MÉXICO, 25 de agosto, 2010.- Ante la falta de un pronunciamiento financiero real de la nueva controladora de Grupo Mexicana de Aviación (formalmente Nuevo Grupo Aeronáutico, NGA), amparado por el silencio del Gobierno Federal, que es el encargado de la administración de los bienes del Estado, expertos en la materia consideran que la recuperación de la mayor controladora de aerolíneas en México es un rescate encubierto que hará el Poder Ejecutivo para maquillar sus deficiencias en materia de aeronáutica civil.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), prácticamente se ha mantenido al margen de sus obligaciones en el caso de Compañía Mexicana de Aviación y públicamente no ha hecho pronunciamiento alguno.
“La autoridad (SCT), por ser una concesión federal para explotar una vía general de comunicación, debió salir y hacer un pronunciamiento”, comenta Sergio Ruiz, director general de la consultoría especializada Centro de Transporte y Logística, en breve entrevista telefónica. Las palabras del experto se derivan de las atribuciones que delega el Poder Ejecutivo en la SCT a través de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La suspicacia no es gratuita, incluso para algunos, el Gobierno Federal aplica diferentes criterios legales para las mismas empresas del sector, ya que para firmas como Aviacsa, bastó la sospecha de problemas financieros para retirar indefinidamente su licencia para volar, mientras que en el caso de CMA a pesar de las autoridades de Estados Unidos y Canadá inmovilizaron aviones desde el 29 de julio, hasta el momento no hay pronunciamiento.
El Semanario Agencia (ESA) busca a funcionarios de comunicación de la SCT; sin embargo, no se ha tenido respuesta. Un directivo de una de las diversas áreas de la Secretaría que encabeza Juan Molinar Horcasitas, dijo que por órdenes de Humberto Treviño Landois, subsecretario de Transporte, “no se debe proporcionar ninguna información sobre Mexicana”. Todo esto derivado de que el Gobierno Federal, a través del banco de desarrollo Bancomext, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), sería el mayor acreedor con más de 2,100 millones de pesos (unos 160 millones de dólares), cifra similar a la que pagó Posadas en 2005 por todo Grupo Mexicana cuando se privatizó.
Extraoficialmente se dice que los pasivos totales de CMA suman 17,900 millones de pesos (unos 1,370 millones de dólares al tipo de cambio de hoy). Incluso otro alto funcionario directamente relacionado con el proceso por el que atraviesa la aerolínea comentó: “la operación pinta a un rescate encubierto. Ni (Felipe) Calderón que es el presidente de la República conoce a los inversionistas de Tenedora K”.
Ayer, Calderón en entrevista con el periodista Óscar Mario Beteta, dijo desconocer a los nuevos inversionistas. Para que “Mexicana pueda volver a volar” se requiere, entre otros elementos, “mayor comprensión de los grupos acreedores (…) y también mayor comprensión de los inversionistas”.
Según especialistas en concursos mercantiles, en algunos casos la empresa con problemas de liquidez busca quitas o condonaciones de deuda de 50%; para el caso del crédito otorgado por Bancomext y las facturas de la turbosina de ASA, serían con cargo a los impuestos de los contribuyentes. Además, con la condonación de los derechos por el uso del espacio aéreo a Mexicana, se estaría motivando a otras aerolíneas a dejar de pagar.
El director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, Pablo Casas Lias, es claro en su pronunciamiento al señalar que el espacio aéreo mexicano es propiedad del Estado y de acuerdo a la Ley de Aviación Civil y su reglamento, y la Ley de Vías Generales de Comunicación, la SCT debe verificar la solvencia financiera de cualquier interesado en operar una concesión; esto en forma previa y no después de que la haya obtenido. Además, el interesado debe acreditar experiencia en el ramo, un plan de negocios y su respectivo programa de inversión, los cuales, hasta el momento, se desconocen.
Por ejemplo, esos requisitos que comenta el especialista, fueron listados por la propia Mexicana el 17 de mayo de este año cuando anunció que la SCT prorrogó 30 años la concesión de Mexicana Click (hasta el 2040), mismos que revisó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Sin embargo, como se dijo el año pasado, ante los problemas financieros de Aviacsa, la seguridad de los pasajeros estaba en riesgo y por ello se suspendió la operación. Hasta el momento públicamente se desconoce el monto que destinará el nuevo propietario de Grupo Mexicana.
El viernes pasado, en un comunicado de prensa, el administrador de fondos de inversión de capital privado, Advent International, fue claro: Tenedora K es vehículo que tiene el propósito de rescatar a Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link de la crítica situación financiera y operativa en que se encuentran.
Así, desde el viernes, Tenedora K tomó el control de las aerolíneas al mismo tiempo que la cadena hotelera Grupo Posadas, entre otros accionistas, cedieron las acciones a esa compañía. Entre los nuevos inversionistas están Advent y otras empresas (Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan), que quizá tengan la solvencia financiera, pero carecen de experiencia en la operación, al igual que Posadas.
Según Casas Lias, el hecho de que Posadas haya cedido el control de NGA, no la libera de la responsabilidad de la potencial quiebra de la controladora de líneas aéreas. La importancia de esa empresa radica en la generación de unos 8,000 empleos directos y unos 12,000 indirectos, además de que transporta al 40% de los pasajeros transportados (en vuelos nacionales e internacionales) por aerolíneas mexicanas.
“Posadas y sus (ex) accionistas quedarían limpios de cualquier prejuicio, si es que nadie los demanda, aunque se les pueden fincar responsabilidades penales como civiles. La demanda la pueden hacer los acreedores, llámese trabajadores, SAT, arrendadores de aviones o bancos”, dice el titular del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas.
Según el especialista jurídico en materia aeronáutica, Casas Lias, en el gobierno federal “están lavando a través de un juicio concursal un fraude maquinado”.
Desde el pasado 4 de agosto, un juez de la Ciudad de México aceptó a trámite la solicitud de CMA para acogerse al amparo de la Ley de Concursos Mercantiles (similar al Capítulo XI de la Ley de Quiebras de Estados Unidos) para reestructurar pasivos en forma ordenada (sin demandas judiciales) y con sus acreedores.
Algunos medios de comunicación informaron extraoficialmente que el Gobierno Federal habría pactado con Advent prorrogar la concesión para seguir explotando comercialmente los espacios comerciales de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Inmobiliaria Fumisa (propiedad de la administradora de fondos de inversión).
Para otros especialistas, el apoyo del Gobierno Federal a la controladora de CMA, Mexicana Click y Mexicana Link, se da en el marco del proceso político-electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2012, con el cual se buscarán sacrificar sólo a algunos de los 8,000 trabajadores de la controladora aérea y, con ello, agregar otra bandera política a los adversarios del partido en el poder. (El Semanario Agencia, ESA)
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