ¡Si ya los aumentaron y los resultados han sido mucho peores! Tal es la consecuencia de que haya informes sin rendición de cuentas.

El quinto compromiso, referido a las reformas de fondo para lograr una economía competitiva y generadora de empleo, simplemente en la forma de plantearlas, unilateral y cargada de soberbia y desprecio al Legislativo, reside la condena a las mismas.

Tal es el caso de la iniciativa de Ley Federal de Competencia, dispuesta para hacer de la COFECO un organismo dependiente del Ejecutivo Federal, al igual que el caso de COFETEL, con lo que el gobierno es juez, parte e instancia última de resolución, de actividades que requieren de suyo proveer de certeza jurídica y mejores condiciones de competencia a los agentes económicos participantes en el sector. En lo que se refiere al sector energético, salvo la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que supuestamente generaría un ahorro de 40 mil millones de pesos, tal ahorro ni es observable en el proyecto de presupuesto para 2011 (que será inercialmente aún mayor en 6.4% al de 2010) ni se refleja en una disminución de las tarifas eléctricas o en la mayor eficiencia del sector.

En el sexto compromiso, referido a la reforma en Telecomunicaciones, igualmente el Ejecutivo Federal , envió al Congreso una iniciativa, la “ley Molinar”, para crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, con la pretensión de fusionar la Ley de Radio y Televisión con la de Telecomunicaciones, pero acompañado de una agresiva política de licitaciones y coacción en los refrendos que recuerda los tiempos más aciagos del control de medios. Adicionalmente, decidió confrontarse con el Congreso al imponer como presidente comisionado de Cofetel a un cercano de Molinar sin cumplir los requisitos de ley, como es el demostrar en su experiencia profesional un desempeño preponderante en la materia. El corolario es que existe un gran desorden y confusión en el sector, que le ha devuelto al gobierno la capacidad de negociar clientelarmente concesiones a cambio de respaldos políticos y mediáticos.

Respecto a la ampliación de la cobertura, competencia y convergencia tecnológica en telecomunicaciones, anunció el decreto de transición de la televisión analógica a la televisión digital. Con ello, pudiera pensarse que abre el camino a una tercera o más cadenas televisivas, incluida la nueva del Estado vía el Canal 11 con cobertura nacional, abriendo el juego a nuevos actores pero también a mayor discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y facilidades, como lo es el reparto masivo de convertidores de señal a través de la Sedesol en los tiempos electorales que se avecinan.

4. Sólo magros resultados.

Respecto del séptimo compromiso, la reforma laboral, sólo hay que señalar al respecto que el secretario Javier “kid” Lozano, golpeador de sindicatos como el Minero, el SME y ahora los de Mexicana, fue la mejor manera encontrada para empantanar una propuesta laboral tan unilateral como inviable. El sindicalismo independiente, el otrora oficial y aún los aliados petrolero y magisterial, se muestran unidos para resistir una propuesta que va en contra de la autonomía sindical, derecho de huelga y contratación colectiva, por más plausible que fuera la modernización de las relaciones laborales.

Paradójicamente, en el Congreso las fuerzas políticas estarían listas para una reforma laboral que implicara modernización de las relaciones obrero-patronales, nuevos equilibrios entre los factores de la producción, que pudieran incluir flexibilidad en los centros de trabajo, pero no en la negación o reducción de las conquistas laborales básicas para la defensa del trabajo y el salario, como son las arriba aludidas.

En lo que se refiere al octavo compromiso, simplemente desrregular, es hasta ahora que el gobierno federal se decidió a actuar en contra de la excesiva regulación que la enorme burocracia administra. No obstante la supuesta “tala” regulatoria que depone unas 14 mil normas administrativas, aún subsisten 20 mil que le hacen la vida imposible al ciudadano. De hecho, somos el único país del mundo que, tras implementar el “e-government”, la burocracia se incrementó y los trámites se hicieron más complicados. Es cosa de tratar, por ejemplo, de obtener la devolución de impuestos en el SAT para entender el enorme logro mexicano de hacer de lo simple, algo más complicado, burocrático y de vuelta y vuelta.

