jueves, 5 de agosto de 2010

Periodistas hostigados

DiarioSanDiego.com

Actitudes

Finalmente los medios electrónicos de la ciudad de México se dieron cuenta de los enormes riesgos que corren los periodistas ante el avance del narcotráfico.
El secuestro de cuatro comunicadores y su posterior liberación, ocurrida la semana pasada en Gómez Palacio, Durango, desató una ola de condenas y reflexiones sobre este nuevo atentado en contra de la libertad de expresión.
Debido a que varios de los colegas plagiados pertenecían a televisoras nacionales, la repercusión fue extensa y ruidosa lo que alienta esperanzas para que autoridades, sociedad y medios, tomen las acciones necesarias para enfrentar el oleaje de la violencia y la impunidad.
Hace por lo menos veinte años que los periodistas mexicanos comenzaron a sufrir el acoso de las mafias del narcotráfico, en contubernio con grupos políticos y policiacos.
Seguramente recordará usted los casos del periodista Héctor “el Gato” Félix, asesinado en Tijuana en abril de 1988, y el del doctor Víctor Manuel Oropeza, quien fue apuñalado en julio de 1991 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ambos eran columnistas activos y críticos.
De ahí en adelante la racha de crímenes contra comunicadores se ha intensificado, en los últimos diez años son más de 50 los periodistas muertos o desaparecidos lo que coloca a México como el país de más alto riesgo en el continente americano.
La mayoría de los casos ocurren en zonas con intensa actividad del narco como Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Pero en los últimos meses se sumaron Durango y Coahuila, en donde las bandas del crimen organizado libran feroces batallas por el control de las plazas, especialmente en la región de La Laguna.
Entre los atentados más sonados destacan el crimen del director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Roberto Mora García, asesinado en marzo del 2004; así como la ejecución de Benjamín Flores, director de La Prensa de San Luis Río Colorado, realizada en julio de 1997.
Meses después, en noviembre, el director de Zeta, Jesús Blancornelas, sufrió en Tijuana un salvaje atentado del cual salió milagrosamente con vida. Años más tarde, en junio del 2004, su compañero editor Francisco Ortiz Franco, fue asesinado en pleno centro de la ciudad.
Vendrían después otros crímenes y desapariciones como la de Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial de Hermosillo, cuyo paradero se desconoce desde abril del 2005 así como el homicidio del director editorial del El Mañana, Roberto Mora García.
Son además decenas de medios los que han sufrido ataques violentos a sus instalaciones, incluyendo el uso de bombas y armas de alto poder. En la provincia mexicana son cientos por no decir que miles los periodistas que día tras día se levantan para iniciar su jornada laboral bajo el riesgo de sufrir un atentado, una amenaza o una extorsión por parte de los grupos criminales.
A diferencia de la ciudad de México, los comunicadores de la provincia mexicano no cuentan con recursos para contratar guardaespaldas y mucho menos para adquirir un vehículo blindado. Son escasos los medios que pueden apoyar a sus reporteros en el tema de seguridad.
Da gusto saber que este reciente secuestro de comunicadores se resolvió sin sangre, pero además que sirvió para concientizar a los colegas capitalinos sobre esta gravísima situación que mantiene en jaque al periodismo mexicano en las últimas décadas.
En Colombia la unión de la prensa fue factor decisivo para detener los atentados contra los comunicadores y para frenar a los entonces poderosos cárteles del narcotráfico.
En México son demasiadas muertes y ataques contra la libertad de expresión, y lamentablemente ni gobierno federal ni sectores capitalinos se habían dado cuenta de la magnitud del problema.
El presidente Felipe Calderón ignoró recientemente a una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa que visitó la ciudad de México y Durango para investigar los atentados contra periodistas y lo mismo ocurre en las cámaras de diputados y senadores con la reiterada demanda de ‘federalizar’ los atentados contra los medios de comunicación.
Esperemos que el incidente de La Laguna haga entender a los capitalinos que sin garantías para ejercer el periodismo, México seguirá sumido en la incertidumbre, el terror y la inmovilidad.

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