Raúl Trejo DelarbreSaldrá peor el remedio que la enfermedad. En las áreas del gobierno federal relacionadas con las telecomunicaciones existe la convicción de que es preciso atajar la influencia de Telmex. Para lograrlo, quieren fortalecer a un operador de esos servicios que sea capaz de competir con la corporación de Carlos Slim. Pero el candidato que han elegido para enfrentársele a Telmex es un consorcio tan o más abusivo y prepotente que el que hasta ahora domina en los servicios de telefonía en este país. Se trata de Televisa.
El gobierno del presidente Felipe Calderón ha desplegado esa decisión para fortalecer a Televisa, en detrimento de Telmex, por varios frentes.
Desde hace un par de años la Comisión Federal de Competencia que preside Eduardo Pérez Mota decidió limitar el crecimiento de las empresas telefónicas de Slim y favorecer, en cambio, al consorcio de Emilio Azcárraga Jean.
En los últimos dos años Televisa ha experimentado un crecimiento muy considerable en la industria de la televisión por cable. Ese, que era terreno en el que abundaban los operadores independientes, ahora se encuentra acaparado por Televisa. La Cofeco, lejos de limitar esa expansión monopólica, la ha permitido e incluso alentado. Las empresas de cable, además de televisión ofrecen servicios de Internet y telefonía. Pero, al mismo tiempo, a Telmex el gobierno federal no le permite ofrecer servicio de televisión a través del cableado telefónico que tiene en todo el país.
El propósito de la administración actual para auspiciar la consolidación de Televisa como operador telefónico ha sido apuntalado con dos escandalosas medidas. En junio pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les adjudicó a un grupo conformado por las empresas Televisa, Telefónica y Megacable la licitación para utilizar un par de los hilos de fibra óptica que corren con el cableado de la Comisión Federal de Electricidad en todo México. Esa infraestructura les permitirá a Televisa y a sus socios ofrecer servicios de banda ancha. La SCT pudo haber establecido condiciones para que los ganadores de esa licitación estuvieran comprometidos a ofrecer servicios de mayor calidad que la actual, y tarifas menores. Sin embargo esa licitación se resolvió simplemente a partir de una subasta económica bastante peculiar porque el único postor que compitió con posibilidades de ganar era ese grupo empresarial. Las condiciones de esa licitación fueron preparadas por la SCT, que encabeza el secretario Juan Molinar Horcasitas, a modo de los intereses de Televisa y sus socios.
Lo mismo ha ocurrido con la licitación de varios segmentos del espectro radioeléctrico que serán utilizados para telefonía celular. La Comisión Federal de Competencia dispuso que ningún operador de esos servicios podría tener más de 80 Megahertz de espectro radioeléctrico en todo el país. Con esa medida, las empresas que actualmente ofrecen tales servicios quedaron imposibilitadas para competir por el segmento más grande que se puso a concurso en noviembre pasado y que es un segmento de 30 MHz en todo el país.
La licitación 21 de espectro radioeléctrico fue concebida y organizada para favorecer a Televisa y al socio con el cual emprende este negocio, la empresa Nextel. Entre fines de mayo y los últimos días de julio pasados, se realizó más de un centenar de rondas para la licitación de 90 MHz de espectro en las 9 regiones en las que está organizado el país para esos fines.
En un tramo de 30 MHz, en el que competían varias empresas, las posturas se fueron modificando a través de todo el concurso. Por ejemplo, dentro de ese paquete, por un segmento de 10 MHz en la Región 9 inicialmente se presentó una postura de 27.6 millones de pesos y al final el ganador accedió a pagar 1363 millones de pesos.
En cambio, en otro tramo de 30 MHz que fue subastado en paquete solamente se presentó un competidor. La postura inicial de Televisa y Nextel por ese tramo fue de 180 millones 300 mil pesos. La postura que resultó ganadora fue precisamente esa.
Al final de la Licitación 21, los grupos Telefónica y Telcel presentaron, por distintos segmentos que suman 30 MHz de alcance nacional, ofertas por un total de 5068 millones de pesos.
El otro tramo de 30 MHz, en donde solamente compitieron Televisa y Nextel, tuvo la ya señalada oferta final de 180.3 millones de pesos.
En otras palabras, Televisa y Nextel pagarían una cantidad 28 veces menor a la que pagarían otras empresas por fracciones idénticas de espectro radioeléctrico.
Se trata de un obsequio, impúdico pero también ilegal, que el gobierno federal le haría a la empresa de Azcárraga Jean y a sus socios en Nextel. Si el uso de ese tramo de 30 MHz fuera adjudicado de acuerdo con el precio que ha establecido el mercado, Televisa y Nextel tendrían que pagar 5068 y no 180 millones de pesos.
Ese negocio todavía puede ser interrumpido. La Ley Federal de Telecomunicaciones le otorga a la Cofetel la capacidad de declarar desierto el concurso. Esa decisión también tendría respaldo en la Constitución.
Si la Cofetel declarase desierta esa licitación, podría organizar una nueva sobre bases distintas, diseñadas ya no para beneficiar a una empresa sino con reglas apuntaladas en el interés de la sociedad.
La intención de combatir a los monopolios es plausible, pero se convierte en una farsa si no toma en cuenta todo el espectro radioeléctrico que administra cada consorcio. Actualmente Telcel, la empresa de Telmex para telefonía celular, tiene algo más de 50 Megahertz de alcance nacional.
Datos de la Cofetel indican que, antes de la subasta ahora en cuestión, Televisa maneja, para sus señales de televisión, segmentos de espectro radioeléctrico que suman 124 MHz de alcance nacional.
Si van a combatir a los monopolios en las telecomunicaciones, que lo hagan en serio. El consorcio que más acapara ese recurso de la nación que es el espectro radioeléctrico no tiene por qué recibir más espacio. Y mucho menos al precio de ganga que le ofrece el gobierno federal.
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