El noveno compromiso es uno cuyos resultados nos tienen sumidos en la barbarie o en los montajes del “SSP Productions”. En el extranjero, ya es recurrente que se refieran a nuestro país como un moderno “México Bárbaro” como Hillary Clinton, cual renovado Kenneth Tuner nos describe, enfoque que creíamos desaparecido desde el siglo pasado. En materia de seguridad pública, se trataba de salir de la guerra contra el narcotráfico y avanzar hacia una política de Estado en materia de seguridad, un cambio de terreno que recuperara la confianza y la seguridad en las calles y el domicilio. En esta materia, cada año transcurrido ha sido peor que el anterior y nuestro pequeño Elliot Ness aún no ha entendido que lo que terminó con los gangsters en Chicago en la era de la prohibición no fueron Los Intocables, sino el levantamiento de la prohibición del alcohol que hiciera el presidente Roosevelt. Más de 28 mil muertos acumulados en tres años y medio de gestión hacen pensar que, al concluir el sexenio, la cifra podría rondar los 50 mil ejecutados y el problema de las seguridad pública podría serle heredado al próximo gobierno.

Por último, respecto del décimo compromiso, la reforma política, para lo cual el Ejecutivo Federal envió al Senado una iniciativa para hacer aún más presidenciable el sistema presidencial, lo que le ha faltado es talante democrático. Aún no se entiende cómo es que quiere dialogar con el Congreso y llegar a acuerdos, golpeándolo y negándose a la rendición de cuentas. Proponer segundas vueltas para construir mayorías o alianzas electorales, reducir el tamaño de las Cámaras, propiciar la reelección legislativa y de presidentes municipales, aumentar el umbral para el registro de los partidos políticos, disponer de iniciativa preferente con afirmativa ficta y, quizá lo más plausible, devolverle poder a los ciudadanos con las candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y referéndum, sólo le hizo falta la propuesta de desaparecer la representación política y convertir al Congreso en una dependencia federal más, atribuyéndose la facultad de nombrar a los legisladores. Tras el envío de la iniciativa, no ha habido más diálogo, sólo la confrontación del affaire coaliciones por votos y la permanente negación al mandato popular que, elección tras elección, ratifica la necesidad de establecer un mayor control al Ejecutivo Federal, más participación y una efectiva rendición de cuentas.

Nunca como ahora las alegres cuentas presidenciales se han alejado tanto de la realidad. Realmente, ¿en el gobierno creerán que la gente no hace cuentas ni tiene contacto con la tremenda realidad que nos agobia? Quizá tengan razón los principales analistas y comentaristas de los principales medios de comunicación al señalar que la mejor muestra de lo mal que nos ha ido en la actual administración, es la incapacidad demostrada hasta para organizar las conmemoraciones de los Centenarios de nuestra Independencia y Revolución, pues el monumento alusivo, que primero sería un arco y luego se transformó en una columna de luz, no podrá estar listo sino hacia finales de 2011, además de que fue mal diseñado y su costo original pasó de unos 300 millones de pesos a más del doble, que serán casi 700.

5. Paquete económico del 2011.

Las premisas básicas del paquete económico para el 2011 contienen un fuerte componente superior al inercial, al agregar a todo lo presupuestado en 2010, un factor del 6.4%, superior al de la inflación observable para este año, que habrá de situarse en un 4%.

En bulto, el proyecto de ingresos repite la impuestiza que nos fue aplicada a los ciudadanos el año pasado, tras el ominoso acuerdo de “coaliciones por impuestos” que luego todos desconocieron pero los ciudadanos estamos pagando al contado. Como si fuera una buena noticia, no obstante lo mal que se ha ejercido el presupuesto este año de 2010, la SHCP nos comunica las instrucciones presidenciales: no habrá nuevos impuestos, sólo intentarán repetirnos la impuestiza que ya pagamos: 16% de IVA, 30% de ISR, 17.5% de IETU, 3% a depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos, impuesto a las telecomunicaciones, al tabaco, a las cervezas, además de que, ahora, también controlarán las operaciones en efectivo (superiores a 100 mil pesos) y en dólares (depósitos superiores a 4 mil dólares para personas físicas y 7 mil para empresas). Insaciable el fisco, pues.

En lo que respecta al proyecto de Presupuesto de Egresos para el electoral año entrante, también en bulto el Ejecutivo Federal está pidiendo la friolera de 3.38 billones de pesos, esto es, 202 mil millones más que el total del gasto para este año.

