Por Emilio Godoy
MÉXICO, 12 ago (IPS) - La seguridad pública concentra la agenda de las organizaciones de la sociedad civil de México, mientras que la escasez de fondos dificulta su labor, según un estudio divulgado este jueves en la capital del país.
"Las sociedades modernas tienen que tener una sociedad civil fuerte, organizada, participativa", dijo a IPS Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del no gubernamental Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), uno de los autores del estudio.
El análisis, en el cual participaron 350 organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas, reportó una puntuación promedio de 40, en la cual cero es una sociedad civil inexistente y 100 representa un sector altamente desarrollado.
La calificación muestra que este segmento social se ubica lejos del estado ideal.
El conjunto de indicadores, aplicado desde 2000 en más de 55 naciones, es un proyecto de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana-Civicus: una red internacional de sindicatos, ONG, asociaciones profesionales, fundaciones filantrópicas y donantes.
El Índice Civicus de la Sociedad Civil de México, elaborado por el Cemefi y la no gubernamental Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, cubre el compromiso cívico, el nivel de organización, los valores democráticos y el impacto sociopolítico de las entidades.
El trabajo fue financiado por la estadounidense Fundación Kellogg y el gobierno británico.
En uno de los principales hallazgos, 70,2 por ciento de la muestra respondió que las organizaciones tienen un alto impacto en el tratamiento de la inseguridad.
"La seguridad se ha convertido en una tema transversal para las organizaciones porque afecta a toda la población, independientemente de la labor que realicen", declaró a IPS José Piña, presidente de la Fundación Nuevo Milenio, dedicada a la difusión de la cultura cívica y la observación electoral.
En el marco de la encuesta se realizaron ocho talleres en varias regiones del país y cinco estudios de caso, uno de los cuales analiza el entorno en el cual trabajan las ONG en el norteño estado de Chihuahua, uno de los más azotados por la violencia vinculada con el narcotráfico.
En dicho estudio, las organizaciones expresaron su temor por los niveles de violencia presentes en ese territorio, disputado por los carteles de la droga por su vecindad con Estados Unidos, el mercado más jugoso para la venta y consumo de sustancias prohibidas.
Tras asumir en diciembre de 2006 el gobierno de México, el conservador Felipe Calderón sacó a las calles a miles de soldados para enfrentar a los narcotraficantes, en una campaña que ha dejado más de 28.000 muertos, según datos gubernamentales.
Las principales afectadas han sido las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la propia naturaleza de su trabajo. Pero otro tipo de instituciones no han quedado fuera del radar de la violencia.
El 19 de julio aparecieron los cadáveres de Antonio Hernández y Arturo Lavín, colaboradores de la organización Hábitat para la Humanidad México, centrada en defender el derecho a la vivienda para población pobre, en el estado de Hidalgo, a unos 100 kilómetros al noreste de la capital mexicana.
El doble asesinato llegó al seno del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, vigente desde 1994, que establece mecanismos para que éstas accedan a fondos gubernamentales. El Consejo pidió información a las autoridades para analizar el caso.
"El gobierno y las organizaciones podemos sumar en causas que son del interés público", señaló a IPS Elio Villaseñor, director general de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo.
Cerca de 43 por ciento de los encuestados para el Índice Civicus reportaron disminución de ingresos financieros, en tanto que 23,2 por ciento afirmaron un aumento de éstos.
El 23,38 por ciento aseguró obtener fondos de donaciones privadas y 22 por ciento de las arcas públicas.
El apoyo público a las organizaciones de la sociedad civil representa menos de nueve por ciento del total de sus ingresos, estimó ante IPS María Verduzco, de la no gubernamental Alternativas y Capacidades, autora de un estudio sobre financiamiento público al llamado tercer sector.
Ese análisis se enfocó en el Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), adscrito a la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social. En 2009 recibió más de 3.000 proyectos, de los cuales financió 1.589 por más de 236 millones de dólares. El subsidio promedio ascendió a unos 15.700 dólares.
El presupuesto nacional para las organizaciones de la sociedad civil ha oscilado en los últimos años, pues en 2007 se ubicó en unos 173 millones de dólares, en 2008 subió a casi 380 millones y se contrajo al año siguiente.
"La composición de las organizaciones de sociedad civil aún es frágil, pues las personas que laboran en ellas son mayoritariamente voluntarias que no perciben ingresos o que trabajan en condiciones laborales precarias", cita el Índice Civicus, que también halló diversidad y pluralidad entre los entes sociales.
En México funcionan unas 30.000 ONG, en su mayoría religiosas, pero sólo 9.000 están registradas en Indesol, una inscripción voluntaria. Su área de trabajo es muy variada, desde atención a ancianos y combate a la pobreza hasta educación, salud y promoción de los derechos humanos.
"Uno de los retos es movilizar más recursos privados y públicos. Tenemos que ver cómo profesionalizamos y visibilizamos lo que hacemos como sociedad civil", apuntó Villalobos.
En México, unas 15 fundaciones privadas manejan un patrimonio millonario y dirigen su rendimiento al bienestar público, según el Cemefi. Entre ellas están las financiadas por el magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, según la revista estadounidense Forbes.
"Concluimos que, a pesar de que (el de Coinversión Social de Indesol) es un programa con muchas mejoras, sigue teniendo deficiencias que implican que los resultados no fortalecen al sector. No se fomenta que organizaciones sean autosostenibles", señaló Verduzco.
"No hay una única política de fomento, hay varias que no tienen congruencia", criticó, por su parte, Piña.
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