El Presidente de la República ha dicho una verdad a medias. El 9 de agosto anunció la eliminación de 12,234 normas que inhiben la tarea de gobierno, sin embargo, ocultó dos factores ineludibles: la corrupción que domina en la burocracia y que esta tala podría impactar al sector privado y, finalmente, a los consumidores.
De acuerdo con el discurso oficial, la puesta en marcha de esta tala administrativa tiene que ver con la actualización (y en su caso eliminación) de un universo de 34,457 normas vigentes en el país. Así, como primer paso, se derogaron normas administrativas que carecían de una intencionalidad clara –y que impactan en trámites para adquisiciones, auditorías, obra pública, recursos financieros–, y se sustituyeron por nueve manuales de operación.
Sin embargo, después de la parafernalia del anuncio, los expertos en la materia celebran la eliminación de ciertas normas que simplifican la administración pública, pero advierten que esto no será garantía de que desaparezca el entramado de corrupción que hay en ciertas carteras que tienen contacto con la ciudadanía y, al mismo tiempo, presumen que este es el primer paso para desmantelar la política referente a las normas de calidad mexicanas, en perjuicio de industriales y consumidores.
Así, uno de los focos de alerta está en la previsible eliminación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX), para homologarlas con las normas de EU y Canadá, una medida que se cocina en la Secretaría de Economía (SE).
Al respecto, Francisco Reed Martín del Campo, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), sostiene: “Con estas acciones, impulsadas a través de la SE, se confunde peligrosamente la eliminación de trámites inútiles con el cumplimiento de reglamentos”.
Por su parte, Gerardo Hernández Garza, presidente del Consejo Mexicano de Normalización (Comenor), comenta que buena parte del sector privado desconoce cuáles son las normas eliminadas, y considera que lo que se necesita es un examen minucioso que detecte los hoyos –que pudieran derivar en trampas– que detienen la generación de empresas y la solución de varios trámites del comercio.
Sin embargo, técnicamente, dicen los expertos, la tala regulatoria que anunció el Presidente no puede ejecutarse a través de un decreto, pues están involucradas leyes como las de Adquisiciones, Obras Públicas, Federal de Metrología y Normalización, cuyos eventuales cambios tiene tienen que pasar por el Poder Legislativo. En ese sentido, los especialistas consideran que el gobierno se está arriesgando a la publicación de esta medida en el Diario Oficial de la Federación, sin tomar en cuenta a los sectores involucrados y las consecuencias legales que pudiera traer consigo.
Por lo pronto, en la iniciativa privada ya están prendidos los focos rojos. Por ejemplo, uno de los sectores que podrían ser severamente impactados con la probable homologación de normas entre México y EU sería el de los laboratorios que emplean a 5,000 personas y que verifica la seguridad y el funcionamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos que ingresan al país.
De igual manera, los estudiosos en la materia critican el discurso oficial que pregona una supuesta baja en el costo de los trámites administrativos en la administración pública federal y en los productos. Jorge Amaya, director técnico de la Asociación de Normalización y Certificación (Ance), dice: “La verificación representa apenas 0.001% del precio total de los productos”.
En otras palabras, la apuesta calderonista podría reducir el costo operativo en la burocracia, lo que no significaría un ahorro tangible para el sector privado y la ciudadanía en general.
Como sea, la idea del gobierno es que la eliminación del resto de las normas sea un hecho, a más tardar, el 10 de septiembre.
LLAMADO DE ALERTA
La IP se mantiene en alerta ante el siguiente paso en torno de la eliminación de normas en México, que se sostiene bajo el argumento de acelerar el comercio en América del Norte.
Gerardo Garza, presidente de Comenor, llama a no perder la importancia de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas pues su objetivo es salvaguardar la salud de los ciudadanos y los recursos ambientales. Por ello advierte: “En el caso de que esto no fuera verificado en el punto de entrada al país, le causaría un problema muy serio a la Profeco porque no tendría la capacidad para verificar en todos los puntos de venta. En todo caso, se le tendrían que otorgar más recursos para poder cumplir con esta función”.
De acuerdo con las posturas emitidas por los expertos, la clave para hacer más eficiente el comercio exterior no es necesariamente a través de la eliminación de normas, sino mediante la armonización de las leyes mexicanas con los estándares internacionales.
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