Sin entrar por el momento de lleno al análisis, resultan interesantes varios rasgos observables en lo que el Ejecutivo Federal pretende gastar el año entrante. El presupuesto de los ramos administrativos (el conjunto de dependencias del gobierno central) crece 4 mil 600 millones de pesos, esto es, pasará de 787 mil 505, a 792 mil 127. Ello implica que, en materia de ahorro, mantendrán la abultada alta burocracia con la que se despachan ahorita, esto es, permanecerán los mil 700 directores generales adjuntos y los casi 400 homólogos a subsecretarios, que drenan buena parte de los recursos que bien podrían ser destinados a otros rubros en aras de la eficiencia y el buen gasto; por ejemplo, establecer una reducción de impuestos, dado que el año anterior se incrementaron con supuestos inexistentes (el “agujero” fiscal que la crisis global generaría o las inversiones contracíclicas que nunca se realizaron) y este año, cuando se había proyectado crecer 3%, en realidad el crecimiento ha alcanzado la cifra de 4.5%, lo que supondría que existirán remanentes importantes como para estimular el bolsillo de los contribuyentes con una reducción o aunque sea devolución de impuestos, como sucede en otros países (¿cuáles? Estados Unidos o Australia, por ejemplo).

Las dependencias que se recetan buenos incrementos presupuestales, quizá por los efectos del año electoral, son la Secretaría de Gobernación en primerísimo lugar, que pasará de 8 mil 370 millones a 15 mil 503, con un incremento en un solo año del 85%; el Consejo de la Judicatura Federal, que irá de 27 mil 637 a 34 mil 870 millones de pesos, 26% superior al 2010, e inserta en la transición del sistema de seguridad y justicia aprobado por el Congreso; el Instituto Federal Electoral, con un mil 878 millones de pesos más; la Auditoría Superior de la Federación, que dispondrá de 182 millones de pesos adicionales; la Secretaría de la Defensa Nacional, que dispondrá de 50 mil millones de pesos, 6 mil 407 más que en 2010 para seguir apoyando las tareas de seguridad interior; la Cámara de Diputados, que erogará 690 millones de pesos adicionales a los 4 mil 753 que gastará en 2010; la Secretaría de Marina, que dispondrá de 2 mil 278 millones adicionales; la Secretaría de Economía, con 1,585 millones de pesos más; la Secretaría de Seguridad Pública, que incrementará su presupuesto en 3,295 millones de pesos, llegando a la cantidad de 35 mil 732 millones, cifra ya muy cercana a la ejercida por Sedena, así como la Presidencia de la República, que gastará en 2011 un mil 826 millones de pesos, 138 más que los ejercidos este año, entre los principales.

Las dependencias que verán disminuidas sus asignaciones en 2011, serán el INEGI (ya no habrá censo), que irá de 8 mil 766 mil millones en 2010 a 4 mil 842 millones; la SAGARPA, que pasará de 73 mil 368 en 2010 a 59 mil 529 el próximo año (con lo que podría venir un año más difícil para el campo, que siempre requiere de más y no de menos recursos); la SCT, que reducirá en 13 mil 170 millones su presupuesto (que de cualquier forma no sabe gastar, es la de mayor subejercicio presupuestal cada año); la SEMARNAT, que bajará 3 mil 508 millones de pesos (alerta en la protección del ambiente y recursos naturales); la Secretaría de la Reforma Agraria, que reducirá 372 millones de pesos, y el Senado de la República, que ejercerá, con todo y la conclusión de su nuevo edificio, 184 millones de pesos menos, para un total de 3 mil 385 millones.

Al respecto, son notorios los posicionamientos previos de las bancadas: el grupo parlamentario del PRI buscará, primero, bajar los impuestos, pues nada justifica la persistencia en los incrementos autorizados de manera excepcional, dado el supuesto de un severo impacto por la crisis de 2009, y luego, analizar cuidadosamente las partidas propuestas para el gasto, pues tampoco se justifica el ejercicio inercial e inflacionario que está proponiendo el Gobierno Federal, sino que se requiere realizar un verdadero ejercicio de racionalidad en el gasto. Si, como dijera el Secretario de Hacienda y Crédito Público, se tratara de señalar los rubros en que podría haber reducciones del gasto al reducirse los impuestos, bastaría, en una especie de reconducción al alimón, simplemente sostener las partidas del 2010 en 2011 absorbiendo la erosión inflacionaria (que sería del 4%) y en automático se generaría una eficiencia de 202 mil 13 millones de pesos. Si se quisiera profundizar aún más, bastaría con prohibir, por ejemplo, las plazas de directores generales adjuntos y homólogos a subsecretarios, obligando a una definición exacta, con responsabilidades y funciones, de cuál debe ser la estructura orgánica del Ejecutivo Federal.